Opinión
¿Por qué no se ha resuelto aún el conflicto con el CAE?
El Crédito con Aval de Estado (CAE) es, como su nombre lo indica, un “crédito” o un “préstamo” otorgado por una institución financiera a un estudiante. Se llama “con aval del Estado” porque al estudiante no se le solicita un aval que respalde el crédito en caso de incumplimiento: el aval es el Estado.
Si el estudiante finaliza su carrera pero no paga el crédito, el Estado interviene y paga a la institución financiera. Sin embargo, si el estudiante no termina la carrera –en la jerga del CAE, “deserta”– y deja de pagar el crédito, la institución de educación superior en la que el estudiante realizó estudios parciales debe hacerse cargo de la deuda ante la institución financiera.
El sistema CAE fue instaurado por la Ley 20.027 en 2005. Antes del CAE existía el Fondo Solidario de Crédito Universitario, que tenía la limitación de financiar solo a estudiantes de las 25 universidades tradicionales del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y solo una parte del arancel, dependiendo de la acreditación económica del estudiante. Esto dejaba fuera a los Institutos Profesionales (IP), los Centros de Formación Técnica (CFT) y las universidades privadas, forzando a muchas familias a recurrir a préstamos privados o prestamistas informales.
En contraste, el sistema CAE ofrece una cobertura universal. Inicialmente, este sistema consideraba una tasa de interés del 5,8% en UF, lo que, al sumar la tasa de inflación de 3,7% en 2005, resultaba en una tasa del 9,5% anual en pesos. Comparada con la tasa de crédito de consumo a tres años plazo de 19,08% anual en pesos de aquel año, el costo en pesos del CAE era significativamente menor, aproximadamente un 50%.
A pesar de su ventaja inicial, la tasa del 5,8% se convirtió en una carga pesada para muchos estudiantes, lo que provocó protestas y llevó a la promulgación de la Ley 20.634 en octubre de 2012, que modificó la Ley 20.027. Esta modificación redujo la tasa de interés para los nuevos créditos CAE a un 2% en UF y aplicó esta nueva tasa a los créditos anteriores a 2012, siempre que el estudiante no estuviera en mora. Además, estableció que, si la cuota de pago sobrepasaba el 10% de la renta del deudor, la diferencia sería cubierta por el Estado, implicando una condonación parcial del CAE para los deudores al día con sus cuotas.
El programa de gobierno del Presidente Boric considera la condonación universal de las deudas estudiantiles, lo que a la fecha no ha podido ser cumplido. El ministro de Educación planteó recientemente que se espera enviar un proyecto de ley sobre la condonación del CAE al Congreso en septiembre, generando un gran revuelo político, aunque sin mayores detalles sobre la propuesta.
¿Por qué no se ha resuelto aún el conflicto con el CAE? La principal razón radica en la escasez de recursos económicos. Realizar una condonación universal del CAE requeriría aproximadamente USD 11.270 millones, equivalentes al 3,7% del PIB, una cifra difícil de financiar. Pienso que hay mediado consenso en que esa cifra es imposible de financiar. Para ponerlo en perspectiva, la construcción del nuevo Hospital Félix Bulnes costó USD 250 millones, lo que implica que condonar el CAE sería equivalente a dejar de construir 45 hospitales de ese tamaño.
La cuestión fundamental es decidir como sociedad qué preferimos: ¿45 nuevos hospitales o la condonación universal del CAE? Aunque para algunos estudiantes la deuda acumulada hizo muy difícil su pago, la definición de un porcentaje justo de los ingresos para el pago del crédito es una decisión política. Algunos abogan por la gratuidad universal, lo que implicaría cambiar el 10% por un 0%, es decir, una condonación universal.
Cualquier límite, ya sea del 10% o del 0%, requiere financiamiento de los fondos generales de la nación, parte de los cuales provendrán del IVA, que representa alrededor del 50% de la recaudación fiscal. Por lo tanto, es difícil imaginar una condonación universal del CAE. En caso de una condonación parcial, el financiamiento probablemente provendría del royalty a la minería, de impuestos a las empresas y del impuesto a la renta de las personas.
Hay que recordar que el IVA lo pagan todos los habitantes del país, con y sin estudios universitarios, jubilados y activos, cesantes y con trabajo. ¿Es razonable que los jubilados o los hogares de escasos recursos financien la educación superior de los estudiantes? Estos temas los tendrá que resolver el Congreso, considerando las restricciones presupuestarias y los juicios éticos sobre quiénes deben ser los beneficiados y los perjudicados.
