¿Es inmoral condonar el CAE?

La propuesta del Gobierno de condonar el Crédito con Aval del Estado (CAE) aún no se ha detallado. Cuando el proyecto se presente públicamente podremos debatir desde la evidencia, con datos jurídicos y financieros y, así, evaluar si es una buena o una mala política pública sobre bases técnicas. Lo que no se puede hacer es clausurar el debate desde la descalificación moral. Cabe reclamar a Óscar Landerretche, Ignacio Briones o Javier Macaya, quienes han señalado que es una propuesta inmoral, una fundamentación racional, con pretensión de universalidad, que sostenga la validez de ese juicio ético en el ámbito público.

Eso es necesario porque perfectamente quienes sostenemos la necesidad de implementar esta medida podríamos hacer lo inverso, y descalificar como inmorales a quienes se niegan a condonar el CAE, y clausurar el debate de la misma manera. Argumentos no faltan para hacerlo, atendiendo a los vicios de origen en la contratación de estos créditos, la tasa usuraria asociada, la falta de información a los contratantes, el carácter gravoso para personas de bajos ingresos, el costo estructural e insostenible para el Estado y las universidades, y los efectos exacerbantes de las desigualdades socioeconómicas para los afectados y sus descendientes.

En Estados Unidos el presidente Joe Biden no ha tenido duda alguna respecto al carácter moral de este tipo de políticas. El pasado 8 de abril anunció un nuevo plan de condonación de deuda estudiantil que beneficiará a alrededor de 30 millones de deudores por un monto estimado de 1.770 millones de dólares. El año pasado el Ministerio de Educación de Estados Unidos ya implementó un plan de condonación de 39 mil millones de dólares de deuda universitaria para beneficiar a unos 804 mil estudiantes. Para implementar este tipo de programas el gobierno de Biden ha tenido que adecuarse a restricciones que le ha impuesto la Corte Suprema. En principio, el programa de Biden buscaba condonar 400 mil millones de dólares a 40 millones de deudores acreditados. Y aunque no se logró ese monto, el esfuerzo fiscal que el Gobierno de Estados Unidos está desplegando en este campo es impresionante.

En agosto de 2022, al anunciar el primer plan de alivio a la deuda de préstamos estudiantiles, Biden señaló: “Estamos proponiendo hacer lo que se llama un plan de pago basado en los ingresos: simple y justo. Y así es como: nadie con un préstamo de pregrado hoy o en el futuro, ya sea para un colegio comunitario o una universidad de cuatro años, tendrá que destinar más del 5 por ciento de sus ingresos discrecionales para pagar su préstamo. Eso es ingresos después de pagar las necesidades como vivienda, comida y cosas por el estilo. Actualmente paga el 10 por ciento. Vamos a reducir eso a la mitad, al 5 por ciento. Y después de pagar el préstamo durante 20 años, su obligación se cumplirá si aún no se ha cumplido, lo que significa que no tendrá que pagar más, punto. Y los prestatarios cuyo saldo original era inferior a 12.000 dólares, muchos de los cuales son estudiantes de colegios comunitarios, terminarán de pagar solo después de 10 años. Estos cambios ahorrarán más de 1.000 dólares al año en promedio para el prestatario. Es un cambio de reglas”.

Canadá también implementa en la actualidad un Programa de Condonación de Préstamos para Estudiantes, que permite la condonación de préstamos federales para aquellos que trabajan en empleos de servicio público después de realizar pagos durante un período determinado. En Alemania y Holanda, aunque la educación universitaria es gratuita, existe un sistema de préstamos estudiantiles flexibles para promover la emancipación temprana de los jóvenes, que se basa en los ingresos futuros de los estudiantes y que se condona después de un período determinado. En Colombia el gobierno de Gustavo Petro también anunció, en 2023, un programa de condonación de deuda universitaria focalizado en desertores de la educación superior.

No creo que, en todas estas latitudes, con gobiernos tan disímiles, se esté implementado una política inmoral. Podremos evaluar y comparar la calidad de las medidas de condonación, las circunstancias que las explican, los efectos que generan, reconociendo la complejidad y contingencia de las situaciones concretas. Pero lo que no es aceptable es descalificar moralmente este tipo de políticas que se fundamentan en aliviar la carga financiera de los egresados, permitiéndoles invertir en otras áreas como vivienda, emprendimientos o simplemente mejorar su calidad de vida.

En definitiva, el criterio moral para evaluar una política de esta naturaleza es si logra fomentar la educación superior al hacer que sea más accesible para aquellos con menores recursos. Si no partimos de este objetivo, la descalificación moral de la condonación de estas deudas injustas evidencia otro tipo de colusión de intereses.