Opinión
Agencia Uno
Quienes condujeron este proceso en el Consejo Constitucional cometieron el error de darse un gustito y desaprovechar la oportunidad de ofrecer un texto pensado para la ciudadanía que realmente fuera para todas y todos.
Como lo hemos venido señalando, el texto que se plebiscita en diciembre es uno que nos divide y no nos une. Se trata de una propuesta maximalista que no ayuda a solucionar las urgencias y necesidades que viven las personas. Quienes condujeron este proceso en el Consejo Constitucional cometieron el error de darse un gustito y desaprovechar la oportunidad de ofrecer un texto pensado para la ciudadanía que realmente fuera para todas y todos.
Esta propuesta constitucionaliza los problemas que tenemos hoy día, como los sistemas de pensiones y de salud, aumentando los quórums para poder modificarlos. Eso hace extremadamente difícil que la institucionalidad política pueda canalizar reformas y llegar a acuerdos transversales justamente para poder hacer las modificaciones urgentes en el país, en materia de pensiones, salud y tributaria.
En particular, sobre este último punto, se han levantado algunas voces para denunciar algo que parece increíble, pero es cierto. La propuesta de Constitución reduce la cantidad de impuestos que pagan aquellos sectores de mayores ingresos. En otras palabras, le quita recursos a quienes más lo necesitan para transferírselos a los que más tienen. El mundo al revés.
En efecto, la propuesta introduce dos normas tributarias que no son propias de una carta fundamental. En primer lugar, se establece que “el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que la habite solo o con su familia, en su caso, estará exento de toda contribución e impuesto territorial”.
Esta norma afecta directamente a las comunas más pobres del país que construyen su presupuesto en base, precisamente, a las contribuciones que se pagan en las comunas más ricas.
Cabe recordar que anualmente se recaudan cerca de mil millones de dólares por concepto de contribuciones y que una parte relevante de esa recaudación proviene de los inmuebles de mayor valor en Chile. Así, según números publicados por el SII, se recaudan anualmente más de 250 millones de dólares por contribuciones de bienes raíces no agrícolas en la comuna de Las Condes, mientras que el pago en comunas como Lo Espejo o La Granja apenas supera el millón de dólares. El 77% de las viviendas a nivel nacional no paga contribuciones.
Además, la exención y el transitorio que presenta la norma son casi imposible de implementar, solo basta recordar que la Comisión Ortuzar (que redactó la Constitución de Pinochet) jamás se pudo poner de acuerdo en cómo se iba a financiar el sistema de municipalidades, y tampoco 40 años después el Parlamento ha logrado acuerdo en esta materia. Seguro sería algo impracticable y mientras el Congreso intente ponerse de acuerdo, los más ricos dejarán de contribuir miles de millones a quienes más lo necesitan.
Sin esta fuente de recursos ¿qué alternativas van a tener comunas de sectores de menores ingresos para sustentar su presupuesto? ¿cómo van a poder hacer frente a las necesidades de sus vecinos? Queda claro que los únicos que se beneficiarán son los propietarios de inmuebles ubicados en las comunas de mayores ingresos. Es decir, les quita recursos a los más pobres para entregárselos a los más ricos.
La segunda norma establece que se podrán deducir de la base imponible de los impuestos personales “los gastos objetivamente necesarios para la vida, cuidado o desarrollo de la persona y su familia”.
Nuevamente algo que debiese normarse por Ley queda plasmado en la carta fundamental. ¿A quién beneficia esto? Al ser un gasto deducible para efectos tributarios beneficia únicamente a aquellos que están afectos efectivamente al impuesto a la renta. Es decir, los sectores de mayores ingresos, ya que la mayoría de las personas está exenta de este impuesto. Sólo ellos podrán beneficiarse de la aplicación de esta norma, reduciendo la cantidad de impuestos anuales a pagar.
Esto podría significar que el Fisco tenga menos recursos. Lo más increíble es que los autores de esta norma no calculan ni advierten el costo que esto puede tener. Hoy, por ejemplo, sólo en la reducción como gasto de los intereses hipotecarios el Fisco deja de recaudar cerca de 140 millones de dólares al año. Si llegase a ganar el “A Favor”, con lo amplitud con que está redactada esta norma, el Estado dejaría de recaudar cientos de millones de dólares.
¿Quién pierde? Los sectores de menores ingresos, ya que el Estado no podrá proveer de derechos sociales ¿Quiénes ganan? Los sectores de mayores ingresos, ya que van a poder pagar menos impuestos. El mundo al revés.
