Opinión
Siempre vale la pena recordar que el proceso que llevó a la instalación del MinCiencia y de la nueva institucionalidad científica tomó muchos años, y supuso el trabajo de muchas personas y organizaciones y la revisión de diversos argumentos y alternativas.
El 13 de agosto del año 2018 se publicó la Ley 21.105, que lleva por título “Crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación”, aunque también formaliza toda una arquitectura institucional para el área. Es decir, la renovada institucionalidad científica, incluyendo al “MinCiencia” (como se le conoce, aunque también vale referirse a la cartera como “Ministerio de CTCI”), cumplió en estos días sus primeros cinco años de existencia oficial (aunque la fecha exacta del aniversario varía, dependiendo de si se considera el nombramiento de sus primeras autoridades, por ejemplo).
En teoría, esta debería haber sido una fecha de celebración para la ciencia. El MinCiencia habría comenzado a transformar las precarias condiciones estructurales de la investigación en Chile. Se habría impulsado una ambiciosa política para el área de la CTCI, en cuya elaboración la participación de la comunidad científica habría sido posible y decisiva, llevando a medidas e instrumentos consensuados. Sus ministros o ministras se habrían caracterizado por el diálogo, en un área que requiere miradas de largo plazo y soluciones complejas y profundas. Habríamos visto un aumento claro, independientemente de su magnitud, en la inversión en I+D. Y la evaluación de la comunidad habría sido quizás positiva, no obstante las legítimas diferencias que siempre dividen a nuestro país en facciones en apariencia irreconciliables.
Sin embargo, la realidad ha sido diferente. Las condiciones estructurales de la ciencia en Chile continúan siendo precarias, marcadas por una competitividad brutal, la inestabilidad del financiamiento, y exigencias cada vez más excesivas de productividad científica, con el fin de aspirar a renovar los aún escasos fondos existentes, en especial para la ciencia básica.
Mientras, no es claro que se haya desplegado la primera política de CTCI, en cuya elaboración (durante el gobierno anterior) la participación no pasó de ser testimonial. Los recursos siguen siendo escasos, y en estos cinco años hemos tenido ya cuatro ministros. El ministerio, en tanto, se ha hecho conocido por labores que bien podrían haber sido realizadas por otras carteras, como fue el caso de la “Mesa de Datos” durante la pandemia de COVID, o más recientemente debido a la “Comisión Asesora contra la Desinformación” (en ambos casos, la cartera enfrentó críticas y controversias). Además, es posible que la evaluación de la comunidad científica no sea tan positiva.
Cuesta explicar un resultado tan decepcionante. Sin duda, la instalación del MinCiencia ocurrió en condiciones desfavorables (primero vino el estallido social, luego la pandemia, y después un clima económico y político complejo), pero es posible que otros factores también contribuyan. Por ejemplo, a ratos el MinCiencia se ha obsesionado con objetivos ambiciosos aunque escasamente socializados, como por ejemplo el “Nuevo Modelo de Desarrollo” a inicios del actual gobierno.
En dicha obsesión, la cartera ha tratado de abarcar múltiples temas, lo que se refleja, por ejemplo, en un creciente número de “mesas”, comisiones o comités, afectando así su capacidad para enfocar esfuerzos concretos en el mejoramiento de la investigación científica. Por otro lado, desde su instalación, el MinCiencia ha establecido una distancia poco saludable con la comunidad científica, transformándose en una cartera incapaz de establecer mecanismos permanentes y efectivos de diálogo.
Por ejemplo, uno de los mayores avances que supuso la ley 21.105 fue la formalización del Consejo de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (Consejo de CTCI), organismo al cual se asignó la tarea de elaborar una “estrategia” que sirviera como base para que el gobierno de turno elabore la respectiva política nacional de CTCI. En dicha labor, el Consejo de CTCI debe contemplar mecanismos apropiados de “participación y diálogo”, incluyendo con la ciudadanía, según lo establece la propia ley. Finalmente, la ley instruye que la conformación del Consejo de CTCI incluya una diversidad de “disciplinas, enfoques y competencias”. En resumen, la Ley 21.105 crea un marco que define aspectos de forma y fondo para el trabajo del Consejo, promoviendo además una diversidad en su composición y un mandato para incorporar el diálogo y la participación, un avance sin dudas promisorio.
Al menos en el papel, claro está. En la práctica, no hemos visto dicho espíritu de participación que buscaba promover la ley; muy por el contrario, el actual Consejo de CTCI es un espacio cerrado y exclusivo en el que unos pocos privilegiados tienen la oportunidad de participar. Por ejemplo, para el reciente proceso de prospectiva “Chile crea Futuro” (el cual posiblemente sentará bases para una futura estrategia, y que según las propias autoridades se empleará como insumo para nuevas políticas; de ahí su relevancia), el Consejo de CTCI empleó –según información obtenida mediante la Ley de Transparencia– la “técnica de bola de nieve” (una técnica, en palabras de un conocido sitio web, “en la cual un conjunto reducido de sujetos de estudio reclutan a futuros sujetos de entre sus conocidos”; cursivas de mi autoría) para escoger a quienes participaron en el proceso.
En efecto, la Subsecretaría de CTCI no logra informar una rúbrica o lineamiento para definir el perfil de los invitados, más allá de una lista genérica de criterios. De este modo, uno de los organismos más importantes de nuestra institucionalidad científica continúa marginando a quienes quieren aportar a estos procesos, sembrando dudas además sobre sus mecanismos de participación y diálogo con la ciudadanía. Desde luego, es posible que quienes participaron cuenten con méritos suficientes; sin embargo, el problema es que este tipo de metodología niega cualquier posibilidad de participación en el proceso a quienes no pertenecen a las redes sociales, partidarias, afectivas, nobiliarias o institucionales adecuadas.
Esta forma de trabajar se extiende al MinCiencia, el cual tampoco parece haber tenido criterios claros para definir a los invitados a participar de forma presencial en un hasta ahora desconocido y poco informado proceso de diálogo de actualización de la política de CTCI, el cual se ha estado desarrollando ya por varios meses. Nuevamente, y mediante información obtenida por Transparencia, el MinCiencia no logra reportar un lineamiento claro para definir a sus invitados, ni tampoco informa una lista de invitados pasados y futuros.
Cabe señalar que la cartera sí realizó una consulta online, la cual, sin embargo, excluía en su fase final a quienes se desempeñan en instituciones privadas, pese a que las preguntas contenidas en dicha sección son de legítimo interés para todos quienes trabajan en investigación (esto, sin contar el sesgo en el diseño de algunas preguntas).
Por otro lado, en la información recabada se declaraba la realización de “reuniones temáticas” con “miembros de la comunidad CTCI con posturas en la materia”, respecto a las cuales no pareció existir mayor información. Así, la participación en el proceso de actualización de la política parecía depender, una vez más, de la suerte o la consideración de autoridades regionales o del MinCiencia.
Otro avance significativo de la Ley 21.105 lo constituía la creación de un “consejo asesor ministerial”, el cual debía contribuir a la gestión del ministro o ministra. Esta cartera posee un ámbito de acción amplio, y sus políticas tienen necesariamente una mirada de largo plazo, lo que justificaba la instalación del consejo. En un escenario ideal, el ministro o ministra debería reunirse de forma periódica con dicho órgano, con el fin de aunar miradas y recabar visiones relevantes de parte de la comunidad de CTCI. Sin embargo –y nuevamente según información obtenida mediante la Ley de Transparencia–, en casi 14 meses de trabajo (desde el inicio del actual gobierno hasta fines de mayo) el consejo se había reunido solo en dos ocasiones con la máxima autoridad ministerial.
En estos cinco años desde la creación del MinCiencia, sin duda hay algunos avances positivos. Hay mayor preocupación por el enfoque de género, por ejemplo. También se la logrado instalar la idea de que la ciencia no es algo que sirve solo como insumo productivo, y que de hecho puede contribuir a diferentes políticas públicas. También se han creado nuevos instrumentos, con fines loables, en especial dirigidos al fortalecimiento de las instituciones de investigación. Sin embargo, no es mucho más lo que tenemos para celebrar. La ciencia chilena vive desde hace años una crisis estructural y la nueva institucionalidad científica se ha mostrado incapaz para enfrentarla con la decisión necesaria, en gran medida debido a que las soluciones son múltiples y complejas y, por ende, requieren de participación y diálogo, un aspecto en el cual hay una deuda evidente.
Siempre vale la pena recordar que el proceso que llevó a la instalación del MinCiencia y de la nueva institucionalidad científica tomó muchos años, y supuso el trabajo de muchas personas y organizaciones y la revisión de diversos argumentos y alternativas. La investigación y la innovación siguen siendo fundamentales para el progreso de nuestro país, en especial en los tiempos complejos que vivimos, y necesitamos contar con una institucionalidad sólida en este campo.
Sin embargo, la institucionalidad por sí sola no hace milagros. La participación y la apertura al diálogo son claves, pues no solo permiten identificar áreas de mejora, sino que también permiten recoger ideas y soluciones no advertidas por la autoridad, y proveen mayor legitimidad y acuerdo en torno a las políticas y planes que necesitamos para que nuestro país experimente, por fin, un salto cualitativo en el campo de la CTCI.
