Opinión
El fortalecimiento de la confianza en las instituciones debe ser un objetivo de toda la institucionalidad, especialmente de los gobiernos de turno y de la administración pública en su conjunto.
La crisis que afecta a las instituciones, de la cual se viene advirtiendo y escribiendo desde hace bastante tiempo, ha puesto el énfasis en los partidos políticos, en el Congreso y, en general, en la institucionalidad política. Sin embargo, la administración del Estado no es ajena a este fenómeno y poco se ha dicho.
Un documento publicado hace pocos días por el Centro de Estudios Públicos, que analiza la confianza institucional como un elemento trascendente en el desarrollo del país, revisa tres instituciones para el caso de Chile: Gobierno (o administración pública), Congreso y Tribunales de Justicia en dimensiones tales como Confianza, Preparación, Benevolencia e Integridad. En las cuatro dimensiones se repite el mismo patrón: todas las instituciones tienen un puntaje bajo –en una escala de 0 a 10– en todas de las dimensiones, siendo el Congreso el peor evaluado, con un puntaje promedio de 2,15; Gobierno, con un puntaje promedio de 2,61; y Tribunales de Justicia, con un puntaje promedio de 2,88 (Encuesta Bicentenario UC 2021).
La administración pública es parte del Estado, quizás el sector más visible para la ciudadanía. Esta provee la mayor parte de los bienes públicos y realiza servicios sociales, ordenamiento territorial, promoción de la actividad económica, el cuidado del medioambiente, integración de personas vulnerables, entre muchas otras. Sin embargo, el rol que está cumpliendo el Estado es insuficiente e ineficaz, principalmente si se evalúan dos dimensiones.
Una dimensión objetiva que tiene que ver con los resultados materiales de la acción del Estado, como falta de control y planificación de los temas migratorios, servicios sociales que no cubren los mínimos para vivir dignamente, una alta desigualdad que persiste a través de los años. Sobre esto es pertinente considerar lo señalado por el cientista político Benjamin Lessing, quien describió Latinoamérica como “un lugar donde los sectores medios y altos viven en zonas gobernadas por un Estado democrático, mientras que los sectores medios-bajos y bajos habitan lugares en donde el Estado cogobierna con grupos criminales” (Tercera dosis). Evidentemente, Chile no se escapa a este diagnóstico, aun cuando puede haber distintas posturas.
Por su parte, la dimensión subjetiva –también medible– tiene que ver con las percepciones que tiene la ciudadanía sobre la acción del Estado a través las instituciones y las personas que las conforman, y esto a mi juicio (ya que no existen datos longitudinales específicos) ha ido decreciendo. La función pública, si bien se ha profesionalizado, ha ido perdiendo cercanía con la ciudadanía y se percibe como un grupo que se moviliza solo para defender intereses corporativos.
La administración pública y sus trabajadores han contribuido a que el país se modernice. En los años 2000 el país se centró en realizar importantes esfuerzos por modernizar el Estado, con foco en contribuir a disminuir la pobreza, avanzar en cobertura de salud y educación, así como desarrollar más y mejor inversión pública. Para ello se profesionalizaron las dotaciones públicas, se hicieron esfuerzos por mejorar las rezagadas remuneraciones del sector y se establecieron los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG), siendo este un mecanismo que asocia el cumplimiento de objetivos de gestión a un incentivo monetario para los funcionarios. Sin embargo, y reconociendo la gran utilidad que cumplió en su momento, es evidente que este mecanismo se agotó y que en la actualidad no contribuye a generar avances sustantivos en la dirección que le dio origen.
De algún modo el interés por la crisis institucional se ha centrado en las instituciones políticas, pero gran parte de ella se despliega desde el Estado. Un actor que, si no incorpora esta dimensión –subjetiva–, tanto en el diagnóstico como en los esfuerzos reparatorios, condenará a perpetuar y agudizar esta crisis.
Evidentemente existen elementos compartidos con la institucionalidad política. El primero es la desconexión de la institucionalidad con la ciudadanía. Al igual que la política, la administración pública ha descuidado el vínculo con la ciudadanía.
La administración pública ha crecido de manera importante en las últimas dos décadas y eso ha implicado que la política vea allí un espacio de interés prioritario para las negociaciones de altos cargos, una vez en el Gobierno.
La administración pública opera bajo el marco de un Estado subsidiario. Esto implica que muchas de las cosas que se impulsan desde el Estado son contratadas en el mercado, constituyéndose en contraparte y entregando importantes cuotas de poder a jefaturas y funcionarios, que muchas veces no desarrollan adecuadamente este rol.
Por su lado, la tecnocracia que se impulsó durante los años 2000 desmanteló a los servicios públicos de la épica que se necesita para entender que trabajar en la función pública es una gran responsabilidad que tiene como eje central la empatía, la ética y el sentido de justicia.
Las acciones de participación ciudadana han sido simbólicas y han generado desconfianza y suspicacia en quienes genuinamente han respondido al llamado de participación.
La ética, la probidad y la transparencia son elementos que, tardíamente, se están incorporando con fuerza a la administración pública.
El rol que han cumplido las asociaciones de funcionarios públicos ha sido efectivo en el avance de los derechos de sus representados, pero menos efectivo en su rol de promoción del bien común.
El desarrollo de un país depende de muchos factores y actores (Estado, mercado, organizaciones de la sociedad civil). Por eso es necesario que esta relación se desarrolle en un marco de confianza. La confianza es un requisito para un trabajo mínimamente colaborativo.
Francis Fukuyama (1996) señala que el “crecimiento económico y fortalecimiento democrático de los países está intrínsecamente ligado a las capacidades de desarrollo de confianza, así, la confianza es igual de importante que cualquier otro capital, pues sus múltiples manifestaciones, como la asociatividad, cooperación y civismo, impulsan fuertemente el crecimiento de los países”.
El fortalecimiento de la confianza en las instituciones debe ser un objetivo de toda la institucionalidad, especialmente de los gobiernos de turno y de la administración pública en su conjunto. Es muy importante seguir conociendo datos de la percepción de nuestras instituciones. Y ello debe interpelarnos como sociedad para exigir nuevos acuerdos y nuevas formas de gobernanza entre el Estado y la sociedad.
