Opinión
La ley corta se va a aprobar, no hay duda. No obstante, el sistema de isapres, de no mediar una reforma de fondo, no tiene salvación posible.
La ley corta se va a aprobar. Existe probablemente un consenso en el Congreso en que las isapres no pueden quebrar sin que esto genere un descalabro mayor en los prestadores privados y, con ello, un peligro para la salud de las personas. Es probable que lo que se apruebe incluya posibilidad de pagar los excesos cobrados, en cómodas cuotas o con prestaciones médicas. ¿Se soluciona con esto la crisis? La verdad no.
Establecer plazos de pago, no resuelve la crisis interna de las isapres, determinada esencialmente por la ausencia de mecanismos de contención de costos. La inexistencia de una atención primaria en el sector asegurador privado, hace que el sistema base su funcionamiento en una política poco común en países desarrollados: la posibilidad de consultas ilimitadas para evaluación con subespecialistas.
Es decir, si un paciente quiere ir diez veces al año al gastroenterólogo, aun cuando su enfermedad no requiera necesariamente cuidado por un subespecialista, el sistema lo paga. Este tipo de atención, usualmente más cara, se ha privilegiado por sobre el mecanismo más costo-efectivo de proveer amplio acceso a una red de médicos familiares y generalistas, con fuerte foco en medicina preventiva.
Al mismo tiempo, las isapres no han incorporado ninguno de los mecanismos de gestión de pagos modernos, comunes a países como Australia o Alemania, que implican que el asegurador paga por problema de salud resuelto y no simplemente por cada prestación realizada. Así, en dichos países, los seguros negocian un precio que incluye ciertos exámenes y procedimientos para, por ejemplo, operar una apendicitis. Si la clínica utiliza insumos más caros o un número mayor a lo pactado de exámenes, esas prestaciones corren por su cuenta. Esto evita los incentivos a los prestadores privados a sumar procedimientos innecesarios.
Esta ausencia de atención primaria y de mecanismos de pago por resolución de problemas nunca fue un problema, dado que cada aumento de costos podía seguirse de un aumento constante en el precio de los planes. Por otra parte, al existir, en la práctica, la integración vertical entre clínicas e isapres (no obstante estar prohibida por ley), el gasto excesivo e innecesario en atenciones médicas por un determinado prestador no era visto como un problema por la isapre. Mal que mal, lo que dejaba de ganar como seguro por exámenes de más, lo pasaba a ganar como prestador, marginando por ese examen adicional.
Sin embargo, las nuevas restricciones al aumento de los planes impuestas por la Corte Suprema, sin duda razonables, al no acompañarse de una reforma a los mecanismos de pago que realizan las isapres, hacen que futuros aumentos en costos, determinados por los mecanismos descritos, difícilmente puedan ser financiados.
A esto hay que sumar una fuga masiva de afiliados de isapres a Fonasa. En julio de 2023, se produjo la mayor caída interanual en afiliados de las isapres, desde que se tiene registro: 12%. La mayoría de estos afiliados (96%, 271.000), ingresaron a Fonasa. La fuga de afiliados se ha concentrado en el segmento de hombres de entre 30 y 39 años y en el segmento D (el de mayores ingresos). Es decir, no se trata ya solo de adultos mayores con múltiples y costosas enfermedades y de bajos recursos. Por el contrario, se trata de un segmento que usualmente se enferma poco y representa una fuente de utilidades para el sector asegurador. Esto último, solo viene a agravar la crisis.
La ley corta se va a aprobar, no hay duda. No obstante, el sistema de isapres, de no mediar una reforma de fondo, no tiene salvación posible. La combinación de una fuga masiva de afiliados, la incapacidad estructural para contener aumento de costos y la imposibilidad de subir el precio de los planes como les gustaría, hacen que el sistema de isapres tenga los días contados.
