Opinión
Este sábado 15 de julio, la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la prisión preventiva para el reconocido empresario Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador de la UDI Javier Macaya, acusado de abuso sexual de al menos 4 niñas. A cambio de una cuantiosa suma de dinero, se le otorgó la prisión preventiva domiciliaria.
¿Qué implicancia tiene que una cultura de impunidad sea parte del imaginario de un país? Chile es una larga y ancha herida que no llega a cicatrizar. Es difícil sanar cuando se acumulan injusticias y más aún cuando son estas y no la consagración de los derechos las que generan precedentes para el funcionamiento de nuestra sociedad.
De ello dan cuenta hechos tan atroces como la mal llamada “Pacificación de La Araucanía”, la “Matanza de la escuela Santa María de Iquique” y la dictadura cívico-militar de 1973, por mencionar algunos de los hitos traumáticos de nuestra historia, a los que podemos sumar las mutilaciones ocurridas durante el estallido social 18-O y los abusos sexuales de la Iglesia católica, entre tantas otras siniestras violencias.
Cuando varias generaciones son testigos de atropellos que permanecen impunes y de un sistema legal que oficia de manera diferenciada, dependiendo del origen social, económico y político de las personas, lo que emerge es la banalización de toda ética y moral frente a los delitos.
Este sábado 15 de julio, la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la prisión preventiva para el reconocido empresario Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador de la UDI Javier Macaya, acusado de abuso sexual de al menos 4 niñas. A cambio de una cuantiosa suma de dinero, se le otorgó la prisión preventiva domiciliaria. La justicia en Chile se reinstituye en un histórico social de arraigo clasista, racista y misógino, porque si bien esta revocación no conlleva la inocencia del imputado, sí opera como un recordatorio de que el poder es más valioso y efectivo que la rectitud y mucho más importante que el derecho a protección de las niñas abusadas.
Volviendo a la pregunta inicial, si la ley simboliza una forma de subjetivación que pone límites al ejercicio omnipotente de un goce que no reconoce a la otra persona como ser equivalente en su humanidad, condición necesaria básica para una ética del cuidado en el lazo social. Si como señala Lacan: “Una civilización cuyos ideales sean cada vez más utilitarios, comprometida como está en el movimiento acelerado de la producción, ya no puede conocer nada de la significación expiatoria del castigo”; no hay culpa, así como no hay indignación frente a la injusticia. La impunidad, que destituye la culpa a nivel simbólico, abre el camino para las “pedagogías de la crueldad”, afirma Rita Segato, las que promoverán la repetición de la violencia, la normalización de la crueldad y bajos umbrales de empatía en la gente.
En el actual momento histórico, mientras los mismos de antes escriben una nueva Constitución, reaparecen con fuerza los discursos de odio hacia las comunidades LGTBIQA+, se presentan propuestas regresivas en torno a los derechos adquiridos para las mujeres, como la ley de aborto en tres causales y se multiplican los discursos negacionistas en un año clave en el que se conmemoran los 50 años del golpe de Estado.
Entre las recientes iniciativas populares presentadas para el Consejo Constitucional, consagrar los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) fue de las últimas en alcanzar las 10.000 firmas que se requerían para tener la posibilidad de ser consideradas por el grupo de convencionales conformado en su mayoría, paradójicamente, por quienes se niegan a dejar atrás la Constitución pinochetista. En cambio, la primera de las iniciativas llamadas “populares”, en reunir firmas, nuevamente fue “Con mi plata no”. Solo unos meses antes, la comisión de “expertos” encargada de redactar los pilares básicos del anteproyecto constitucional, entre cuyos integrantes se encuentra Hernán Larraín, defensor público del pedófilo Paul Schäfer y de Colonia Dignidad y ministro de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno pasado, omitía gravemente a NNA de su interés, reduciendo su existencia exclusivamente al ámbito de los derechos parentales. Fueron diversas organizaciones las que debieron insistir para al menos visibilizar la importancia de ser considerados como sujetos de derechos en la nueva propuesta constitucional.
Ellas, las organizaciones sociales, son el último bastión que lucha y resiste los embates de esta civilización de ideales utilitarios que describió Lacan, nos muestran que es la organización de las personas, la participación ciudadana y la formación en aquellos temas históricamente manejados por “expertos”, el único camino que, a modo de pequeño resquicio, permite albergar esperanzas de justicia.
Para que nunca más prime el poder de unos pocos por encima del cuidado y resguardo de los derechos de quienes no lo ostentan, debemos recuperar y resignificar la capacidad movilizadora de la indignación.
