Opinión
Nuestro Congreso Nacional ha iniciado la tramitación anual de las autorizaciones presupuestarias para el año 2024, en un marco de creciente restricción de recursos que afectará severamente la viabilidad del financiamiento de nuestro gasto de Defensa, aunque algunos pretenderán seguir justificándolo promoviendo nuestra participación en conflictos globales que nos resultan ajenos y olvidando las recientes soluciones exitosas de nuestras controversias vecinales, que, por fin, después de mucho tiempo, permitirán compartir los dividendos de una zona de paz sudamericana, que cambia los escenarios para el desarrollo de una nueva Política de Defensa.
En los últimos meses Sudamérica ha sido objeto de una fuerte presión de la comandante del Comando Sur de Estados Unidos con el objetivo evidente de alinearnos en un conflicto global entre EE.UU. y China, que necesariamente se traduciría en un aumento del gasto de Defensa para protegernos de un supuesto “efecto ucraniano… en el Indo-Pacífico”.
Para materializar estas intenciones, mandos militares del Ejército de Chile y del Ejército Sur de Estados Unidos recientemente acordaron la extensión de un acuerdo para la realización de 50 nuevas actividades comunes entre los años 2024 y 2026, que según el comandante norteamericano “demuestran la interoperabilidad y nuestra capacidad para compartir juntos procesos y valores democráticos”, y a las que se agregan las reiteradas participaciones de la Armada de Chile en las maniobras navales Rimpac en el Pacífico, organizadas por EE.UU. y con las cuales ahora se pretende enviar señales para “proteger la cultura occidental” en una nueva Guerra Fría del Pacífico que resulta inconsistente con las posturas política y comercial que sostiene nuestro país, y que nos recuerdan una nueva versión de la Escuela de las Américas y su adoctrinamiento ideológico, como también a la imperialista diplomacia de las cañoneras, empleada por Estados Unidos en situaciones tales como su ultimátum a propósito del incidente del crucero Baltimore en Valparaíso en 1891 y, además, a la compra de aviones de combate F16, de los cuales no nos entregaron las claves de uso para su armamento inteligente, lo que restringe su empleo solo en operaciones de interés de Estados Unidos, entre muchos otros casos que muestran sus verdaderas intenciones de socio estratégico no confiable.
Digámoslo fuerte y claro, nosotros los chilenos por ningún motivo aceptaremos repetir las tristes consecuencias de la pasada Guerra Fría, en que se nos vuelva a involucrar como carne de cañón en una postura de escuderos y aliados estratégicos para una segunda Guerra Fría, protegiendo oscuros intereses mundiales de Estados Unidos, Rusia o China.
La Política de Defensa Nacional de Chile 2020, publicada por el Presidente Piñera, claramente fue una justificación para aumentar nuestro gasto de Defensa a partir de lo dispuesto en la Ley N° 21.174 (2019), que Establece nuevo mecanismo de financiamiento de las Capacidades Estratégicas de la Defensa Nacional y que en su artículo 97 dispuso: “La política de defensa nacional, la política militar y las restantes políticas públicas del sector defensa… serán la orientación superior para elaborar la planificación del desarrollo de la fuerza…”, precisando que “la superioridad operacional propuesta…Contempla la capacidad para accionar en forma simultánea o secuencial en varios frentes, incluyendo capacidades para actuar en la profundidad adversaria” y agregando: “…Una tarea prioritaria para el Ministerio de Defensa Nacional es desarrollar y mantener capacidades efectivas de las FF.AA. que contribuyan a la disuasión y, en caso de empleo…asegure las mejores probabilidades de éxito en el cumplimiento de sus objetivos, en todo el rango de sus tareas y misiones”. Es decir, se establece una postura estratégica del garrote, muy lejos de la legítima defensa dispuesta en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas.
Con el fin de revertir esta orientación militarista, en las nuevas Políticas de Defensa y Militar, en desarrollo, deberemos considerar nuestros propios intereses y no aquellos de las potencias hegemónicas, teniendo en cuenta que no enfrentamos amenazas militares creíbles para un escenario futuro evaluable, pero sí riesgos comunes a la región, que debieran ser controlados a través de una construcción colectiva sudamericana, donde Chile promueva un enfoque cooperativo de las relaciones internacionales y la Defensa Nacional, que se debería materializar precisando aspectos tales como: ¿de qué defendernos?, ¿cuánta defensa es suficiente?, ¿cuánta defensa podemos financiar?, ¿con qué estrategia?, ¿organización de la defensa?, ¿fuerza militar conjunta?, ¿roles y misiones?, ¿marco legal y financiero?, etc., a partir de lo cual será posible identificar las suficientes y necesarias capacidades militares que requieren nuestros Servicios Armados para responder a las reales amenazas externas del siglo XXI. Los chilenos solo queremos vivir en paz en un escenario regional que converja a una zona de paz sudamericana, resolviendo civilizadamente nuestras diferencias.
Para enfrentar estos escenarios estratégicos es imprescindible tener presente la difícil situación financiera que enfrenta el país y sus implicancias para los Servicios Armados, considerando un marco monetario y fiscal de fuerte contracción, con una deuda pública que excede el 40% del PIB y un gasto social que inexorablemente seguirá creciendo para dar estabilidad política a nuestra sociedad, objetivo que se ve dificultado por las diferencias ideológicas partidarias para aprobar un imprescindible pacto fiscal que permita financiarlo.
Desde 1990 a la fecha, hemos gastado cerca de 15.000 millones de dólares en compras de sistemas de armas, por lo cual ya es hora de que la discusión presupuestaria de nuestro Congreso Nacional considere una reducción consistente del gasto de Defensa, principalmente a través de un programa de disminución, sustitución y reinserción laboral del personal profesional actual, mediante una modernización de la carrera profesional de los Servicios Armados basada en el proyecto de ley ingresado a la Cámara de Diputados por el Gobierno Piñera II y en la eliminación del piso de MMUS$499 anuales del aporte basal al Fondo de Capacidades Estratégicas de la Defensa, establecido en la referida Ley N° 21.174.
Como lo señaló el Premio Nacional de Ciencias Exactas 2023, Jaime San Martín, en una reciente entrevista al diario El Mercurio: “La inversión en un supercomputador no se compara con los beneficios que traería al país”, agregando que “actualmente estamos en un proceso de licitación por un supercomputador por $1.050 millones de pesos (solo algo más de un millón de dólares)…” y que “un equipo de US$5 millones de dólares es la inversión real que hay que hacer en los próximos cinco años”, lo que permitiría fortalecer el desarrollo del país y nuestro poder nacional, con un gasto mucho menor que los 1.600 millones de dólares, a precio actual, que pretende gastar la Armada para la compra de dos nuevos submarinos, que despliegan torpedos de un valor cercano a los seis millones de dólares la unidad.
La materialización de esta reducción propuesta del gasto de Defensa requerirá necesariamente reorientar la planificación militar hacia la incorporación de tecnologías emergentes del siglo XXI, que incentiven el interés por una conscripción voluntaria y de un financiamiento prioritario para algunos programas que permitan mantener el alistamiento de un reducido núcleo básico de Defensa para el siglo XXI, de capacidades conjuntas incrementales, incluyendo la participación de profesionales voluntarios temporales (weekend warriors), que facilite su oportuna expansión ante escenarios estratégicos emergentes que lo requieran y permita empezar a resolver el grave problema de financiamiento del sistema de previsión militar.
Habiendo identificado nuestro marco político-estratégico, concluimos que existe la imperiosa necesidad y el espacio para continuar reduciendo nuestro gasto de Defensa, sin poner en riesgo nuestra seguridad externa. Hago un llamado a nuestras autoridades políticas a ponerle el cascabel al gato y con sentido de urgencia sintonizar el diseño de nuestros Servicios Armados con los reales escenarios externos e internos que nos afectan.
