Opinión
Más allá de la resolución del Tribunal Constitucional sobre este tema, nuestro llamado es a que toda la sociedad, las fuerzas políticas y sus representantes se tomen muy en serio el tema de la desinformación.
Suena paradójico: la lucha contra la desinformación terminó sentada en el banquillo de los acusados. Literalmente, como lo prueba la presentación hecha a partir de un voto de mayoría de los senadores ante el Tribunal Constitucional –que finalmente fue rechazada–, asegurando que la Comisión Asesora Contra la Desinformación sería inconstitucional. En oídos sordos cayeron los porfiados hechos: que es una instancia que no puede decidir políticas públicas, que su trabajo no se enfocará en los medios de comunicación y que, en la práctica, es una más de las numerosas comisiones que los gobiernos han creado para asesorarse ante temas urgentes e hitos que deben ser abordados.
En un segundo plano quedó el mensaje. Con este clima, sería impensable, por ejemplo, que se diera un debate sobre si debiéramos como país crear una institucionalidad permanente encargada de analizar posibles amenazas vinculadas con campañas de desinformación, detectar sus patrones y denunciar sus autores. Esto ocurrió nada menos que en Suecia –país al que nadie acusaría de intentar controlar a los medios y la libertad de expresión–, donde el año pasado se creó la Agencia de Defensa Psicológica, a cargo del Ministerio de Defensa, y cuya misión fue delineada como central y prioritaria para mantener la salud de la democracia y detener potenciales interferencias externas desestabilizadoras.
Los actores varían y los incentivos pueden ser distintos, pero la preocupación es general. El mes pasado, un análisis publicado en la revista Science y hecho a partir de datos de más de 200 millones de cuentas de Facebook en Estados Unidos, concluyó que la desinformación circulaba e impactaba más entre aquellos usuarios que se identificaban políticamente como conservadores. La Unión Europea ha definido este tema como una de sus prioridades, e incluso en África existen sospechas de interferencia foránea en crisis internas, principalmente a través de mensajes que circulan por las redes sociales.
Considerando nuestra alta tasa de penetración de internet, es evidente que Chile no es una isla respecto de este fenómeno mundial. De ahí la importancia de establecer una conversación como Estado para ver qué acciones y herramientas podemos usar para combatir la desinformación, estableciendo criterios y un consenso social que permita validar dichas acciones más allá de cualquier mirada política o ideológica.
Como un ejemplo, en Suecia el límite de acción de la nueva agencia fue establecer que su objetivo sería analizar y combatir potenciales interferencias desde el extranjero que buscaran generar campañas de desinformación, sin intervenir en el debate local. Esto, a partir de un acuerdo político para que la institución sea transversalmente respaldada y no esté bajo sospecha de intereses del gobierno de turno.
En el caso de la Comisión Asesora Contra la Desinformación, que yo integro, su rol es mucho más acotado, dado que no tiene el poder para establecer políticas públicas: lo que buscamos es proponer lineamientos sobre el concepto de desinformación, un primer análisis del escenario en Chile y la región y recomendaciones que quedarán en manos del Gobierno y el Congreso para su discusión y eventual implementación.
Pero lo lamentable es que la instalación de esta instancia ha dado pie a una pugna política donde, en vez de discutir cómo enfrentamos de manera conjunta una amenaza que nos afecta a todos y que puede dañar a la opinión pública, hemos terminado en un clima donde se ha acusado a sus integrantes de prestarse para potenciales censuras del discurso. Algo que no solo no está en el ánimo de ninguno de sus participantes, sino que está muy lejos de ser una facultad real.
Más allá de la resolución del Tribunal Constitucional sobre este tema, nuestro llamado es a que toda la sociedad, las fuerzas políticas y sus representantes se tomen muy en serio el tema de la desinformación. En momentos donde la tecnología avanza a velocidades gigantescas, con la inteligencia artificial como un elemento que cambiará nuestras maneras de trabajar y relacionarnos, atacar al mensajero es un error que puede tener severas consecuencias en nuestro futuro democrático.
