Opinión
Aunque la presentación del pacto ha sido menos detallada en comparación con iniciativas anteriores, como las de los presidentes Bachelet y Piñera, destaca el reconocimiento explícito al crecimiento económico y a la eficiencia del gasto público.
El Presidente Gabriel Boric ha dado a conocer el Pacto Fiscal para el Desarrollo, que tiene como objetivo recaudar 8.000 millones de dólares, equivalentes al 2,7% del PIB en régimen. Estos recursos se destinarán principalmente al incremento del gasto público, abarcando áreas como pensiones, protección social, seguridad ciudadana y salud. La recaudación se espera obtener mediante un 1,5% del PIB proveniente de la fiscalización de obligaciones tributarias y el resto a través de la reforma del impuesto a la renta y los dividendos de eficiencia y crecimiento.
El pacto fiscal está compuesto por seis componentes que incluyen: Principios para un sistema tributario moderno; Necesidades y prioridades de gasto; Compromisos de reforma para fortalecer la transparencia, eficiencia, y calidad de servicio en el Estado; Impulso al crecimiento a través de la inversión, productividad y formalización; Fiscalización del cumplimiento de obligaciones tributarias y reformas del Impuesto a la Renta; y mecanismos institucionales para el seguimiento y evaluación del pacto.
Aunque la presentación del pacto ha sido menos detallada en comparación con iniciativas anteriores, como las de los presidentes Bachelet y Piñera, destaca el reconocimiento explícito al crecimiento económico y a la eficiencia del gasto público. Se enfoca en aspectos estructurales y no solo en la recaudación, reconociendo que el crecimiento económico puede aumentar los ingresos fiscales y debe ser fomentado.
El pacto también pone énfasis en la innovación y el emprendimiento como motores del crecimiento. Se mencionan medidas como el monotributo y la ruta del emprendimiento, que buscan favorecer a los pequeños contribuyentes y permitir un crecimiento progresivo de las empresas sin obligaciones tributarias bruscas.
Además, se mencionan medidas que podrían implementarse sin necesidad de un pacto, como fiscalización y control de conductas que ya son fiscalizables, o modernización del Estado. Es importante asegurar una correcta aplicación de estas medidas antes de solicitar mayores recursos o atribuciones para evitar abusos y arbitrariedades.
Sin embargo, se critica que los comités técnicos del pacto solo consideren a economistas y dejen fuera a otros actores relevantes en la materia, como el Servicio de Impuestos Internos, la Defensoría Nacional del Contribuyente y el Colegio de Contadores, entre otros.
Se estima que el proyecto de reforma de impuesto a la renta será preparado entre octubre y diciembre de 2023 y presentado al Congreso Nacional entre marzo y mayo de 2024. Sin embargo, considerando los plazos de discusión de reformas anteriores, es posible que la reforma no sea aprobada y aplicada sino hasta 2025, lo que limitaría el tiempo para implementar políticas basadas en sus resultados durante este gobierno.
