Opinión
Existe consenso transversal en la necesidad de fortalecer a las municipalidades como actores relevantes en la descentralización y avance del país, como lo refrenda la Agenda Social Urbana desarrollada por el CNDU en 2020. No obstante, la recaudación de impuestos territoriales debe ser considerada en el marco de una discusión de políticas públicas, no en una propuesta para una nueva Constitución.
De ser aprobada de manera definitiva por el Consejo Constitucional la enmienda que introduce la eliminación del pago de contribuciones para la primera vivienda, podría significar un gran retroceso en la tarea de acortar la brecha de la desigualdad territorial en Chile. No es sostenible restar a los municipios, especialmente a los más vulnerables, recursos con los que cuentan para seguir funcionando en un contexto en el que la inequidad regional es una realidad.
Buena parte de los ingresos de las municipalidades provienen del Fondo Común Municipal, cuyo aporte primario procede en un 58% de los impuestos a los bienes raíces. Para buena parte de los municipios más pobres del país estos recursos son vitales, ya que son altamente dependientes de dicho fondo (entre un 60-70%), para realizar tareas tan básicas y fundamentales como pagar la luz, recolectar la basura, materialización de proyectos sociales o pagar los sueldos a fin de mes.
Para desarrollar proyectos de mayor envergadura, la situación es aún más precaria. La gran mayoría de los municipios no cuenta con la capacidad técnica, ni presupuesto para desarrollar mejoras como la ejecución de pavimentos, instalación de alumbrado público, plantación de áreas verdes, proyectos de agua potable y/o electrificación rural, por dar algunos ejemplos.
Es así como hoy las comunas más rezagadas son altamente dependientes de las transferencias que se realizan a nivel central y regional, por lo que disminuir aún más su capacidad financiera solo repercutirá en ampliar las grandes brechas que día a día evidenciamos quienes trabajamos en el territorio.
Existe consenso transversal en la necesidad de fortalecer a las municipalidades como actores relevantes en la descentralización y avance del país, como lo refrenda la Agenda Social Urbana desarrollada por el CNDU en 2020. No obstante, la recaudación de impuestos territoriales debe ser considerada en el marco de una discusión de políticas públicas, no en una propuesta para una nueva Constitución.
Ahora bien, considerando que ya es parte del debate, sería más interesante evaluar iniciativas que aseguren que la distribución de recursos municipales sea más equitativa, o establecer mecanismos para resguardar la sostenibilidad financiera.
En esa línea, llama la atención que la enmienda constitucional es absolutamente contraria a la recientemente promulgada Ley de Royalty, aprobada transversalmente en el Congreso, que precisamente contribuye en redistribuir el aporte de la industria minera a nivel comunal y regional.
Hacemos un llamado para promover normas que caminen hacia lo que transversalmente la sociedad chilena ha demandado en los últimos años, como lo es un desarrollo territorial más equitativo y descentralizado. Enfatizamos la importancia de implementar medidas que sigan entregando mayor prosperidad, propiciando la equidad de las comunas de Chile y sus comunidades.
