Los incendios y la (no) gobernanza anticipatoria

Los incendios que devastan regiones y poblaciones de nuestro país, y con mayor dramatismo aún los sufridos recientemente por la V Región -calificados ya como el mayor desastre en vidas y bienes materiales desde el terremoto de 2010- son una prueba irrebatible de la ausencia histórica en Chile de una gobernanza anticipatoria. Los intentos que visionariamente se plasmaron en la década de los sesenta del siglo pasado en la CORFO y ODEPLÁN, fueron progresivamente devaluados y desmantelados por considerarlos innecesarios, o se retrotrajeron a la sola regulación o planificación de corto plazo. 

Lo que ocurre en Chile, es una de las muchas evidencias de que las llamadas catástrofes “naturales”, las emergencias, los  riesgos críticos y amenazas que se viven cada vez con mayor frecuencia e intensidad en el mundo, son producto de la falta de visión prospectiva con que se toman las decisiones. A ello apunta lo que se conoce desde hace muchos años como “gobernanza anticipatoria”, a la falta de ella, y a la imperiosa necesidad de que a escala global, nacional y local, los tomadores de decisión sean alimentados con una visión prospectiva, metodologías e instrumentos de planificación estratégica, mediante una institucionalidad específica -sea una Oficina, una Agencia, un Ministerio- que concentre dichas capacidades con equipos especializados, habilitados para crear escenarios de futuros posibles, inevitables y deseables para orientar las políticas públicas. Una institucionalidad con peso específico, eso sí, vinculada al núcleo de la toma de decisiones -por ejemplo, al gobierno central y local, al parlamento, a los centros de decisión internacionales y organismos  multilaterales-. 

Entre muchas definiciones, nos parece que la proporcionada por la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) desde 2009, exclusiva organización global de buenas prácticas a la que Chile pertenece, la Gobernanza Anticipatoria es “la sistemática incorporación y aplicación de estrategias de previsión a lo largo de toda la arquitectura de gobernanza, incluido el análisis de políticas, la participación y la toma de decisiones” y se basa en la Prospectiva Estratégica, que se define como la “estructurada y explícita exploración de múltiples futuros para informar la toma de decisiones”. Según la experta chilena Paola Aceituno, este tipo de gobernanza puede ser construida en la medida que los gobiernos cuenten con análisis prospectivos de calidad, y que los tomadores de decisión sean capaces de usarlos. 

A nivel global, son un referente las propuestas en este sentido que ha hecho la Secretaría General de las Naciones Unidas para su gobernanza 2.0, las emanadas del Millennium Project, la World Futures Studies Federation, o las agencias, oficinas y servicios dispuestos por gobiernos como Francia, España, Singapur, Australia, Finlandia, Japón, Costa Rica, Colombia, México y muchos otros.

La no anticipación tiene costos multidimensionales. Además del sufrimiento y la inconmensurable pérdida de vidas humanas, hay datos concretos sobre la pérdida material y el retroceso en niveles de desarrollo que producen los riesgos y emergencias previstas, pero no atendidas anticipatoriamente. La pandemia COVID-19 fue anunciada en detalle durante treinta años. El cambio climático y sus efectos en desastres “naturales” fue anticipado en 1972 como producto de un modelo de desarrollo equivocado, por el informe “Los límites del Crecimiento” del Club de Roma, reiterado por universidades y agencias especializadas. Incluso las guerras de Rusia-Ucrania y Hamas-Israel, responden en gran medida a malas decisiones geopolíticas tomadas en ausencia de una adecuada prospectiva estratégica, que ahora se trata de corregir.

Hay varios elementos básicos que tener en cuenta para disponer efectivamente de una Gobernanza Anticipatoria. Una genuina visión estratégica, el largo plazo, capacidad de análisis retrospectivo, de tendencias y prospectivo, equipos multidisciplinarios de expertos, participación de las comunidades, y una institucionalidad permanente, autónoma, técnica, con peso en la toma de decisiones para lo que debe estar desvinculada de la gestión cotidiana y la coyuntura.

En esta línea -y esperando que seamos capaces de aprender de las dramáticas lecciones de estos días- el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, ha proporcionado a las instituciones públicas su experiencia y el cúmulo de propuestas en esta materia que viene realizando desde hace diez años. El año pasado, respondió al llamado de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, para integrar una Mesa de Prospectiva para elaborar una propuesta en este sentido al gobierno y al Parlamento. Luego de un año de reuniones a nivel nacional e internacional, con expertos y tomadores de decisión -incluidos parlamentarios, gobernadores, y los expresidentes de la República- así como el análisis documental de las experiencias recientes de países europeos, asiáticos, latinoamericanos, de la Unión Europea y las Naciones Unidas, la Mesa generó un proyecto de ley para crear una Agencia Chilena de Futuro Estratégico con las características ya mencionadas, considerando la vasta experiencia internacional y local. Dicho proyecto fue puesto a finales de 2023 a disposición del ejecutivo y dado a conocer asimismo internamente en el Parlamento.

Por su parte, el gobierno envió en noviembre pasado un proyecto de ley para la creación de un Consejo Nacional de Futuro y Desarrollo mediante la transformación del actual Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo CTCI. Ambos proyectos tienen objetivos generales similares, y sobre todo generan una oportunidad para que nuestro país cuente con una institucionalidad de Gobernanza Anticipatoria y Prospectiva Estratégica. Difieren en cuestiones fundamentales, como por ejemplo el foco de una institucionalidad de anticipación, su composición y dependencia, su capacidad de influir, y los alcances de su trabajo, que en el modelo de la Mesa se vincula más directamente a la toma de decisiones estratégicas integrales, situando la institucionalidad en el centro de la orgánica del estado. Pero queda un tiempo para debatir ambas iniciativas, con amplia participación, y lograr la necesaria convergencia de visiones y propuestas, con el fin de que Chile pueda anticipar debidamente los riesgos y disponer de las medidas preventivas adecuadas.