Opinión
Aquella “dualidad hipócrita” de las transnacionales puede tener explicación -no así justificación- en una desinformación escondida o no observada por quienes les vendieron el control o por quienes les asesoraron cuando compraron las isapres.
Esta interrogante que planteamos en “Última Mirada” de CNN Chile el miércoles 27 de marzo pasado encontró -por una mera coincidencia- su respuesta en la franqueza y asertividad que caracteriza al Doctor Jaime Mañalich en sus actuaciones públicas. En efecto, la materializó en una entrevista que publicó [Ex-Ante] al día siguiente (28.03.24).
Tengamos como antecedente que las transnacionales dueñas de las isapres iniciaron acciones ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones): 1) Bupa controladora de Cruz Blanca, en 2022, se amparó en los tratados de protección de inversiones entre Chile y el Reino Unido, debido a la “incertidumbre y desprotección” que se ha generado por los fallos judiciales y la incierta regulación del sector privado de salud. Y 2) Health United, dueña de Banmédica y de Vida Tres, apelando a los tratados de protección de inversiones entre Chile y EE.UU.
Pues bien, dicho esto, vamos a lo expresado por Jaime Mañalich explicando en la referida entrevista el por qué las transnacionales no quieren capitalizar a las isapres que controlan.
En lo pertinente las palabras de Mañalich:
“…Hay algunas Isapres que tienen controladores extranjeros que han interpuesto demandas ante CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). Sería extremadamente raro que las aseguradoras internacionales que están detrás de estas Isapres y que han activado este mecanismo de solución de controversia, renunciaran de hecho a ese mecanismo capitalizando sus Isapres. Desde el punto de vista formal es absolutamente imposible porque estarían renunciando al mecanismo de resarcirse de lo que ellos estiman es un cambio dramático de las reglas, que les permite reclamar al Estado de Chile miles de millones de dólares”.
La verdad es que resulta indignante que, por un lado, las Isapres, sus dueños y sus lobistas estén acosando al Gobierno para que calculen la deuda que tienen con cada uno de sus cotizantes mediante fórmulas que les disminuyan los montos adeudados al margen de lo resuelto por la Corte Suprema. Y, mientras, por el otro lado, están demandando al Estado de Chile ante el CIADI para que se les indemnice por miles de millones de dólares ante “un cambio de las reglas”, según los dichos recién citados del ex ministro de Mañalich.
Pareciera que su “sordera visual” no les permite percibir que las isapres son las deudoras que deben pagar lo que deben y que el Gobierno, a través de la Superintendencia de Salud lo único que puede y tiene que hacer por mandato de la Corte Suprema es calcular el monto de lo adeudado y determinar la modalidad de pago. La tarea de la Superintendencia no es, entonces, “rebajar la deuda de las isapres para con sus cotizantes a quienes les cobraron demás”.
Aquella “dualidad hipócrita” de las transnacionales puede tener explicación -no así justificación- en una desinformación escondida o no observada por quienes les vendieron el control o por quienes les asesoraron cuando compraron las isapres. BUPA, por ejemplo, adquirió Isapre Cruz Blanca a comienzos de 2014 después de un proceso de “due diligence confirmatorio” que duró no más de 4 semanas. Resulta evidente que en tal proceso no se vio reflejada la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 (Rol 1710.10), la cual derogó los factores de riesgo por edad y por género, cuyos efectos siempre estuvieron ahí, pero recién se evidenciaron, en abril de 2020, con la vigencia de la Circular IF/343 de 2019 de la Superintendencia de Salud y, en noviembre de 2022, con el fallo de la Corte Suprema que ordenó “erga omnes” ajustar los planes de salud a la tabla única de factores de riesgo contenida en dicha Circular y a devolver lo cobrado en exceso por las isapres que calculaban las cotizaciones mediante la aplicación de sus propias tablas.
Con lo expresado, no tiene justificación que desde las Isapres -y sobre todo desde su Asociación- se haya armado una escalada de lobby al punto de exigir al Gobierno que, con mutualización o cualquier fórmula, les rebaje 730 millones de dólares” de los 1.180 millones determinados por la Super de Salud y que tienen la obligación de devolver a sus cotizantes por sentencia de la Corte Suprema. Nótese que la escalada llegó hasta la ofensa y descalificación de las ministras y ministros del TC como puede apreciarse de 4 columnistas en las páginas A 2 y A 3 de El Mercurio, los días Lunes, Miércoles y Viernes Santo.
Tampoco sé cómo hay cara para que, junto con tal exigencia, estén demandando al Estado de Chile ante el CIADI por haber alterado las reglas cuando, la verdad es que o no las estudiaron bien y no vieron la posible “contingencia” del fallo del TC en 2010 o “lo más probable” es que la asumieron como “poco probable”.
