Opinión
La clase política como un todo está abandonando uno de sus compromisos con la ciudadanía y consigo misma más fundamentales de la historia republicana, contraído en el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019.
Quedé pasmado con la opinión de casi todas las autoridades, políticos, analistas y líderes de opinión el día de plebiscito. Voy a opinar contra la cátedra.
Primero afirman que el plebiscito 2023 cerró definitivamente el proceso constitucional. Algunos incluso afirman que se cierra el proceso constitucional hasta por 20 a 30 años más. Eso es una fantasía. Lo único que ha hecho es mantenernos exactamente igual, divididos, con similares porcentajes que los del plebiscito de 1988 y con una Constitución vigente que mantiene los mismos graves problemas que impiden que el país funcione bien, resuelva nuestros conflictos razonablemente, restablezca la unidad, permita generar acuerdos y consensos, y sea eficaz para permitir resolver importantes anhelos ciudadanos postergados.
Ahora políticos y analistas chutean la pelota fuera del estadio, como don Otto vende el sofá para que no le pongan los cuernos, taladran el fondo del bote para que no se hunda o, como Lope de Vega en su tragicómica Fuenteovejuna, le echan la culpa a todo el pueblo. Y en una vuelta propia del realismo mágico, como si estuviéramos jugando al ludo, el Metrópoli o las carreras de autitos, caímos en el peor de los casilleros. Después de cuatro años los políticos y analistas nos dicen: “Vuelva al punto de partida” y espere allí varios años o para siempre.
Algunos pendientes de la Constitución vigente son gravísimos, fundamentales: tiene un sistema político ineficaz que ha hecho imposible llegar a acuerdos para resolver los problemas ciudadanos con oportunidad entre el Ejecutivo y el Congreso. Lo vemos hoy con el sistema previsional que lleva 10 años en discusión, el pacto fiscal, las isapres y el sistema de salud, etc. La Constitución vigente tampoco reconoce un sistema social y democrático de derecho, que fue uno de los 12 bordes o bases fundamentales fijados para una nueva Carta Magna, aprobados por el Congreso Nacional, que representan puntos de partida razonables, consonantes con nuestra historia constitucional, que gozaron de apoyo transversal de las distintas fuerzas políticas, además de niveles de adherencia de un 83 % en la ciudadanía, según un estudio de Cadem Research (2022, 26 de diciembre).
La Constitución vigente tampoco ha incorporado elementos para modernizar el Estado; ni nuevos derechos sociales que la ciudadanía anhela desde hace años. No lo ha hecho con los “derechos de tercera generación”, como el derecho a la imagen, la protección de los datos e información personal, protección de personas en situación de discapacidad. No ha consagrado la paridad de género bajo una forma razonable y otros derechos que reclaman las mujeres. No ha incorporado nuevas instituciones para mejorar la seguridad ciudadana ni defender a las víctimas. Tampoco ha reconocido a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, ni el respeto y promoción de sus derechos y culturas. Mantiene las bases de un sistema económico preciso, basado en la propiedad, el mercado, la privatización, la desregulación y el Estado subsidiario, vigente desde 1980. En fin, tanto más.
¿No están acaso en todos esos vacíos de la Carta Fundamental vigente las causas fundamentales del malestar ciudadano que explotó en el estallido social de 2019, que vino germinando desde 2011?
¿Y pretenden dejarlo así? ¿O una maquillada por allí y otra para acá? ¿O cambiar solo el sistema político?
La clase política como un todo está abandonando uno de sus compromisos con la ciudadanía y consigo misma más fundamentales de la historia republicana, contraído en el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019. Viola el resultado del plebiscito de entrada de hace apenas 3 años, que votó por un 78 % dictar una nueva Constitución. Me parece inadmisible que admitan un fracaso de esa envergadura sin más. La política es el arte de lo posible, lo que implica escuchar, negociar, ponerse de acuerdo y avanzar en función del bien común. También requiere liderazgo, empuje, patriotismo, visión de largo plazo.
Además de cerrar el ciclo constitucional, de capitán a paje agregan que la mayoría del voto en contra de los proyectos constitucionales de la Convención del año 2022 y del Consejo Constitucional de 2023 es una demostración de que a la ciudadanía definitivamente le gusta y respalda la Constitución vigente, que no sería tan mala, ya se llame de 1980, de 2005, de Pinochet, de Ricardo lagos, o como usted prefiera llamarla.
Pero eso tergiversa de manera evidente los resultados de los tres últimos plebiscitos. El plebiscito de entrada de 2020 consultó: “¿Quiere usted una Nueva Constitución?”. Un 78% votó Apruebo, gran consenso. Zanjado. En el plebiscito de 2022 se preguntó: “¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?”. Rechazado. Punto. Y en el de 2023 se preguntó: “¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución?”. En Contra. Por tanto, los plebiscitos de 2022 y 2023, jurídica y políticamente, no manifestaron una voluntad y un voto en favor de la Constitución vigente, sino solo contra el texto de los proyectos de Constitución de la Convención y del Consejo. Nunca se ha consultado a los ciudadanos su voluntad de continuar con la Constitución vigente. La pregunta más cercana a ello fue la del plebiscito de entrada de 2020, apenas hace 3 años, que consultó: “¿Quiere usted una Nueva Constitución?”. Un 78% votó Apruebo, gran consenso.
Convengamos en que en este plebiscito y el proceso completo todos perdieron. Salvo dar una salida institucional a la crisis de 2019 y generar una tregua o una paz frágil de un partido en dos. La clase política completa fracasó. La ciudadanía y el país perdieron tiempo, plata, paciencia y solución a sus problemas reales. Por tercera vez la ciudadanía vota golpeando la mesa, exigiendo sentido común, moderación. Rechazando la endogamia y el reality show de la clase política, tan reconcentrada en sí misma y en sus cálculos de corto plazo, desconectada de la ciudadanía y sus necesidades reales hace muchos años.
Chile sigue tan enfermo, dividido, herido y sangrante como hace 4 años.
En mi columna anterior, “¿Sirve la Constitución para lo que Chile necesita hoy?”, señalé que una tercera vía para recuperar un clima de paz y progreso es construir acuerdos y aprobar con rapidez reformas y políticas públicas específicas en salud, previsión, educación y seguridad pública. Sin embargo, esto es lo que precisamente debió hacer el Congreso Nacional al día siguiente del 15 de noviembre de 2019. Han pasado cuatro años y no han avanzado casi nada. El Congreso delegó en la Convención y en el Consejo Constitucional la redacción de la nueva Constitución. Por tanto, el Ejecutivo y el Congreso tuvieron el tiempo y las facultades suficientes para avanzar rápido en todas las reformas o mejoras sociales reclamadas por la ciudadanía en salud, previsión, educación, vivienda, igualdad de género, etc. En cuatro años no han avanzado casi en nada. Uno se pregunta legítimamente si no saben hacer la pega, son flojos, tienen muy bajo nivel o no pueden avanzar porque la Constitución actual los entrampa. Si piensan que no son los primeros motivos, entonces es el último. Sáquenla adelante.
