Opinión
Cuando nos referimos a la ultraderecha, estamos hablando de una corriente política que se caracteriza por posturas extremadamente conservadoras y nacionalistas, a menudo con un enfoque autoritario y antiinmigración.
La crisis en el sistema político chileno en los últimos años no es un fenómeno aislado en el mundo, sino que se puede contextualizar en una realidad global. Esto ha sido destacado recientemente en un estudio realizado por el Centro de Pensamiento Rumbo Colectivo, denominado “Consagración de la Desigualdad y Erosión del Estado: El Chile de la Propuesta Constitucional 2023”. El estudio proporciona un análisis técnico que explora los principales desafíos o nudos críticos que enfrenta la sociedad chilena y las posibles consecuencias que la propuesta de nueva Constitución podría tener en la vida de las personas. Todo esto se examina a la luz del contexto global, en el cual se observa un avance de gobiernos de ultraderechas que está afectando la estabilidad del orden liberal tanto a nivel nacional como internacional. Lo preocupante de esta situación es su peligroso aterrizaje en un proceso histórico tan relevante como lo es el Proceso Constitucional que vive nuestro país.
Para proporcionar contexto, cuando nos referimos a la ultraderecha, estamos hablando de una corriente política que se caracteriza por posturas extremadamente conservadoras y nacionalistas, a menudo con un enfoque autoritario y antiinmigración, tendientes a una evidente eliminación o debilitamiento de la estructura estatal, con rasgos proclives a la promoción del populismo, al rechazo de la globalización y de la agenda medioambiental mundial y, además, fervientes opositores a la consagración de los derechos de las mujeres y comunidad LGTBIQ+, lo que los convierte en opositores de la democracia liberal.
Su incursión en América Latina, incluyendo Chile, es relativamente reciente y siempre se han ubicado en el extremo derecho del espectro político, criticando enérgicamente a la derecha convencional por llegar a acuerdos programáticos de naturaleza progresista con los partidos de izquierda en asuntos vinculados con el ámbito cultural, la seguridad social (incluyendo educación, salud y pensiones) y las libertades individuales.
Su característica distintiva reside en su capacidad para ejercer presión sobre las democracias, debilitándolas al punto propiciar niveles de polarización tan grandes que devengan en procesos de erosión política. Ejemplos de tales intervenciones se han observado en países como Estados Unidos, Brasil, Hungría, Polonia y Turquía, ahora Argentina. Estas acciones radicales se manifiestan a través de: cuestionamientos a la división de poderes estatales y la integridad de los procesos electorales; intervenciones en el Poder Judicial para restringir el derecho al aborto; deterioro del sistema de frenos y contrapesos en el sistema político; recortes presupuestarios y desfinanciamiento de las políticas de protección social; implementación de políticas educativas con un marcado sesgo religioso; reducción de la cobertura y eliminación de beneficios en el ámbito de la salud; agudización de las agendas de seguridad interna, entre otras medidas.
Considerando lo anterior, el estudio en cuestión se planteó la siguiente interrogante: ¿En qué medida estas estrategias de ultraderecha a nivel global se han replicado en el proceso constitucional chileno? Teniendo en cuenta que el proceso constitucional estuvo fuertemente influenciado por el liderazgo exclusivo de representantes republicanos y de Chile Vamos, se observó una clara disminución en el espacio para la deliberación, lo que finalmente resultó en la incapacidad de alcanzar amplios acuerdos. Esto condujo al siguiente resultado: el estudio identificó dos reformas principales que significan un desmantelamiento del Estado social y democrático de Derecho.
La primera se refiere al sistema político y se centra en las normas relacionadas con el sistema electoral. Estas normas proponen una reducción de parlamentarios y distritos electorales, un umbral electoral ineficaz debido a la cantidad de excepciones que tiene y un reforzamiento innecesario del sistema presidencialista. Estas medidas no contribuyen a resolver los problemas de gobernabilidad, falta de representatividad y fragmentación del sistema político chileno.
La segunda reforma se relaciona con el debilitamiento de la administración del Estado en su función de satisfacer el interés general y proporcionar derechos sociales. Esto se logra mediante la restricción de la potestad reglamentaria y sancionatoria, así como la introducción de una objeción de conciencia sin límites. Además, lo más grave es que se debilita la administración estatal en términos fiscales a través de dos vías: la compensación de cargas públicas y la exención de contribuciones de bienes raíces para la primera vivienda.
En relación con cuestiones críticas y apremiantes para la ciudadanía, se destacan los siguientes aspectos:
En el ámbito de la Seguridad Social, se observa una evidente constitucionalización del sistema privado de capitalización individual y se ha identificado la posibilidad de una inconstitucionalidad sobrevenida en leyes actualmente vigentes. Este punto fue recientemente confirmado por el ministro Gonzalo García Pinto, quien advirtió un colapso del Tribunal Constitucional en un plazo de un año.
En cuanto al Derecho a la Educación, se ha relativizado el principio de autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes (NNA) y se ha constitucionalizado un tema que es más propio de políticas públicas que de la materia constitucional, como es la enseñanza en el hogar o “homeschooling”, así como el aporte estatal por estudiante, lo que conserva el sistema de financiamiento de la educación actual.
En el ámbito del Derecho a la Salud, se ha consagrado la libertad de elección entre aseguradoras, lo cual es positivo, pero esto hace que el seguro universal, en la práctica, sea inviable debido a la coexistencia de un sistema de salud dual idéntico al actual sistema, esto además de que mantiene la segregación por ingresos en el sistema de salud.
Por último, en lo que respecta a los Derechos Sexuales y Reproductivos, se nota la ausencia de un reconocimiento formal de estos derechos de las mujeres, al mismo tiempo que se observa un intento deliberado de proporcionar herramientas normativas tendientes a propiciar posibles inconstitucionalidades, al incorporar la normas relacionadas con la protección de la vida de “quien” está por nacer, así como también aquella que define como “niño” a todo individuo menor de 18 años, bloqueando así los futuros debates legislativos en esta materia.
En resumen, esta propuesta constitucional no parece ofrecer una solución adecuada para los desafíos que enfrenta Chile; en cambio, representa un riesgo para la estabilidad del país. Carece de soluciones efectivas en los ámbitos político, social y económico, y no aborda de manera satisfactoria los problemas de gobernabilidad, representatividad y fragmentación en el sistema político chileno. Más bien, profundiza estos problemas al estar claramente influenciada por la mirada programática de un sector político extremo, que busca imponer sus ideologías radicales en detrimento de un enfoque más amplio, inclusivo, equitativo y consensuado. Esto refleja la preocupante tendencia global del crecimiento de la ultraderecha y cómo ha permeado peligrosamente las normas del texto constitucional propuesto.
