Opinión
Chile es un país geográficamente diverso por lo que las políticas a implementar deben ser apropiadas a cada cuenca, a cada nicho ecológico.
Con el lema “Agua para la paz”, la comunidad mundial celebra el 22 de marzo de 2024 el Día Internacional del Agua, conmemoración que busca enfatizar la cooperación, armonía, buen uso y resiliencia frente a este recurso vital para la vida.
Bien sabido es que, a nivel global, el agua se ha transformado en un bien escaso, debido al crecimiento de la población mundial, el cambio climático y las mayores demandas para el abastecimiento de alimentos, energía, la economía en general y las políticas de salubridad y ambientales.
El contexto internacional es apremiante. La cuarta parte de la población mundial carece de abastecimiento seguro de agua potable y, simultáneamente, los desastres naturales asociados a temporales y desbordes de ríos y lagos causan un elevado número de víctimas y daños a bienes públicos y particulares.
Innegablemente, todos los problemas que se observan a nivel mundial tienen su correlato en Chile. En efecto, el cambio climático y la megasequía que nos afecta en los últimos años han demandado a municipios, Gobiernos Regionales y servicios públicos centrales a desplegar un abanico de acciones para ayudar a las comunidades en el abastecimiento de agua potable y a generar políticas de apoyo a pequeños productores agrícolas y ganaderos. A ello se han sumado lluvias torrenciales que han desbordado ríos y cauces, inundando ciudades, destruyendo cultivos y actividades productivas.
Si bien este ha sido un problema frecuente en la zona norte del país, en los últimos años empieza a afectar con fuerza el Chile central. Estudios identifican las principales causas presentes en el caso chileno: deficiente gestión del recurso agua, aumento en la demanda, contaminación, caída en la oferta de agua, alteración de los ecosistemas hídricos y, entre otros, desastres naturales.
Todas las proyecciones apuntan a una agudización del problema. En ese marco, Fundación Chile junto a otras instituciones proponen algunas alternativas: restauración y conservación de ecosistemas hídricos; plan de ahorro y eficiencia en el riego de la gran agricultura; reúso de aguas residuales urbanas que se descargan a través de emisarios submarinos; servicios ecosistémicos para la gestión sostenible; y desarrollo de sistemas de captación de aguas lluvia, infiltración y recarga de agua. A esto se deben agregar los programas de educación y sensibilización ciudadana.
Estas medidas requieren una política de Estado, pues implican una gran inversión y articular esfuerzos del sector público y de los privados. Tal política no solo generaría empleos, también beneficios económicos, sociales y ambientales. Por lo pronto, para asegurar el abastecimiento de agua a los grandes centros urbanos y sobre todo para un país que, con sus exportaciones de frutas, hortalizas y vinos, es potencia agroalimentaria.
Una política de Estado debe apoyarse fuertemente en el aporte de las instituciones de educación superior, de los CFT, Institutos Profesionales y las universidades. Ellas deben formar a los técnicos y profesionales, en los programas de pre y posgrado, de los cuales saldrán las personas con la adecuada formación y sobre todo sensibilidad para emprender las iniciativas que se impulsen en el ámbito público y privado.
Chile es un país geográficamente diverso, por lo que las políticas a implementar deben ser apropiadas a cada cuenca, a cada nicho ecológico. Esto requiere fortalecer las capacidades de estudio e investigación particularmente de las universidades regionales para generar diagnósticos, análisis y propuestas específicas a cada realidad. Pero tales estudios no pueden depender de financiamientos anuales o de corto plazo, solo programas de alcance plurianual pueden generar resultados valederos. Este quehacer científico debe ser el respaldo de las políticas públicas que impulsen ministerios centrales, cada Gobierno Regional y municipios.
La transición hacia un nuevo modelo hídrico requiere un compromiso amplio que, además de los servicios públicos, GORE y municipios, involucre a los más importantes sectores de la comunidad: gremios de grandes y pequeños productores, organizaciones sociales, medios de comunicación, sin obviar la educación ambiental e hídrica en los currículos de la educación básica y media. Esto requiere labores de extensión, innovación y trabajo directo con los diversos sectores sociales y productivos.
En este reto de incorporar e involucrar a la ciudadanía, las universidades regionales tienen capacidades y experiencia para intermediar entre las políticas públicas y la comunidad local y sobre todo el compromiso de preservar el agua como recurso vital para la vida, compromiso indeleble de ayer, hoy y mañana.
