Opinión
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Una de las principales críticas dirigidas hacia la ANI se refiere a su capacidad de abordar eficientemente la seguridad interna y la amenaza terrorista. Los actores políticos han manifestado su insatisfacción con la operatividad de la agencia en esta área.
En un mundo cada vez más complejo y amenazante, la inteligencia estratégica juega un papel fundamental en la protección de la Seguridad Nacional. Los acontecimientos recientes han puesto el foco en el servicio de inteligencia estratégico de Chile, conocido como Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Sin embargo, más allá de la contingencia, la necesidad de una reforma no es nueva para quienes hemos debido enfrentar en terreno la realidad de sus evidentes limitaciones, lo que representa, sin lugar a dudas, una amenaza a la seguridad de chilenos y chilenas.
La valoración que la autoridad y los actores políticos tienen sobre este servicio incide directamente en su utilidad para la toma de decisiones políticas. En pocas palabras: el grado de utilidad que esta organización presta al país dependerá de la relevancia de las materias que la autoridad somete –e incluso puede que no someta ninguna– a su consideración.
La labor de la ANI está sometida a secreto (artículos 38, 39 y 40 de la Ley N° 19.974), pero los hechos dan luces sobre la valoración que un Presidente tiene respecto de la institución. El no ser incluida en la convocatoria a participar del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para discutir cómo enfrentar la emergencia delincuencial, el crimen organizado internacional y las redes criminales que ingresan al país podría interpretarse como un indicador de ello, pues uno esperaría que el Presidente citara a ese director de inteligencia, que cumple un rol de análisis técnico de la información útil para la toma de decisiones.
El universo de los actores políticos que participa en la toma de decisiones en Chile está compuesto por personas que ejercen o han ejercido cargos de representación popular en el Parlamento o en el Poder Ejecutivo. Estos actores políticos influyen en la valoración y relevancia que se atribuye a la labor de la ANI. Es fundamental comprender que todos los organismos de inteligencia comparten la premisa de recopilar información para reducir la incertidumbre de la autoridad en la toma de decisiones, esta “inteligencia necesaria” se obtiene mediante el procesamiento de la información disponible y se complementa con el uso de fuentes cerradas, cuando las circunstancias lo ameritan.
¿Pero cuáles circunstancias son esas? ¿Terrorismo, crimen organizado, operaciones de ataque y sabotaje de otros países ameritarán el uso de agentes encubiertos? Esta es una decisión colectiva que el país toma a través del Congreso, en formato de ley.
Hoy existen limitaciones legales y restricciones exclusivas impuestas a la ANI. Estas restricciones contribuyen a la percepción negativa que los actores políticos tienen de la agencia.
Una de las principales críticas dirigidas hacia la ANI se refiere a su capacidad de abordar eficientemente la seguridad interna y la amenaza terrorista. Los actores políticos han manifestado su insatisfacción con la operatividad de la agencia en esta área.
Otro tema polémico es el uso de agentes encubiertos. La controversia gira en torno a si estos agentes deben ser funcionarios internos o agentes externos; vale decir, de otras agencias. Es evidente que los agentes externos imponen limitaciones a la efectividad de las operaciones encubiertas, ya que pueden estar sujetos a lealtades contradictorias.
Así, la dificultad subyacente radica en la tentación de las autoridades políticas de utilizar las agencias de inteligencia para sus propios intereses, lo que compromete el éxito de las operaciones y puede llevar al mal uso de los recursos.
Para mitigar estas preocupaciones, algunos políticos han sugerido otorgar a la ANI mayor autonomía y permitir la designación independiente de su director a través de un proceso de selección legítimo que involucre a múltiples poderes del Estado. Una opción es la proposición de una quina al Senado y que este defina, entre otras opciones.
Otra preocupación planteada por los actores políticos es la necesidad de una mejor coordinación entre los organismos de inteligencia. La coordinación efectiva entre estas instituciones es crucial para garantizar medidas de seguridad integrales y eficientes. Sin embargo, las culturas institucionales existentes basadas en la competencia obstaculizan la colaboración efectiva.
En este contexto, el buen criterio indica que la obligación de las distintas agencias de informar a la ANI debería estar respaldada por las atribuciones para hacer cumplir esta obligación.
Un tercer tema para las autoridades lo constituye la necesidad de que la agencia contribuya con información estratégica a la Presidencia. Sin embargo, las acusaciones apuntan en la dirección de que la agencia ha estado lejos de cumplir con estas funciones. Los datos –y la realidad– muestran que las autoridades no están familiarizadas con las funciones y el propósito de un organismo de inteligencia.
Por ello, es importante establecer un claro vínculo entre la Agencia de Inteligencia y el “Centro de Gobierno” (también conocido como el “Segundo Piso”, el órgano asesor responsable de esta labor), fundamental para la toma de decisiones estratégicas, permitiendo que la agencia actúe como un colaborador eficiente al brindar información oportuna.
Existe una falla estructural en la ley que rige a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), por lo que simplemente cambiar los procedimientos internos no sería suficiente para mejorar la institución en las áreas consideradas relevantes por los actores políticos.
Tal vez se podrá construir un “modelo consensual” de servicio de inteligencia, que sea de utilidad para el país, si nos colocamos de acuerdo colectivamente: una agencia que incluya tanto atribuciones como autonomía respecto del gobierno de turno, con un enfoque que concentre la actividad operativa en la seguridad interna contraterrorista, con atribuciones que permitan la exigibilidad de información a las instituciones de seguridad y fortaleciendo el vínculo directo con el Centro de Gobierno.
De este modo, podríamos alcanzar la profesionalización efectiva de un servicio que desarrolle una mayor (y mejor) capacidad de coordinación y obtención de información para salvaguardar el sistema político a nivel interno y proporcionar ventajas competitivas a nivel externo. De lo contrario, cerremos por fuera y aceptemos que no contamos con un servicio de inteligencia efectivo y eficiente, que proteja los intereses nacionales.
