Opinión
En nombre de la libertad de expresión, estas personas han tenido tribuna para insistir en que la orientación sexual del ministro, en sí misma, atenta contra la Constitución. Es decir, han tenido libertad para expresar su rechazo y perturbación hacia la homosexualidad.
El Global Education Monitoring Report, publicado por UNESCO sobre inclusión escolar en América Latina el año 2020, alertó sobre la discriminación y violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes LGTBIQ+.
El texto es elocuente en graficar que, en Chile, por ejemplo, de cada cinco niños, al menos cuatro declaran ser víctimas de violencia escolar por su identidad sexual.
El mismo informe es claro en señalar que las políticas educativas de los países de la región deben avanzar en el reconocimiento a la diversidad sexual e insta a los actores políticos a legislar sobre la materia.
Al mismo tiempo, advierte que existen retrocesos preocupantes, como el caso de Brasil durante la presidencia de Bolsonaro, período en el que aumentó la homofobia y los discursos de odio por parte de políticos y funcionarios del Estado. En particular, se ha documentado extensamente el fortalecimiento de discursos sexistas y homofóbicos en esta última década por parte de la llamada “bancada evangélica” al interior del congreso brasileño.
Al respecto, el debate en torno a la acusación constitucional al ministro de Educación, Marco Ávila, que se lleva a cabo en el Congreso, tiene señales muy preocupantes.
Diputados y asesores que dicen representar intereses religiosos han mencionado públicamente, en distintas ocasiones, que la “condición” del ministro atenta contra la libertad de las familias a decidir la educación de sus hijos e hijas. En nombre de la libertad de expresión, estas personas han tenido tribuna para insistir en que la orientación sexual del ministro, en sí misma, atenta contra la Constitución. Es decir, han tenido libertad para expresar su rechazo y perturbación hacia la homosexualidad.
Tal como en el caso brasileño, la difusión de estos discursos intolerantes y homofóbicos trasciende los pasillos del Congreso, se expande por redes sociales y, siguiendo lo investigado por Unesco, termina legitimando acciones de hostigamiento hacia profesores y estudiantes en el sistema escolar.
Cualquier discurso discriminatorio que tenga lugar en el Congreso, tiene repercusiones en la vida social en su conjunto. Condenarlos y no otorgarles legitimidad pública, es una forma de colaborar, al menos en parte, con la vida de niños, niñas y adolescentes que sufren cotidianamente por la intolerancia hacia la diversidad sexual.
