Opinión
Avanzar en la implementación de las 46 medidas propuestas por la Comisión para la Probidad y Transparencia en el Estado es una tarea urgente.
Por estos días, en los que la confianza institucional pareciera estar pasando por su peor momento, reflexionar sobre su importancia y contribución a la cohesión social podría ayudar en la construcción de posibles soluciones y a la reducción de los niveles de incertidumbre en los que pareciera está inmerso el país.
Mayores niveles de confianza facilitan la provisión de bienes públicos y promueven la constitución de actores y sociedades civiles saludables, las que a su vez fomentan el desarrollo económico y social de un país y contribuyen al bienestar de sus habitantes (Fukuyama, 1995; Hommerich, 2012).
En Chile, los niveles de confianza institucional son considerablemente bajos. El último Estudio Nacional de Transparencia (Consejo para la Transparencia, 2020) señala que en el caso de las instituciones públicas el nivel de confianza no supera el 24% y de las instituciones privadas el 27%, lo que denota un problema serio de inconformidad generalizada de la población con los organismos que la representan.
Asimismo, el estudio realizado recientemente por el Instituto UNAB de Políticas Públicas, denominado “Percepción de los chilenos respecto a las Organizaciones de la Sociedad Civil”, muestra, además, que en general la gente cree que existe un importante nivel de corrupción en el país. Dentro de las instituciones más corruptas se encuentran el Congreso, las fundaciones sin ánimo de lucro afiliadas a un partido político, el Gobierno, los Tribunales de Justicia y los municipios. Del otro lado, organizaciones como bomberos y las fundaciones sin ánimo de lucro de carácter social y/o cultural presentan niveles de credibilidad mucho más altos; en el caso de bomberos supera el 80% y en las fundaciones de carácter social o cultural se aproxima al 40%.
En la actualidad existen cerca de 319 mil organizaciones de la sociedad civil impulsando iniciativas solidarias y de interés público, de las que, según el estudio de la UNAB, el 88% de los encuestados cree que se trata de organizaciones necesarias y que actúan donde se requiere socialmente, en tanto que un 63% cree que actúan con transparencia y acorde a la ley.
Estos datos nos indican que los niveles de desconfianza no son generalizados y que las personas podrían hacer una distinción entre aquellas instituciones u organizaciones que incumplen los principios básicos de probidad y aquellas que actúan de forma transparente y se preocupan por el cuidado de lo público. En palabras del Premio Nobel de Economía Douglass North, la confianza interpuesta por la comunidad es una respuesta racional que está relacionada de forma directa con el accionar institucional.
El aporte de las organizaciones de la sociedad civil al desarrollo del país, por tanto, no debería estar en duda. Su capacidad para responder con prontitud a problemas que, por lo general, no están siendo abordados por el Estado ni por el mercado, así como su contribución a la generación de valor público promoviendo espacios en los que la ciudadanía libremente aporta al bien común, es innegable.
Lamentablemente, los hechos de corrupción como los develados recientemente afectan la confianza de los ciudadanos y su actitud respecto al actuar probo de las instituciones en general, por lo que afrontar los problemas vigentes y actuar con celeridad para resolverlos puede ayudar a reducir la apatía, pero se requiere un compromiso mayor.
Avanzar en la implementación de las 46 medidas propuestas por la Comisión para la Probidad y Transparencia en el Estado es una tarea urgente y constituye un paso importante para mejorar los niveles de transparencia y probidad que requiere el país, dos factores que son fundamentales para frenar la caída en la confianza institucional e incentivar mayores niveles de cohesión social.
