Opinión
Tanto las instituciones administradas por Organismos Colaboradores como las que dependen directamente de Mejor Niñez, al ser parte de un sistema de protección especializada, deben asumir que trabajarán con una población altamente vulnerada.
En las últimas semanas hemos visto recurrentemente en los medios de comunicación los problemas que se encuentran enfrentando las residencias administradas directamente por Mejor Niñez o que pertenecen a Organismos Colaboradores Acreditados que reciben niños, niñas y adolescentes (NNA) gravemente vulnerados en sus derechos. Desde algunas de estas instituciones se han manifestado sobrepasados. Sin embargo, una de las premisas que hay que tener en cuenta es que los NNA que se encuentran bajo el cuidado del Estado, han llegado a estas instituciones porque han sido gravemente vulnerados en sus derechos, ya sea en la esfera sexual, maltrato físico o negligencias graves, en su mayoría cometidos por alguno de sus cuidadores principales. Diversos estudios dan cuenta del nivel de daño que estos eventos traumáticos van generando en su proceso de desarrollo (Pinheiro, 2006).
Por lo tanto, el punto de partida de toda intervención con NNA en el sistema de cuidado alternativo residencial es que se trabaja con una población que posee graves experiencias de vulneración y traumas. Estas experiencias pueden generar diversas reacciones psíquicas y conductuales, tales como comportamientos disruptivos, aislamiento, alteraciones del sueño, dificultades de memoria y aprendizaje, dificultades en el manejo de la impulsividad y la rabia, desregulación emocional, entre otras (Hanson et al., 2016; James, 2011; Marion & Mann-Feder, 2020).
Mirar estas experiencias traumáticas permite entender de mejor manera que sus conductas y actitudes son una manifestación de una adversidad pasada, lo que nos permite cambiar las preguntas de un ¿qué te pasa?, a un ¿qué te pasó? (CJS UC, 2023). A lo anterior se suma que muchos de los NNA que se encuentran en residencias llevan varios años de institucionalización, presentan un consumo problemático de drogas, y problemas de salud mental, entre otros (Ainsworth & Hansen, 2018; ECARO UNICEF, 2021; Giraldi et al., 2022; James, 2011; Working Group on Children without Parental Care, 2013).
Tanto las instituciones administradas por Organismos Colaboradores como las que dependen directamente de Mejor Niñez, al ser parte de un sistema de protección especializada, deben asumir que trabajarán con una población altamente vulnerada. Ser parte de este sistema debe suponer una comprensión integral del impacto del trauma, enfatizando la seguridad física, emocional y psicológica tanto de los afectados como de los interventores (Vitriol et al., 2020). Esto demanda contar con equipos más especializados, un acompañamiento constante a las distintas residencias, mejores herramientas técnicas y un trabajo intersectorial mucho más intenso y eficaz. Lo anterior implica, por supuesto, un desafío importante para el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y sus Organismos Colaboradores. Lo que no podemos hacer es dejar abandonada a esta población por no contar con la especialización y coordinación intersectorial requerida cuando se instala un nuevo paradigma de protección.
