Opinión
En la actualidad se discute una ley de prevención de incendios forestales. Es un muy buen paso adelante, pero es completamente insuficiente.
Hay dos enormes verdades sobre los incendios forestales en Chile. La primera es que los incendios que se nos vienen tendrán crecientemente la condición de megaincendios. Esto significa que se tratará de enormes eventos únicos o parcializados territorial y temporalmente durante el período estival. Estos incendios llamados de sexta generación por los alcances holísticos de sus consecuencias sobre los ecosistemas nacionales e internacionales serán recurrentes en el tiempo.
La segunda verdad es que, siendo el 98% de los incendios forestales de origen antropogénico, estos son previsibles y prevenibles. Son previsibles y modelables incluso mediante el auxilio de la IA, que nos entrega herramientas para asignar probabilidades a eventos recurrentes. Son prevenibles porque, si actuamos a tiempo y con efectividad de manera sistemática en el tiempo, iremos disminuyendo el número de incendios forestales o reduciendo drásticamente la gravedad de estos, si es que ocurren de todas maneras.
Concomitantemente, son prevenibles porque se puede y se debe desarrollar una política nacional que prevenga efectivamente los incendios forestales. Esta política nacional de prevención de incendios forestales es compleja y debe progresar en su implementación en el tiempo, en la medida que vayan existiendo ya sea los instrumentos que coadyuven a la misma, o que la autoridad vaya aquilatando la necesidad de invertir en prevención. Grosso modo, esta política se puede esbozar según lo siguiente:
En primer lugar, se requiere una jerarquía adecuada de la prevención en la institución pública forestal como la Conaf o el organismo que lo suceda. Esto significa que la prevención debe ocupar un rol de igualdad presupuestaria y jerárquica con respecto al combate de incendios forestales dentro del aparataje estatal. Hoy día la prevención depende, como un departamento, de la gerencia de control de incendios, siendo que la prevención se trata, en el fondo del asunto, exactamente de lo contrario, es decir, prevenir es lo opuesto de controlar o combatir. Es absurdo que quienes se encargan de combatir los incendios y poseen una estructura de ingresos ligada a la ocurrencia de estos, tengan la falsa labor de prevenirlos. Jamás lo harán, porque atenta contra sus ingresos financieros. Esto es cierto para los organismos del Estado como para los organismos privados.
En segundo lugar, se requiere un programa estructurado de silvicultura preventiva. Esto consiste en desarrollar cortas de vegetación de manera preventiva en sitios donde esta constituye un potencial peligro.
En este aspecto el primer componente de la silvicultura preventiva es la regulación y aplicación del llamado fuego técnico, es decir, la eliminación de materia lignocelulósica seca que se convierte en un detonador del fuego. Regular y aplicar el fuego técnico requiere de un servicio forestal activo sobre el terreno que no solo regule, sino que aplique fuego, que queme lo que sobra, que intervenga los ecosistemas y no solo los observe. El segundo componente de una silvicultura preventiva activa es la prescripción sistemática de las quemas de desechos agrícolas. Todos sabemos que sería ideal no tener que quemar los desechos por la contaminación del aire que ello provoca, pero la eliminación de desechos agrícolas por fuego se ha hecho desde la instalación de la agricultura cerealera moderna en Chile y se seguirá haciendo mientras las condiciones climáticas sigan permitiendo los cultivos de secano. El tercer elemento de la silvicultura preventiva corresponde al programa de cortafuegos de caminos para evitar fuegos por acción de automovilistas. Este programa incluye, igualmente, la corta de vegetación bajo los tendidos eléctricos para evitar fuego por arco en tormentas de viento. Estos dos últimos componentes deben ser resueltos por las empresas o propietarios involucrados.
En tercer lugar, se requiere un trabajo directo en las zonas llamadas de interfaz, que son aquellas áreas de ecotono entre los ecosistemas forestales ya sea plantados o naturales y la urbe. Aquí se verifica la mitad de los incendios rurales de nuestro país. En estas zonas de interfaz se debe coordinar con los municipios y las organizaciones territoriales, como las juntas de vecinos, un trabajo de intervención directa de despeje físico de vegetación indeseada, de microbasurales, de control de roedores y de eliminación de malezas herbáceas. Al día de hoy, la Conaf ha caracterizado y cartografiado las zonas de interfaz de mayor incidencia en el número de incendios forestales de Chile. La ley que se discute en el Congreso simplemente ayudará a caracterizar mejor estas zonas, pero lo que hay que hacer y cómo se debe hacer, es materia conocida desde hace mucho tiempo en esta institución.
En cuarto lugar, se requiere una acción permanente de coordinación de la autoridad forestal y la autoridad policial. Esto, porque la generación de incendios que luego afectan áreas forestales y son considerados como tales, son producto de la acción delictiva de personas que, frente a la presencia de la autoridad policial, pueden desistir de generar un foco de fuego. La efectividad de la disuasión policial es particularmente cierta en los días de altísima vulnerabilidad o días llamados de 30x30x30 (30 grados de temperatura, 30% de contenido de humedad y 30 nudos de velocidad del viento), que generan la activación del llamado botón rojo de Conaf. Los patrullajes permanentes en zonas de alto riesgo en momentos críticos reducen significativamente la generación de focos de fuego.
En quinto lugar, se requiere contar con un cuerpo de brigadistas de prevención todo el año. Esto, porque la acción de prevención se desarrolla esencialmente en invierno. En efecto, el despeje de las zonas de interfaz, el fuego técnico o la mantención de áreas desprovistas de vegetación, como cortafuegos, son acciones eminentemente invernales. Las brigadas de prevención de incendios forestales son diferentes de aquellas que se especializan en el combate de incendios. Es así porque las primeras deben tener desarrollada un área táctico-estratégica territorial mucho más fina que las segundas; deben poseer una antena poderosa de trabajo comunitario; deben poseer capacidad administrativa de licitación de obras de rápida ejecución y deben tener capacidad de acción importante sobre el territorio.
En sexto lugar, se requiere desarrollar una coordinación público-privada de sintonía fina. Esto debe estar enfocado en actuar sobre el territorio de manera coordinada. Si es posible, sumar acciones sobre un mismo territorio conflictivo, si no es posible, nunca desarrollar acciones contraproducentes o en disonancia con las que se requiere desde el punto de vista privado. La prevención de incendios forestales debe tener una antena de coordinación hacia el sector privado que redundará en importantes economías de escala público-privada.
Finalmente, pero no por ello menos importante, está la descentralización presupuestaria, de parte del Estado central, que la prevención de incendios forestales requiere. En efecto, el presupuesto para desarrollar la acción sobre los territorios debe ser asignado por el Estado a los gobiernos regionales, los que deben definir las prioridades de prevención segregadas según necesidades regionales. Así, los presupuestos para la acción de la sociedad civil como las juntas de vecinos, los clubes deportivos y otros, que son los accionan directamente sobre las zonas de interfaz, deben ser asignados por los respectivos Gores y los municipios correspondientes.
Las actuales condiciones en las cuales el Estado de Chile enfrenta la prevención de incendios forestales imposibilitan que tenga una política nacional de prevención de incendios forestales. Esto no solo porque su escuálido presupuesto en prevención, que si bien es cierto desde 2017 dobló la cifra histórica del 2%, hoy no supera el 5% del gasto total en combate de incendios forestales, sino porque, y muy particularmente, el Estado chileno no entiende qué es prevención y la confunde, ex profeso, con combate.
En efecto, es desde siempre que el Estado de Chile nos ha presentado la prevención como una serie de campañas periodísticas de radio y televisión que llaman a no provocar incendios forestales. El Estado chileno siempre ha sabido que esas campañas no sirvieron, no sirven y que no servirán nunca para prevenir incendios. Una política de prevención de incendios forestales requiere que el 50% de los recursos financieros que se usan en materia de combate se utilice, de hoy en adelante, en prevención. Solo así haremos prevención en serio.
En la actualidad se discute una ley de prevención de incendios forestales. Es un muy buen paso adelante, pero es completamente insuficiente. Se requiere una voluntad política irrestricta que aumente el presupuesto de la prevención, que haga de tripas corazón y se la juegue por la prevención sacando recursos al combate. Esto último se sabe que es muy difícil, porque se corre el riesgo de sufrir temporadas catastróficas con megaincendios, aunque a la postre evitar incendios redundará en disminución de costos para el país. En el largo plazo es más barato prevenir los incendios forestales que combatirlos.
Por último, es importante consignar que Chile posee vocación de catástrofe o desastre o emergencia. Esto, porque no son pocas las emergencias que nuestro país debe enfrentar: terremotos devastadores, tormentas que generan inundaciones catastróficas, sequías prolongadas, terremotos blancos en invierno, entre otras. Los incendios son catástrofes y emergencias como cualquier otra a las que el país se ha acostumbrado. Toda su organización pública se encuentra especializada en gestionar emergencias, posee, incluso, una entidad que se especializa en ello. Por eso, una política nacional para evitar incendios forestales se transformaría en un contrasentido hacia la organización misma del Estado chileno en la actualidad. Nadie en su sano juicio y que se encuentre involucrado en los incendios forestales, querría invertir ni un solo peso en prevenir incendios si todo está organizado para combatirlos. Eso es el cartel del fuego. Es la organización nacional e internacional que nos pretende convencer de que los fuegos forestales son una realidad inexorable y que tendremos que seguir gastando como país cifras siderales en medios de combate que ellos mismos proveen.
Pero eso no es verdad. Los incendios se pueden prevenir. Los incendios se pueden eliminar al máximo. Los incendios se pueden restringir a mínimos manejables si hacemos algo parecido a lo que hemos descrito más arriba. En realidad, esta puede ser una tercera verdad incómoda para el cartel que sustenta la economía que se basa en los incendios forestales en Chile y el resto del mundo.
