Opinión
Haciendo una evaluación general, se puede decir que el Gobierno ha ido descubriendo la dificultad de pasar de grandes propósitos a cambios sustantivos, más aún en una correlación de fuerzas políticas desfavorable. Sometido a los límites que el Congreso quiera imponerle en materias tributarias, imprescindibles para financiar el cambio en el sistema previsional, la misma carencia presupuestaria se hará sentir en la posibilidad de implementar el Sistema de Cuidados.
Después de la tormenta, pasado el desastre del Rechazo y la impresionante votación de la derecha, encabezada por Republicanos, pasamos del mejor de los escenarios (convención con paridad y propuesta de Constitución con agenda feminista completa) al peor posible, en que el sector político abiertamente defensor del patriarcado puede introducir impunemente sus propuestas antimujeres y diversidades sexuales. Ya lo han empezado a hacer.
¿Cuál ha sido la reacción de los feminismos ante esto? Tal vez vale enfatizar que entendemos a estos como un amplio campo político y discursivo de acción, que abarca una diversidad de actorías individuales y colectivas, y de lugares sociales, culturales y políticos. Además, los puntos nodales de articulación y los sectores con mayor visibilización política y cultural varían a lo largo del tiempo (Álvarez, 2014: 18). Involucra tanto el movimiento callejero como la producción intelectual y las actorías políticas y, como han señalado Ríos et al., han tenido protagonismos fluctuantes a lo largo de los años ochenta y principios del nuevo siglo.
El considerado “feminismo institucional” que predominó durante los gobiernos de la Concertación fue desafiado por la emergencia de una nueva actoría social, movimientista, universitaria, callejera a partir de la primera década del nuevo siglo y posibilitó una agenda más fuerte durante el segundo Gobierno de Bachelet. A partir de 2018, ese sector asume el protagonismo incluso del conjunto del movimiento social. Su mejor momento es la elección de la Convención, con paridad y una amplia y transversal presencia, combinada con “políticas” e “institucionales”, que produjo la propuesta de Constitución.
Recordemos que allí se garantizaba la igualdad sustantiva para todas las personas cualquiera sea su género, garantizando su representación efectiva y paritaria y que se responsabilizaba al Estado de implementar las medidas necesarias para ello, enfatizando el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas de las diversidades y disidencias sexuales y de género, así como poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, su ejercicio sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural.
Además, se reconocía el valor de los trabajos domésticos y de cuidados y se garantizaba por el Estado el derecho al cuidado a través de un Sistema Integral de Cuidados, de carácter estatal, paritario, solidario y universal, cuyo financiamiento será permanente.
Tras la derrota, y también tras los años de encierro con pandemia, el activismo parece haber pasado a un segundo plano, pese a la significativa convocatoria de movilización el 8 marzo de 2023. Pero el protagonismo ha tendido a quedar en manos de quienes, desde el “Gobierno feminista”, tenían como tarea implementar la agenda de cambios que propusieron en las elecciones.
No postulamos que haya un “silencio feminista”. Han disminuido las expresiones masivas del movimiento, pero las innumerables y diversas organizaciones continúan existiendo y trabajando con sus propias agendas. Sí se puede decir que se ha pasado a una posición defensiva, en tanto los sectores políticos conservadores han pasado a la ofensiva. Las posibilidades de implementar la agenda constitucional desaparecieron, el Gobierno está limitado por su debilidad en el Congreso y, desde luego, la derecha fundamentalista usa su posición favorable para atacar avances claves como el aborto en tres causales.
Ya lo hizo la diputada del Partido Republicano Chiara Barchiesi, que presentó, en marzo de 2022, un proyecto de ley para modificar la actual Ley de Aborto en tres causales, y eliminar la opción de interrumpir el embarazo cuando está en riesgo la vida de la madre. Luego, en octubre, dos diputados republicanos enviaron un proyecto de ley que busca eliminar del Código Sanitario la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Y, recientemente, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, expresó que si alcanzan la mayoría en el Congreso, presentarán un proyecto para derogar la Ley de Aborto en tres causales.
En respuesta, más de 200 organizaciones de mujeres y diversidades de Chile y el extranjero firmaron una carta rechazando la propuesta, por considerarla un atentado contra los derechos fundamentales de las mujeres, las niñas y personas gestantes.
El Programa de Gobierno de Apruebo Dignidad con el que llegó a la Presidencia Gabriel Boric se planteaba desde “una perspectiva feminista de la sociedad y la economía (que) tiene como eje principal la protección y la sostenibilidad de la vida, y con ello nos cuestionamos las dinámicas sociales, el marco normativo y las políticas públicas en el cuidado de la vida. Esta perspectiva también implica superar la división del trabajo por sexos, la distribución del poder y la erradicación de todo tipo de violencia hacia mujeres y disidencias sexuales”. Buena parte de la implementación de esta propuesta estaba vinculada a la aprobación de la nueva Constitución, por lo que, al ser rechazada, cabía esperar su constricción.
La primera Cuenta Pública presidencial ante el Congreso Nacional, en junio del 2022, se organizó en torno a 5 ejes: derechos sociales, mejor democracia, justicia y seguridad, crecimiento inclusivo y medioambiente, con avances en materia de igualdad de género y agenda feminista considerados de manera transversal, específicamente en los siguientes temas:
1) La creación de un Sistema Nacional de Cuidados, mediante el cual el Estado ofrecerá redes de apoyo e impulsará un cambio social que distribuya más equitativamente las tareas de cuidado, las cuales históricamente han recaído en las mujeres, sin recibir reconocimiento ni remuneración alguna; 2) Gobierno Feminista, enfocando todas las acciones del Estado hacia la paridad de género e incorporando esta perspectiva en todas las políticas que tengan que ver con la vida de las mujeres y las diversidades, para lo cual todos los ministerios contarán con asesoras de género; 3) Desarrollar una política de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres, mediante la pronta aprobación de la Ley sobre el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que incluirá el abordaje integral de la violencia; 4) Plan de recuperación inclusiva, que apunta, en el marco del Sistema Chile apoya, a la creación de medio millón de empleos con especial enfoque en la recuperación del trabajo para las mujeres, así como el compromiso del Gobierno de Chile con el trabajo digno y libre de violencia laboral, a través de la Ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Recordemos que, de los 24 ministerios, 14 estuvieron liderados por mujeres. Si bien esa situación ha ido cambiando, todavía el número de ministras, 11, es superior al de otros gabinetes. Y que la ministra de la Mujer y la Equidad de Género continúa formando parte del Comité Político, como forma de dar peso político a la transversalización del enfoque de igualdad de género. Ello también se ha apoyado en la presencia de asesoras de género en los ministerios y ha habido medidas internas en ese sentido, cuya eficiencia y eficacia es difícil evaluar todavía.
No cabe duda que el área más resistida por los sectores conservadores es la de los derechos sexuales y reproductivos. Y si bien es poco posible que la derecha más fundamentalista logre consenso en retroceder respecto a la actual legislación, cualquier avance se ha vuelto extremadamente difícil. Ya lo constató la ministra Orellana cuando anunció en televisión, en octubre de 2022, el envío de un proyecto para legalizar el aborto sin causales y se vio obligada, ante la reacción de voceros tanto de la oposición como de parte del oficialismo, unos por ser absolutamente opuestos y otros por considerarlo inoportuno, a retroceder en su anuncio y conceder que durante ese semestre la prioridad de la cartera se centraría en la aprobación de la ley integral sobre violencia contra las mujeres.
Sin embargo, también respecto a la tramitación de dicha ley, pendiente desde 2017, la discusión se reactivó en 0ctubre de 2022, pero todavía se encuentra en Segundo Trámite Constitucional, en las comisiones unidas de la Mujer y la Equidad de Género, y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. Para enfatizar la importancia del proyecto, el 7 de agosto la ministra Carolina Tohá acompañó a la ministra Orellana en la comisión, para hacer hincapié en que la violencia de género es un problema prioritario para la seguridad pública.
Respecto al Sistema de Cuidados, en abril de 2022 se constituyó un Consejo Asesor para proponer al Presidente de la República una Política Nacional Integral de Cuidados y establecer, en un plazo de 12 meses, un marco regulatorio para la creación de un Sistema Nacional e Integral de Cuidados, cumpliendo así uno de los compromisos del programa de gobierno.
El Consejo Asesor está integrado por diez ministerios: Ministerio de Desarrollo Social y Familia; Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que ejercerán la presidencia y vicepresidencia de la instancia, respectivamente, junto al Ministerio de Educación; Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Ministerio de Salud; Ministerio de Hacienda; Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; Ministerio de Vivienda y Urbanismo; Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Como primera medida, se lanzaron los diálogos sociales “Hablemos de Cuidado”. Se llevarán a cabo 38 diálogos territoriales para detectar desde abajo hacia arriba cuáles son las necesidades y particularidades que requiere un Sistema Nacional de Cuidados, buscando que converse con el resto de las políticas públicas, y también con iniciativas privadas o comunitarias.
En este período se han promulgado dos leyes dirigidas a mejorar la situación de las mujeres víctimas de femicidio y de aquellas que deberían recibir pensión de alimentos. Respecto a las últimas, se promulgó la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensión de Alimentos, a través de la cual el Estado asume un rol activo, otorgando criterios de justicia y dignidad al proceso del cobro de deudas, dando solución a los cientos de miles de mujeres que hasta hoy han asumido en soledad las demandas por pensiones y la persecución de información financiera de los deudores.
Para ello, se está creando una conexión hasta ahora inexistente entre los Tribunales de Familia y el sistema financiero, dando acceso a la información bancaria de los deudores cuando tengan más de tres meses impagos, para traspasar directamente los montos a la cuenta del niño o niña.
El otro cambio legal ha sido la entrada en vigencia, en mayo de 2023, de la Ley N°21.565, que establece un régimen estatal de protección y reparación en favor de las víctimas de femicidio y suicidio femicida y sus familias, para que sean consideradas de manera preferente en la oferta de protección social. Además, posibilita fuero laboral para víctimas de femicidio frustrado o tentado y se establece también una pensión para niños y niñas cuya madre ha sido víctima de femicidio, otorgada a través del Instituto de Previsión Social, hasta que cumplan la mayoría de edad.
En marzo, las representantes de organizaciones feministas (Coordinadora 8 de marzo, Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Coordinadora Transversal de Mujeres Organizadas) valoraron el trato proactivo que ha dado el Gobierno a los temas de género y el diálogo con la sociedad civil, y destacaron la promulgación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensión de Alimentos, así como la insistencia en la tramitación de la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Lamentaron el retroceso en el proyecto de ley de aborto libre, que devino en que el Ministerio de la Mujer y EG declarara que “tal materia no era prioridad”.
Cabe señalar que las organizaciones de base enfatizan mucho la situación de las mujeres y disidencias de los sectores populares y migrantes, que se han visto impactadas especialmente por la crisis económica y muchas veces tienen que recurrir a actividades en los márgenes de la ley, como el trabajo sexual, que las deja en una máxima desprotección.
Es valorable, en todo caso, que el Sistema Nacional de Cuidados se trate de construir a partir de una amplia discusión social en todo el país, articulada desde el Gobierno. Eso puede llegar a ser una instancia importante para construir consensos en una agenda feminista desde las bases, ampliando lo más posible la participación social, incluyendo los sectores ya organizados y llegando a quienes hasta ahora han estado excluidas de estos debates.
Y eso en la parte de la agenda que menos cuestionamientos puede encontrar en el envalentonado conservadurismo, tanto el fundamentalismo emergente de los republicanos, como en el más tradicional de Chile Vamos. Ya vimos la rápida eliminación de la legalización del aborto de la agenda prioritaria, por ejemplo.
Pero hay otros campos en que los avances culturales de los movimientos feministas y de las diversidades han mostrado mayor solidez, como la singular batalla por la acusación constitucional contra el exministro de Educación, que terminó cayéndose precisamente por su visible contenido homofóbico, para lo cual no hay agua en el molino de la derecha moderna. Como no lo hay, posiblemente, para la derogación de las causales de la actual Ley de Aborto. Ni la hubo para eliminar la paridad de género en el nuevo Consejo Constitucional.
Haciendo una evaluación general, se puede decir que el Gobierno ha ido descubriendo la dificultad de pasar de grandes propósitos a cambios sustantivos, más aún en una correlación de fuerzas políticas desfavorable. Sometido a los límites que el Congreso quiera imponerle en materias tributarias, imprescindibles para financiar el cambio en el sistema previsional, la misma carencia presupuestaria se hará sentir en la posibilidad de implementar el Sistema de Cuidados. Reconociendo, como lo hace también el activismo feminista, la importancia de poner en la agenda pública el problema de los cuidados, lo cierto es que no tiene solución sin glosa presupuestaria.
Si el problema es que las mujeres sostienen el sistema haciéndose cargo del trabajo doméstico sin remuneración ni reconocimiento, la solución no está solo en visibilizarlo, sino en dar alguna forma de recompensa económica por él, de modo que las mujeres no se vean agobiadas por dobles y triples jornadas. Todo lo demás es reordenar los factores sin alterar el producto, la injusta división sexual del trabajo.
