Opinión
La regulación y eventual prohibición de usar smartphones en clases es un bien público que no se está produciendo porque ningún actor interesado tiene o las capacidades o los incentivos para iniciar unilateralmente las acciones que dicha prohibición requiere.
Un artículo reciente en Noruega (Abrahamsson, 2024) indica que los smartphones en las escuelas son perjudiciales. Los datos revelan que las escuelas que implementaron prohibiciones y restricciones observaron una notable reducción del 60% en las consultas a especialistas por problemas psicológicos entre las niñas, además de una mejora en su desempeño académico de 0.22 desviaciones estándar en pruebas estandarizadas nacionales. En un estudio paralelo en Estados Unidos (Huey y Giguere, 2023), los investigadores dividieron a los estudiantes en cuatro grupos para impartir la misma clase. A dos grupos se les prohibió usar smartphones, mientras que a los otros dos no. Al final de la sesión, los tests de comprensión y ansiedad mostraron que tener acceso libre a smartphones durante la clase disminuía la comprensión del material y aumentaba los estados de ansiedad. Estos hallazgos son consistentes con otros estudios de distintos países que llegan a conclusiones similares.
A pesar de ello, los smartphones también pueden aportar beneficios significativos al proceso educativo, especialmente en zonas rurales y situaciones de emergencia, como pandemias, donde ayudan a reducir las brechas de acceso a la información. También hay estudios que demuestran cómo, bajo ciertas condiciones, el uso de celulares ha fomentado una mayor participación, cooperación y compromiso de los estudiantes en su aprendizaje.
Sin embargo, la creciente evidencia internacional sugiere que los daños al proceso educativo vinculados al uso de smartphones son indiscutibles. Se requiere una acción coordinada para establecer normativas básicas que permitan a las comunidades escolares desarrollar sus propias políticas sobre el tema. Aquí es donde surgen los desafíos: los padres no siempre concuerdan sobre cuándo permitir a sus hijos el uso de estos dispositivos. Además, aunque hay beneficios evidentes en su uso educativo adecuado, adaptar las prácticas pedagógicas para integrar avances tecnológicos sin recurrir a métodos de aprendizaje pasivos es una tarea compleja y demandante, especialmente en escuelas con recursos limitados.
Alguien podría pensar que esto es un problema centrado en estratos socioeconómicos altos o medios altos. Ello sin duda es cierto en Mongolia, Túnez o Gambia, algunos de los países donde las inequidades socioeconómicas en el acceso a internet de los menores de edad son sustantivas, pero no en Chile donde dicha penetración es sobre el 70% en todos los estratos.
En suma, las comunidades escolares, incluso si ellas están conscientes de los problemas que generan los smartphones, están en gran medida sobrepasadas por las circunstancias y dejando que sean éstas las que orgánicamente definan lo que terminan haciendo.
Por lo tanto, la regulación y eventual prohibición de usar smartphones en clases es un bien público que no se está produciendo porque ningún actor interesado tiene o las capacidades o los incentivos para iniciar unilateralmente las acciones que dicha prohibición requiere.
Es en estas circunstancias donde una regulación desde el nivel central puede facilitar procesos y forzar a cada establecimiento a tener una política explícitamente tomada y formalizada respecto del uso de los celulares y no dejar que sean las circunstancias las que vayan definiendo cómo enfrentan este problema. Una manera simple que genera simultáneamente orden y flexibilidad sería que desde el Ministerio de Educación se establezca por defecto que están prohibidos los smartphones en las escuelas, pero que si una comunidad desea generar una modificación de esa regla (incluso revertirla) lo podrá hacer mediante algún proceso consultivo interno que quede oficialmente establecido. De este modo, la autoridad resuelve un problema de coordinación que las comunidades escolares muchas veces prefieren ignorar o dejar para adelante, pero, en paralelo, abre un amplio espacio para que cada comunidad escolar enfrente el tema y tome definiciones explícitas sobre él. Eso es un equilibrio mucho mejor que impulsa a las comunidades a hablar y acordar qué deciden para su propia convivencia.
Referencias:
Abrahamsson, S. (2024): Smartphone Bans, Student Outcomes and Mental Health, Norwegian Institute of Public Health. Institutt for samfunnsøkonomi. Discussion paper. SAM 01/24, ISSN: 0804-6824
Huey M, Giguere D. (2029): The Impact of Smartphone Use on Course Comprehension and Psychological Well-Being in the College Classroom. Innov High Educ. 48(3):527-537. doi: 10.1007/s10755-022-09638-1.
UNESCO (2023): Global Education Monitoring Report Summary 2023: Technology in education: A tool on whose terms? Paris
