Opinión
La CTCI requiere una mirada aún más integral y una agenda más ambiciosa que la actual, que vincule de forma efectiva la ciencia y el conocimiento con todas aquellas áreas y ámbitos en los que puede jugar un papel (como la cultura, la educación, la política y por supuesto la economía).
La creación de la nueva institucionalidad para la ciencia y el conocimiento en Chile (materializada en la Ley 21.105 promulgada el año 2018, y elaborada en un proceso de diálogo durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet) fue precedida por años de debate que nos dejaron al menos tres diagnósticos ampliamente conocidos: primero, la ausencia de estrategias específicas de fomento científico (así como de una institucionalidad que implementara dicha estrategia a través de políticas y acciones); segundo, la duplicación y dispersión de esfuerzos entre CONICYT y Corfo; y, tercero, la débil situación institucional del Consejo de Innovación para la Competitividad, en aquel entonces el único organismo a cargo de generar una mirada estratégica para la ciencia, aunque en un ámbito muy reducido, a saber, su relación con el desarrollo productivo y la competitividad.
De este modo, la Ley 21.105 creó una nueva institucionalidad en materia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación (CTCI), lo que supuso un quiebre respecto a estas deficiencias, ofreciendo al país no solo un renovado Consejo que ahora debía velar por una mirada sistémica e integral y que por primera vez incluiría de forma explícita el desarrollo de la ciencia dentro de su ámbito de acción, sino que además dotó a dicho consejo de sustento legal y político, encargándole la tarea de elaborar una estrategia de CTCI. Además, la ley buscaba reducir (o al menos matizar) la duplicidad de esfuerzos, centrando ciertas responsabilidades en el recientemente creado Ministerio de CTCI, entre ellas la elaboración de una política específica para el área. Más importante aún es que la nueva ley dejaba de concebir la investigación científica como un insumo meramente productivo, mandatando a la nueva institucionalidad para desarrollar una mirada más integral respecto al papel de la ciencia en nuestro desarrollo (mirada que, en teoría, debía reflejarse en la última Estrategia de CTCI, algo que lamentablemente no ocurrió, como señalé en una columna anterior en este medio).
Apenas cinco años más tarde, el gobierno del presidente Gabriel Boric sorprende con un proyecto de ley que amenaza con echar por tierra los avances que había supuesto la Ley 21.105, consolidando de paso una visión en extremo economicista del papel de la ciencia, reduciéndola nuevamente a su aporte productivo. Además, vuelve a fracturar la institucionalidad científica en dos silos, cada uno a cargo de una política separada y que deberá abordar ciertos aspectos del desarrollo científico, pero dejando a la ciencia propiamente tal sin una estrategia específica de desarrollo para el área.
El proyecto de ley enviado al Senado (Boletín N° 16.441-19) parte con ciertas premisas cuestionables. Por ejemplo, insiste en que “si bien el Consejo CTCI y sus instituciones precedentes han cumplido la importante tarea de posicionar la discusión sobre la ciencia y el conocimiento como piezas esenciales para el desarrollo, no ha llegado a configurar una estrategia nacional que abarque con propiedad estas dimensiones, especialmente la productiva”. En este diagnóstico el error es doble. Primero, el Consejo de Innovación ha sido más que capaz, en sus sucesivas etapas (CNIC, CNID, o Consejo de CTCI), de “configurar estrategias”. Sin embargo, lo ha hecho mediante un proceso de debate elitista y que en general no ha sabido incluir debidamente la opinión de la comunidad científica, lo que se ha traducido en que no se haya logrado posicionar aún la discusión sobre la CTCI como pieza del desarrollo (dicho posicionamiento, aún débil, llegó recién con la discusión sobre la creación del Ministerio de CTCI y la nueva institucionalidad). Más importante aún, el principal —y a ratos único— foco de las estrategias del Consejo, en lo que a la ciencia se refiere, ha sido su vinculación con el desarrollo productivo, contradiciendo lo señalado en el proyecto de ley. De hecho, rara vez estas estrategias han formulado una hoja de ruta para el desarrollo integral de la investigación científica, y en consecuencia el actual sistema de CTCI sigue siendo muy similar al que teníamos hace veinte años (a lo sumo se ha sobrepoblado con un exceso de instrumentos de financiamiento, pese al estancamiento presupuestario medido como porcentaje del PIB), preservando así graves deficiencias estructurales. En resumen, lo que ha ocurrido en la práctica ha sido lo opuesto a lo argumentado en el mensaje que acompaña al proyecto de ley.
La CTCI requiere una mirada aún más integral y una agenda más ambiciosa que la actual, que vincule de forma efectiva la ciencia y el conocimiento con todas aquellas áreas y ámbitos en los que puede jugar un papel (como la cultura, la educación, la política y por supuesto la economía). Sin embargo, el proyecto de ley nos devuelve a una época en que el principal valor que el Ejecutivo veía en la ciencia era en el desarrollo productivo, es decir, una ciencia para la competitividad y productividad. Esto constituye un evidente retroceso. De hecho, dos de los principales logros de la Ley 21.105 consistían en que ahora el Consejo de CTCI debía incluir la ciencia en su ámbito de interés de forma explícita, con una mirada más integral y que superara la preocupación meramente productiva, y que la Estrategia de CTCI ahora estaría llamada a sustentar una “política de CTCI” formalmente inexistente durante décadas. Ambos avances se ven amenazados con este proyecto de ley, el cual crea un “Consejo Nacional de Futuro y Desarrollo” a cargo de elaborar una nueva estrategia “con especial foco en el conocimiento y las capacidades productivas nacionales”, la cual deberá dar sustento ahora a dos políticas, la Política Nacional de CTCI y una nueva “Política Nacional de Desarrollo Productivo Sostenible” (DPS). Aquí se advierte un problema evidente, ya que la política de CTCI no podrá nutrirse adecuadamente de la nueva estrategia, toda vez que esta restringirá su foco a la relación de la CTCI con “las capacidades productivas nacionales”, pues es ahí en donde está su principal mandato e incentivo político. Esto debilitará la política de CTCI, la cual posiblemente pasará a un rol secundario respecto a la política de DPS. Por otro lado, el hecho de que el desarrollo científico deberá promoverse a través de ambas políticas conducirá inevitablemente a problemas de coordinación, incentivos y duplicidades.
En definitiva, el cambio legal propuesto en el proyecto de ley debilita la institucionalidad científica, al eliminar efectivamente el único órgano encargado de pensar, con mirada estratégica, el desarrollo de la ciencia y el conocimiento en sus múltiples ámbitos de impacto, más allá de solo el productivo. Desde luego es esencial que los países cuenten con una institucionalidad a cargo de una mirada prospectiva, que identifique desafíos emergentes y futuros y pueda concebir estrategias que se traduzcan en políticas públicas para encauzar el desarrollo sostenible de los países. En este sentido, debemos coincidir con lo planteado por la presidenta del Consejo de CTCI, Silvia Díaz, en su reciente columna en este medio, en la cual señala que “el cúmulo de cambios tecnológicos, sociales y productivos que han tenido lugar en las últimas décadas ha dejado en evidencia que no podemos seguir actuando igual que antes y que la normativa chilena necesita adecuarse a las necesidades y exigencias con visión de futuro”. Sin embargo, es difícil calificar como “una muy buena noticia” la creación de la nueva institucionalidad a expensas de las necesarias capacidades estratégicas para velar por un desarrollo científico integral, que trascienda al ámbito meramente productivo y dé cuenta del derecho de los países a participar del progreso científico. Por el contrario, el proyecto de ley que termina con el Consejo de CTCI es un duro golpe para la ciencia y constituye un evidente retroceso.
Considerando la ya dilatada crisis que vive la ciencia en nuestro país y la incapacidad de sucesivos gobiernos de darle solución, hoy se vuelve más necesario que nunca contar con una instancia de visión estratégica que vele específicamente por el desarrollo científico y su relación con los diversos ámbitos en los que este puede generar impacto. La creación de un “Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico”, que colabore y nutra al propuesto Consejo Nacional de Futuro y Desarrollo pero que también pueda relacionarse con instancias similares en los ámbitos de la cultura y la educación (por mencionar solo dos ejemplos), podría ofrecer una alternativa que evite los problemas que plantea el actual proyecto de ley, fortaleciendo de paso la aún débil política de CTCI y, con ello, la labor del Ministerio.
