Las normas europeas y el comercio de América Latina

Las prolongadas negociaciones comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea están hoy en día estancadas por la pretensión europea de imponer normas de carácter medioambiental que deberían ser cumplidas por los productores y exportadores del Mercosur para efectos de que sus productos puedan ingresar al mercado de la UE. Esas normas están encaminadas a prohibir o sancionar los procesos de deforestación, de talas ilegales o de utilización de tierras degradadas, que se lleven adelante en los países que pretendan colocar sus productos en el mercado europeo. Los productos afectos a esta posible normativa son el aceite de palma, el cacao, el café, el caucho, el ganado, la madera, la soja y los derivados de cada uno de estos productos, lo cual implica que también quedan afectados y sujetos a investigación y a sanción productos tales como los artículos de cuero, el papel impreso, los muebles, los cosméticos y el chocolate.

Es evidente que la imposición unilateral de una normativa de esa naturaleza atenta muy directamente contra las exportaciones de Brasil, de Argentina y de muchos otros países en desarrollo, en la medida que mucha de su producción podría en el corto plazo ser objeto de investigaciones o de sanciones en el mercado europeo. Eso sería ya razón suficiente como para que se levantaran voces en muchos países en desarrollo, particularmente de América Latina, solidarizándose con los países del Mercosur y expresando sus críticas a la mencionada normativa europea.

Pero dicha normativa no está solo encaminada a limitar las exportaciones a Europa de los productos provenientes de algunos países que hoy en día están interesados en firmar un tratado comercial con la UE. Esa normativa amenaza peligrosamente todo el orden comercial contemporáneo. Si se aceptara que los países en desarrollo pueden decidir sobre las normas medioambientales que deben ser respetadas por los países en desarrollo, se dejarían las puertas abiertas como para que mañana se establecieran normas de obligatorio cumplimiento sobre cómo producir cobre, o sobre la cantidad de agua que se debe consumir en ese proceso productivo, o sobre el origen de esas aguas, o sobre el tratamiento de residuos, o se establecieran normas medioambientales que deban ser respetadas en la producción de frutas, estableciendo dictámenes sobre las cantidades y los orígenes de las aguas y sobre la cantidad de fertilizantes; o se podría limitar la comercialización de salmones o de otros productos del mar por la vía de imponer normas sobre el cuidado del ecosistema marino. También podrían imponer normas sobre cómo conservar los salares en la producción de litio.

El poder que se otorgaría con estas iniciativas a los grandes países consumidores podría dar origen a toda una reformulación unilateral de los flujos del comercio internacional contemporáneo, de los actores que podrían participar en él y de las tecnologías que se puedan utilizar. Se impondrían sanciones que inicialmente tengan validez dentro de espacios nacionales o regionales muy determinados, pero que podrían perfectamente dar origen a normas de validez universal, en la medida que varios países o grupos de países se acojan a las mismas normas.

La respuesta frente a toda esta peligrosa situación no puede ser reivindicar el derecho de cada país a destruir la naturaleza como se le dé la gana. Pero hay que mantener el criterio de que el desarrollo sustentable implica no solo el cuidado del medio ambiente, sino también el análisis y el cuidado de sus efectos sociales y económicos. Además, la lucha por la preservación y el cuidado del medio ambiente no puede caminar por la vía de que cada uno haga recaer en los otros el peso de las medidas correspondientes, máxime cuando la situación ecológica del planeta es consecuencia, en gran medida, del accionar tecnológico, depredador y contaminante de los propios países desarrollados.

Aun cuando sea lento y pedregoso, el camino para salvar el planeta sigue siendo la negociación y los acuerdos de carácter multilateral, en cuya decisión, implementación y financiamiento participen y aporten todos los países de la comunidad internacional contemporánea.