Huachipato y el acero chino

Como es conocido, las prácticas de dumping en las exportaciones de acero chino ya han sido denunciadas por Brasil, México, USA, Inglaterra, la Unión Europea, etc. Esto ha llevado a que todos estos países suban en mayor o menor medida los aranceles al acero chino. De hecho, Inglaterra las prorrogó el 2022 por dos años, argumentado que era superior el interés nacional y proteger el empleo. Estas prácticas de dumping afectan adversamente la capacidad industrial de estos países y barren con el largo período (décadas) sobre el cual se construyeron estas industrias y con todo el impacto positivo que significa para sus economías.

Así el acero chino pasó de representar el 15% de la producción mundial en la década de los 90, a representar en la actualidad el 54% de la producción mundial, poniendo una presión gigantesca a los gobiernos occidentales por proteger sus empleo y mercados. Así la estrategia china busca reforzar y consolidar su propia industrialización en desmedro de la desindustrialización de otros países, que no pueden competir con las prácticas de dumping a las que se adiciona una masiva escala de mano de obra que se traduce en costos laborales más bajos que cualquier otro competidor.

Respecto a la Siderúrgica Huachipato, existe claramente un problema que, en caso de cerrarse definitivamente (por ahora se incrementaron temporalmente las tasas de protección arancelaria por la Comisión Antidistorsiones hasta septiembre, en la magnitud solicitada por la empresa), afecte al empleo de la región y a los encadenamientos productivos locales. La destrucción de valor económico y social en caso de que cierre Huachipato es inmensamente mayor en valor presente en relación con que algunas empresas nacionales puedan importar acero más barato desde las estatales chinas. La evidencia incluso para países desarrollados, como Inglaterra, es que regiones una vez industrializadas nunca más vuelven a industrializarse y la conversión es larga y costosa. 

Que el alza de aranceles equivale a un subsidio directo a Huachipato pagado por todos los chilenos es un argumento que debe analizarse en el corto y largo plazo. Las estatales chinas del acero haciendo eventualmente dumping funcionarían sobre la base de pérdidas, para a largo plazo y pacientemente quedarse con mercados en los cuales podrán subir los precios al ya no tener competencia. La OMC define el dumping como una interferencia estatal en el mercado: es una protección que lleva a exportaciones subsidiadas para que tengan precios bajo los costos del mercado. Consistente con lo anterior, la Unión Europea ha señalado que el costo base del acero chino se beneficia de trato preferente en el aspecto tributario, en préstamos bancarios, en derechos de uso de tierra, en estándares medioambientales menos exigentes y en subsidios a la sustitución de importaciones. 

También se presenta como argumento que Huachipato es ineficiente porque lleva 15 años con pérdidas y que, por tanto, habría que dejarla quebrar y que los trabajadores en tal caso deberían ser reubicados y reentrenados para otras actividades productivas. En caso de materializarse un cierre, se adiciona el efecto adverso en el tejido de empresas contratistas y subcontratistas de la región al colapsar este ecosistema empresarial. Pero una transición para la reconversión (en caso de desaparecer Huachipato) no es sencilla ni fácil de administrar.

En caso de un cierre definitivo, debería la autoridad tener un plan concreto que apoye a la cadena de pequeñas y medianas empresas que operan en este ecosistema, y una acelerada reconversión de la fuerza laboral. Es decir, se requiere una política industrial vigorosa que tome en consideración los efectos adversos en el PIB regional y en el empleo (incentivos tributarios para nuevas empresas, créditos blandos, rapidez en los permisos, etc.), tomando aspectos de política industrial vertical (dirigida a sectores e incluso empresas específicas), más que solucionar las típicas fallas de mercado (acceso insuficiente al crédito, por ejemplo).

También un rol importante debe cumplir el accionista controlador CAP, de modo que ellos deben ir en búsqueda de un modelo de empresa más eficiente, asumiendo que las tasas más altas de aranceles (fijadas recientemente por la Comisión Antidistorsiones) no necesariamente se mantendrán por un período largo. Esto es una responsabilidad compartida ente el sector privado y el Estado más allá de las sobretasas arancelarias. Aquí se abre un espacio importante para la innovación, para la transición energética de sus actividades productivas, para el desarrollo de nuevas líneas de negocios y para ser más eficientes en sus costos.

Se señaló en las últimas semanas que, al anunciar la matriz el cierre de la filial Huachipato, el precio de la acción de CAP subió. Y que este es el verdadero test, el test del mercado, el que validaría que la filial es ineficiente y que, por tanto, debe liquidarse. Pero esto es solo la confirmación de que el mercado (accionistas en general) no toman en consideración los encadenamientos productivos pymes de Huachipato ni al tejido social de la región; es solo una valoración económica de corto plazo que coincide con la visión extractivista de la economía chilena. Aun eso sí falta el test de la sociedad (el test social), el que valora, cuantifica y toma en consideración el impacto en el empleo regional, en la actividad contratista, y que tiene como preferencia una mayor diversidad en la matriz productiva.

Finalmente, esto abre otra discusión respecto al rol de las autoridades económicas (Hacienda, Economía y RR.EE.) en cuanto a la relación comercial y de inversiones con el resto del mundo, y se requiere dotar al análisis económico puro de la capacidad de análisis de la geopolítica, sobre todo en un mundo multipolar y con una globalización fracturada. Ya tenemos parte importante del suministro eléctrico en manos de una empresa estatal china (poseen el 30% de la principal empresa de transmisión eléctrica), y China es además el principal comprador de cobre y ya de muchos productos agrícolas chilenos. En este contexto, la SNA ha señalado que estas sobretasas arancelarias al acero estatal chino podrían traer problemas a la oferta agroexportadora con impactos adversos en el PIB y en el empleo al, eventualmente, China presionar por una menor disposición a comprar productos chilenos (“una supuesta venganza comercial”).

Está claro que nuestra economía ya opera en el ámbito del Consenso de Beijing, en el cual un país pequeño como Chile no tendrá mucha libertad de acción para oponerse al gigante asiático cuando sus intereses nacionales (industriales, agrícolas, de empleo) no estén alineados con los objetivos del nuevo poder de la economía global.