Opinión
Foto: captura del mapa que publicó la Armada de Chile.
Estamos en presencia de un desafío impuesto en el contexto de la siempre importante relación con Argentina. La circunstancia exige un acuerdo trasversal, que evite notas disonantes, y que asegure que el esfuerzo nacional para defender el interés superior de la República estará al nivel de la inteligencia y sano y documentado patriotismo de aquellos que, en estas mismas materias, nos precedieron.
Como era previsible, el Mapa de Chile Tricontinental publicado la semana última por el SHOA de la Armada (que incluye espacios marítimos de jurisdicción nacional al sur del cabo de Hornos) generó una inmediata Nota de protesta de Argentina.
Al tiempo que objetar la cartografía que describe la plataforma continental desde nuestras islas más australes y la Antártica Chilena (suelo y subsuelo marino), ese país ha reconocido que estamos en presencia de un diferendo limítrofe. Por su explícita proyección geopolítica, este se adivina más complejo que aquel condujo a la crisis de 1978.
Como ocurre desde los padrones reales españoles del siglo XVI (elaborados para ilustrar el poderío del Imperio y facilitar su expansión), los mapas oficiales son artefactos potentes y poderosos, que ilustran voluntad de poder aplicada a la geografía. Y aunque -a diferencia de Argentina- la cartografía oficial chilena no es una especialidad de la casa, el Chile Tricontinental actualizado a 2023 sí refleja convencimiento y voluntad política.
Ello, conforme con: primero, nuestra tradición más que centenaria de ocupación, control y uso permanente del espacio (comenzando por la milenaria habitación de nuestro pueblo marinero Yamana); segundo, la realidad de la corriente marina que caracteriza al Mar Austral Circumpolar (que fluye de Oeste a este), y; tercero, al Derecho Internacional contemporáneo. Estos y otros elementos afirman que el Chile Tricontinental 2023 se ajusta a lo correcto y legal.
Incluso más: el derecho Internacional permite que, en los años por venir, miles de kms2 de suelo y subsuelo submarino se incorporen a ese mapa.
Argentina carece de una tradición austral-antártica de profundidad y contenido verificable equivalente a la chilena. Por ello, en sus pretensiones geopolíticas sobre la geografía al sur de las islas al sur del canal Beagle, históricamente intentó convertir las diferencias en cuestiones de diálogo político directo, para rehuir el inconveniente de comparar sus supuestos derechos ante un árbitro o un tribunal internacional.
Mientras esto es así, sus actuales pretensiones entroncan directamente con su tesis pseudo jurídica pre-laudo arbitral (incluido el redescubrimiento argentino del canal Beagle ochenta años después del capitán Fitzroy).
En su actual dimensión, la nueva disputa el Mar Austral se origina en la decisión del gobierno de Cristina Fernández de incluir en un muy ambicioso reclamo de plataforma continental (abril, 2009) una medialuna de territorio submarino que, a partir del pie del talud de Tierra del Fuego, por sesenta millas sobrevuela el martillo de la delimitación marítima del Tratado de Paz y Amistad (TPA), para reaparecer unos 20 kilómetros al sur del Punto F de dicho tratado. En 1984 se entendió que ese punto fijaba el confín inconmovible del límite con Chile.
Aun así, el gobierno de Fernández afirmó que la CONVEMAR podía aplicarse más allá de esa coordenada, pues esa Convención es una suerte de Constitución que gobierna el uso de todos los mares y océanos del planeta. Si esto es así, y dado que nuestro país también es Parte del mismo tratado multilateral, el Chile Tricontinental 2023 se ajusta al criterio argentino.
Argentina sostiene que en 2009 Chile se limitó a efectuar una reserva general respecto de que no resultaba necesaria una delimitación expresa de la plataforma continental de 200 millas, cuestión que equivale a una concesión por omisión respecto de la medialuna submarina al sur de lo acordado en 1984.
A ello agregará que tanto la CONVEMAR como los lineamientos que regulan el trabajo de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLCC) señalan que los países disponen de 10 años a partir de la entrada en aplicación de la norma (1999), y de otros diez años a partir de la presentación de los primeros datos y cartografía ad hoc (2009). Y aunque esto no es necesariamente así, convertirá la fórmula técnico-jurídica de la Cancillería chilena en un argumento político.
Este es un subproducto de una política exterior que, por demasiado tiempo, privilegió la defensa de los océanos del planeta, antes que en la defensa del Mar Chileno.
La cuestión austral y antártica adquirió prioridad en 2020, cuando la administración Piñera 2 rescató del loop legislativo un proyecto de Estatuto Antártico convirtiéndolo en ley (2020). Ese mismo año la Cancillería notificó a su par argentina que su proyección de plataforma continental desde Tierra del Fuego nos resultaba inoponible y, acto seguido, actualizó la carta marina que ilustra la proyección de la plataforma continental chilena más allá del Punto F del TPA. Esa cartografía incluyó los espacios de suelo y subsuelo marinos al Este y al Sureste de dicho último punto.
Enseguida, Chile entregó a la CLPC la primera parte de la proyección de plataforma de la Antártica Chilena más allá de las 200 millas (2022) que, en lo fundamental, se conecta con la proyección de la plataforma de las islas de cabo de Hornos y Diego Ramírez. Ese dibujo debe entenderse como la comprobación empírica (Derecho Internacional del Mar + geología marina) de que Chile es, como lo establece el Decreto Antártico del Presiente Aguirre Cerda (1940), una continuidad geográfica.
Este es el concepto legal, político y geopolítico que ilustra el Mapa de Chile Tricontinental 2023 que ameritó reclamo argentino.
El impacto del ejercicio legal y geo-científico chileno sobre el dibujo geopolítico austral-antártico argentino es devastador.
Se suma al hecho concreto de que la CLPC no pudo revisar su reclamo sobre las Falkland/Malvinas y otros archipiélagos administrados por el Reino Unido ni, tampoco, su reclamo sobre la Antártida. Ocurre que, verificándose una sobreposición de intereses, la CLPC carece de facultades para pronunciarse, pues -y esto es trascendente- no es un tribunal internacional, sino un organismo científico-técnico (tampoco es Naciones Unidas como afirma el relato político argentino).
Retrospectivamente, todo resulta de la decisión inconsulta del gobierno de Cristina Fernández de alargar unilateralmente la frontera con Chile, sin medir (o desestimando) las consecuencias sobre la relación bilateral. Quizás confiada en que Chile optaría por el resguardo de las inversiones de sus grupos económicos en Argentina, con el mesianismo geopolítico que la caracteriza, Fernández decidió que la plataforma continental de Malvinas, Antártida y el Mar austral Chileno eran el homenaje merecido por su anti-chileno difunto marido. Desde este ángulo, Argentina es víctima de su propio ambición.
Eso es lo que terminó obligando a Chile a invocar la normativa CONVEMAR sobre plataforma continental en las regiones al sur de lo pactado con el TPA. Si alguna vez en materias australes y antárticas, la diplomacia chilena optó por el apaciguamiento (semejante a los 13 punto con Bolivia), pasados catorce años el asunto ha terminado en una nueva disputa territorial. Esta, tal vez, pudo evitarse en 2009 (el año del Tratado de Maipú, suscrito por las señoras Bachelet y Fernández).
No fue así y deberemos vivir con las consecuencias.
El problema es complejo y ofrece amplios espacios para que, con pseudo argumentos, grupos poco informados afecten el diálogo bilateral. Para evitarlo, uno de los componentes de la victoria pírrica del TPA lo constituye el sistema de solución de controversias estatuido en sus primeros artículos.
Queda, por supuesto, a criterio de las autoridades de ambos países recurrir a ese mecanismo que, in extremis, incluye el recurso ante un tribunal internacional. Incluso, adelantándose a los hechos, el propio Alberto Fernández mencionó a la Corte Internacional de Justicia para resolver la disputa con Chile. Nosotros deberíamos estar de acuerdo con el criterio del Presidente argentino.
Chile debe evitar transformar el asunto en una cuestión política y, a menos que Argentina formalmente reconozca los derechos que nos asigna la CONVEMAR, desestimar sugerencias y presiones para condicionar la solución del problema al diálogo directo. Este no es, como sugirió un ex canciller, un tema chico.
En este plano el canon es aquel de la diplomacia del Presidente Allende, que con su canciller Clodomiro Almeida empleó su soft power para obligar a Argentina para someter al arbitraje la cuestión del Beagle (cinco jueces internacionales elegidos de común acuerdo bajo los auspicios del gobierno británico). Adicionalmente, la Cancillería de Almeida logró que Argentina suscribiera un acuerdo por diez años para recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Y aunque durante el Laudo Arbitral y la Mediación Papal, Argentina permanentemente amenazó con denunciar ese acuerdo y terminar con las negociaciones, lo concreto es que sentó el precedente para que las cuestiones vinculadas a la integridad territorial del país se resuelven vía la aplicación del derecho, nunca vía compromisos políticos efímeros.
Estamos en presencia de un desafío impuesto en el contexto de la siempre importante relación con Argentina. La circunstancia exige un acuerdo trasversal, que evite notas disonantes, y que asegure que el esfuerzo nacional para defender el interés superior de la República estará al nivel de la inteligencia y sano y documentado patriotismo de aquellos que, en estas mismas materias, nos precedieron.
Por el bien de ambos países, hay que sincerar la relación austral con Argentina.
