Opinión
Estudiantes con discapacidad existen en todos los niveles socioeconómicos, existen en zonas urbanas y rurales, existen en todas las comunas y regiones del país. ¿Es razonable, entonces, que los esfuerzos por una educación inclusiva sean voluntarios y hoy los realice solo una fracción de las comunidades educativas?
El hecho de que la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputados aprobara recientemente por unanimidad la iniciativa que sube en un 2% la cuota de contratación de personas con discapacidad (PcD), podría ser una buena noticia, si se cumpliera.
Ello porque, si bien su objetivo es reforzar la inclusión laboral, tanto en el sector público como privado de empresas con más de 100 trabajadores, la actual cuota laboral de la Ley de Inclusión Laboral, que obliga a estas entidades a reservar el 1% de la dotación para personas con discapacidad, apenas se cumple.
Nuestra actual Ley de Inclusión Laboral comenzó a operar el año 2018, y desde entonces hemos sido testigos de un positivo aumento de la temática en el debate nacional, sin embargo, en los hechos la aguja en las contrataciones de PcD se ha movido solo modestamente.
Hay algunas explicaciones para eso que entregó una investigación solicitada por Pacto de Productividad Chile en alianza con J-PAL LAC de la Pontificia Universidad Católica de Chile, al evaluar el impacto de la Ley de Inclusión Laboral.
El estudio reveló que la Ley de Inclusión Laboral efectivamente ha aumentado el porcentaje de personas con discapacidad en las empresas. Sin embargo, esto no es producto de nuevas contrataciones, sino que de la recalificación y retención de trabajadores con discapacidad ya presentes en las empresas en estos años.
Las obligaciones legislativas de inclusión laboral para PcD son un tremendo aporte, pues visibilizan y dan preponderancia al tema. Sin embargo, si esto no es visto con una mirada de largo plazo, será inoficioso, puesto que seguiremos con una gran mayoría de trabajadores reetiquetados y no estará ingresando a la fuerza laboral el nuevo talento.
En concreto, ni la mediana empresa ni el Estado han registrado avances en la inclusión laboral de personas con discapacidad y, aun cuando la gran empresa ha mostrado tener capacidades para enfrentar el desafío y movilizar esfuerzos para atenderlo, es muy frecuente escuchar que no encuentran PcD con experiencia y/o formación adecuada a las necesidades de sus cargos.
Ello se debe a que más de la mitad de las personas con discapacidad no cuenta con enseñanza media completa (50,1%), casi 22 puntos más que la población sin discapacidad (28,4%), según las cifras entregadas por ENDIDE 2022.
En este escenario, entonces, ¿no será necesario enfrentar estas causas antes de aumentar la cuota? A nuestro entender es necesario y queremos poner el foco en la importancia de abordar la necesidad de avanzar hacia un sistema de educación inclusivo como condición necesaria para que posteriormente PcD accedan con equidad al mercado del trabajo.
A más de 10 años del inicio del Programa de Inclusión Escolar (PIE), menos del 60% de los establecimientos públicos y solo un poco más del 30% de los particulares subvencionados han adherido a la más importante, de provisión de apoyos para estudiantes con discapacidad y otras condiciones en contextos escolares.
Estudiantes con discapacidad existen en todos los niveles socioeconómicos, existen en zonas urbanas y rurales, existen en todas las comunas y regiones del país. ¿Es razonable, entonces, que los esfuerzos por una educación inclusiva sean voluntarios y hoy los realice solo una fracción de las comunidades educativas? Por supuesto que no, y el hecho de no corregir esta anomalía implicará que el aumento de la cuota seguirá significando una declaración de deseos, pero no mejores oportunidades reales para las personas con discapacidad.
