Opinión
BBC
Ante la amenaza de una crisis energética mundial derivada del boicot occidental a las exportaciones rusas de hidrocarburos, Estados Unidos decidió pragmáticamente hacer las paces con el Gobierno de Maduro, levantando una serie de sanciones.
El culebrón, telenovela o teleserie es un formato de televisión producido originalmente en varios países de América Latina, que cuenta una historia melodramática a lo largo de varios capítulos, que pasa por muchas tribulaciones, pero que normalmente tiene un final feliz para los protagonistas.
Las telenovelas están llenas de intrigas, engaños y confusiones y, de abordar inicialmente solo problemáticas sentimentales, han sumado temas como las enfermedades graves, la drogadicción, la homofobia y el crimen, entre otras realidades y problemáticas sociales.
Venezuela, junto con Brasil y México, fueron tempranos productores y exportadores de este género televisivo. Más allá de la fortalezas de sus industrias audiovisuales, su propia realidad e idiosincrasia favorecía este tipo de programas. Lo que visto desde otras latitudes parecía exagerado o incluso inverosímil, en estos países pasaba como un reflejo de la realidad en muchos casos.
En Venezuela, desde que en 1999 se instaló en el Gobierno el régimen chavista, se ha generado un gran culebrón, con elecciones limpias pero también fraudulentas, cambio constitucional, enfermedad y muerte de su fundador, sucesión entre gallos y medianoche de Nicolás Maduro, persecución de la oposición, más elecciones fraudulentas, presión y boicot internacionales, múltiples negociaciones frustradas entre Gobierno y oposición para retomar la senda democrática, crisis económica y emigración (alrededor de un cuarto de la población), impactando al vecindario con el ingreso abrupto y masivo de personas en sociedades ya exigidas por la crisis sanitaria y económica.
En suma, una sucesión de episodios con alargue indefinido y sin visos de culminar.
Mas, como toda buena telenovela, siempre surge algún giro imprevisto, que aviva la trama. Esto vino de la mano de la invasión rusa a Ucrania. Ante la amenaza de una crisis energética mundial derivada del boicot occidental a las exportaciones rusas de hidrocarburos, Estados Unidos decidió pragmáticamente hacer las paces con el Gobierno de Maduro, levantando una serie de sanciones y posibilitando así la reincorporación de Venezuela al mercado energético. Sin embargo, esta tregua no fue incondicional y se exigió al régimen chavista sentarse (una vez más) a negociar con la oposición, para llevar a cabo unas elecciones libres y competitivas durante el 2024, con supervisión internacional.
Bajo este condicionamiento, el Gobierno y la oposición celebraron nuevas conversaciones que derivaron en el acuerdo de Barbados (por esa nación insular) el 16 de octubre. En él se acordó permitir la participación de todos los candidatos en la contienda electoral. Así se abrió una puerta para destrabar las inhabilitaciones políticas con las que Maduro ha logrado bloquear a su competencia en los últimos años. A la firma de dicho compromiso le siguió un levantamiento parcial de las sanciones petroleras contra Venezuela, que supondrá al menos por seis meses –en principio hasta abril– una mejora en el flujo de ingresos del Gobierno. La distensión también ha levantado el interés de un puñado de petroleras que han iniciado conversaciones sobre inversiones en el país. Maduro se daba por satisfecho con este respiro económico, pero Estados Unidos exigió que se presentara un procedimiento para la habilitación de candidatos, que se logró el 30 de noviembre pasado.
Una semana después del acuerdo, en unas primarias organizadas por la oposición y en las cuales, a pesar de todas las dificultades y cortapisas, participaron más de 2 millones de ciudadanos, fue electa la exparlamentaria Corina Machado, con 90% de las preferencias. Sin embargo, rápidamente su candidatura fue impugnada por la institucionalidad oficialista y claramente el régimen busca sacarla de la carrera porque, en unas elecciones mínimamente libres, Maduro tiene pocas posibilidades frente a ella. Por eso, la apuesta es neutralizar a todos los candidatos competitivos y eventualmente tener elecciones limpias, pero sin alternativas reales ante el incumbente.
La exclusión de la candidatura de Machado por un dictamen institucional ha sido acompañada por una nueva campaña de persecución judicial y policial en contra de sus aliados y otras figuras opositoras, contraviniendo el acuerdo suscrito hace algunas semanas.
El mecanismo logrado el 30 de noviembre estableció que todo potencial candidato inhabilitado podía, hasta el viernes 15 de diciembre, recurrir de amparo ante el Tribunal Supremo para que se revise su caso. Sorpresivamente, Machado concurrió a solicitar su habilitación, habiendo dado señales en contrario en los días previos. El cambio no responde a la creencia de que súbitamente la institucionalidad abandonará su parcialidad chavista, sino justamente en situar el potencial fracaso del proceso en el Gobierno. Si se mantiene su inhabilitación, será confirmar la nula voluntad democrática del régimen y, eventualmente, se volverán a levantar las sanciones y una campaña internacional y doméstica por elecciones libres. Si, en cambio, se rehabilita, la oposición tendrá reales posibilidades de triunfar en el supuesto de una elección transparente.
Machado y la oposición se sienten en mejor pie que en procesos anteriores y saben que el Gobierno está debilitado, especialmente desde la perspectiva económica. Volver a las sanciones cuando hay una incipiente mayor holgura, sería complejo para el régimen.
Pero, así como la oposición mueve sus fichas, también el Gobierno mueve las propias. Maduro intentó en el referéndum sobre el Esequibo medir su capacidad de movilización de cara a unas elecciones, algo que no se percibió, a pesar de que las autoridades electorales aseguraron que votaron 10,4 millones de venezolanos. Esa movilización se hizo en función de la carta nacionalista, en un tema, como es la recuperación de ese territorio, que une a todos los venezolanos. Por eso de seguro esta carta se seguirá agitando, equiparando además a la oposición como antipatriota al estar subordinada a la agenda estadounidense.
Otra estrategia gubernamental apunta, dadas las condiciones de acoso permanente a los principales líderes opositores y sus equipos, a tentar o empujar al sector que aglutina Machado a abandonar la ruta electoral y pedir más presión internacional. Así, el régimen quedaría como el que ha hecho todo lo posible para buscar una salida electoral, que es la demanda histórica de la oposición, siendo esta la que le daría vuelta la espalda, evidenciando por un lado la falta de credenciales democráticas y, por otro, su incapacidad y desinterés por representar a los venezolanos.
Todavía no se ha fijado una fecha para las elecciones que deberían ocurrir en el segundo semestre de 2024, como se acordó en Barbados, pero, en lo inmediato, el próximo paso depende del Gobierno, por intermedio del Tribunal Supremo.
¿Cuántos capítulos más tendrá este culebrón antes de una feliz conclusión? Lo único cierto es que queda guion para un buen rato. Otra cosa es que la audiencia exija su término y con un buen final.
