Opinión
Desde los feminismos, apelamos a una vida habitable, que permita el ejercicio libre de nuestros derechos, dirigiéndonos hacia el reconocimiento de la diversidad, pluralidad e igualdad en el ejercicio de derechos. En este contexto, preguntarnos por una vida habitable, también implica concebir que la muerte es parte de la vida, y que la dignidad en que debería sustentarse debería estar plasmada en proyectos personales y colectivos donde prime la posibilidad del ejercicio de las autonomías.
En los últimos años en nuestro país hemos sido testigos(as) de los debates legislativos en torno al aborto y a la eutanasia. Por una parte, después de 28 años de prohibición del aborto, en 2017 se promulgó la ley de interrupción voluntaria del embarazo -IVE- en tres causales, que si bien constituye un avance para los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes, persisten barreras para su implementación (tales como la “objeción de conciencia institucional”). En esta dirección, el año 2021 se debatió un proyecto de despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, siendo rechazado por sectores políticos conservadores y de derecha del país, al mismo tiempo de constatar que entre septiembre del 2017 y octubre del 2021 han ingresado a Fiscalía Nacional un total de 562 causas, de las cuales 148 están vigentes.
Por otra parte, el año 2012 entra en vigencia la Ley Nº 20.584 de “Derechos y Deberes de los Pacientes”, estableciendo que “toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud (…)”, aclarando que la “limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico” no contempla la aceleración artificial de la muerte o las prácticas eutanásicas. Asimismo el Código Penal de nuestro país establece que “el que con conocimiento de causa prestare auxilio a otro para que se suicide, sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo, si se efectúa la muerte”. Cabe destacar que en la actualidad se encuentra en debate legislativo el proyecto de ley que aprueba la eutanasia en nuestro país bajo determinadas condiciones específicas.
Frente a este panorama ¿por qué preguntarnos sobre aborto y eutanasia de manera integrada y como demandas feministas?
En los países occidentales, si bien existen casos de legislaciones vigentes en torno a la eutanasia y/o suicidio asistido, siendo Colombia el único país latinoamericano que sostiene legislación de eutanasia, se plasman miradas y prácticas neocoloniales modernas, capitalistas, capacitistas y patriarcales donde la comprensión de la voluntad y la autonomía son posibilidades casi exclusivas del individuo en solitario (muy lejana a una autonomía relacional y encarnada como propuesta de los feminismos comunitarios), desarrollándose en contextos culturales, simbólicos y prácticos, en que la vida y la muerte son concebidas de manera binarizada y separadas, estando siempre la primera sobre la segunda (ya sea por temor hacia lo desconocido y su consecuente invisibilización, o por la construcción del imaginario de inmortalidad y de utilidad corporal en base a la hiperproducción). Asimismo, la muerte se asocia a la soledad de contextos sanitarios, medicalizados y angustiosos. De aquello que no se habla pero que constituye la única certeza de nuestra existencia.
Abogamos justamente a una segunda lectura de la vida y de la muerte, a un lectura que las contempla como parte de un mismo proceso donde el buen vivir también depende de la muerte digna y del respeto a la autonomía de las mujeres y de las personas en general respecto de la vida y sus devenires, siempre que dicha autonomía no se la conciba solo de manera individual y atomizada, sino que también se encuentre vinculada a una ética de los cuidados y al establecimiento y consideración de los vínculos y de la corporalidad para su ejercicio colectivo.
Desde los feminismos, apelamos a una vida habitable, que permita el ejercicio libre de nuestros derechos, dirigiéndonos hacia el reconocimiento de la diversidad, pluralidad e igualdad en el ejercicio de derechos. En este contexto, preguntarnos por una vida habitable, también implica concebir que la muerte es parte de la vida, y que la dignidad en que debería sustentarse debería estar plasmada en proyectos personales y colectivos donde prime la posibilidad del ejercicio de las autonomías.
Así, avanzar hacia nuestros derechos en torno al aborto y a la eutanasia, implica preguntarnos por ese mundo habitable en que queremos vivir, el cual no solo se sustenta en la mejora de las condiciones económicas, sino también en el ejercicio de nuestros proyectos personales, que pueden estar condicionados por el aborto o por la decisión de la eutanasia o suicidio asistido.
