Mayoría silenciada

Históricamente, el rol de la mujer en el espacio público y en los consiguientes espacios de discusión, poder y de toma de decisión, ha sido limitado, resistido e incluso prohibido. Una manifestación clara de ello es la ensordecedora ausencia de las mujeres en los pactos sociales clásicos, trayendo consigo la necesidad de luchar por su acceso a la ciudadanía plena vía movilizaciones de las sufragistas. Los esfuerzos de las mujeres por incorporarse a la palestra pública han sido constantes, lo que ha permitido el reconocimiento doctrinario de la necesidad de corrección vía medidas afirmativas. Sin embargo, ninguna propuesta fue tan significativa como la paridad.

Este concepto ya es bastante conocido en nuestro país, pues ha sido parte de la discusión tanto del primer proceso constituyente como del actual, así como foco de distintas mociones parlamentarias de los últimos años. Interesantes ejemplos son los boletines 14262-06, que modifica la Ley 18.700, orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios, que –entre otras materias– busca instaurar la paridad en la conformación del Congreso Nacional; el 14571-07, que busca instaurar paridad en la conformación de las comisiones mixtas; 15264-19, que establece paridad de género en la adjudicación de proyectos de investigación y otorgamiento de becas en las áreas STEM; 14512-06, que modifica la Ley 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, para lograr la paridad de género en la composición de los Consejos Regionales; y el boletín 14.314-34, que crea un mecanismo de nombramiento e integración de los directorios de empresas públicas, en que se procure la paridad de género.

Todos estos ímpetus legislativos son evidencia de la relevancia y transversalidad que alcanza este principio y radiografías de las ausencias de voces femeninas en las diversas esferas del poder: político, académico, económico y, en realidad, en cualquier otra que nos podamos imaginar.

En concordancia con esta tendencia legislativa, como abogadas feministas hemos encontrado en la paridad de género un piso mínimo democrático de no retorno, siendo un núcleo irreductible necesario de cualquier propuesta constitucional que valga la pena apoyar.

Pero ¿por qué hemos arribado a esta convicción? La respuesta es sencilla: las mujeres somos más de la mitad de la población nacional (entre un 50,7% y un 51%, según las últimas proyecciones), lo que no se condice con las bajas cifras de representación en el Congreso ni con el antecedente de haber tenido solo una mujer como máxima autoridad en más de 200 años de historia. Así, la paridad se levanta como un elemento de justicia social para quienes, siendo mayoría, hemos sido convencidas de que nuestras demandas son minoritarias y excepcionales.

A lo anterior debe sumarse que la necesidad de paridad no se agota en la formalidad, sino que responde a hechos fácticos: la historia ha demostrado que los problemas que aquejan a las mujeres no se resuelven sin mujeres que impulsen su solución, ni son previstos –o incluso posibles de ser imaginados– por quienes nunca han vivido algo similar. Esto conlleva entonces la necesidad de corregir la sobrerrepresentación masculina en los espacios de poder para dar acceso a la silenciada mayoría.

Las mujeres nos expresamos fuerte y claro continuando más de 165 años de lucha por la participación democrática igualitaria, buscando ser partícipes de las decisiones que afectan nuestras vidas. Hoy, esta lucha es la paridad, que es un piso mínimo no solo para el acceso a la titularidad de derechos, sino también para los efectos que ello tendrá en la concepción de nuevos derechos y en la reinterpretación del contenido de los ya existentes.