Opinión
La violencia en línea no es solo un problema virtual; tiene consecuencias reales y tangibles en la vida cotidiana de las personas.
En la era digital, la seguridad en línea se ha convertido en una preocupación crucial para toda la ciudadanía. La tecnología, presente en todos los ámbitos de nuestras vidas, nos ha brindado innumerables beneficios, pero también ha abierto puertas a nuevas amenazas. En Chile, la legislación vigente no ha avanzado al mismo ritmo que estas amenazas, dejando a muchas personas usuarias expuestas a diversas formas de violencia digital.
Casos recientes que hemos visto en prensa y redes sociales evidencian la gravedad de esta situación, y donde la protección legal contra el ciberacoso, la suplantación de identidad y otros ataques mediados por la tecnología se ha visto como insuficiente. Esto se debe, primero, a una falta de actualización en las leyes y, segundo, a la rápida evolución de las tecnologías y tácticas utilizadas por quienes cometen estos ataques. Frente a esto, la legislación necesita urgentemente adaptarse para enfrentar estos desafíos y protegernos en el entorno digital.
Una forma para mitigar algunos de estos riesgos es adoptar prácticas de seguridad básicas. Por ejemplo: el uso de contraseñas seguras y únicas para cada cuenta (idealmente a través de gestor de contraseñas) junto a la autenticación de dos factores, la actualización regular de software para protegerse contra vulnerabilidades conocidas, y la utilización de comunicaciones cifradas. También debemos abordar la educación digital a través de programas educativos en colegios y campañas de sensibilización pública, dado que la violencia en línea afecta la salud mental, el bienestar y la seguridad personal de las víctimas más allá de las redes digitales.
Sin embargo, la responsabilidad de la seguridad digital no puede recaer únicamente en los usuarios y usuarias. Las instituciones públicas y empresas también deben implementar medidas robustas de ciberseguridad y políticas claras para proteger los datos y la privacidad de quienes utilizan estos espacios. Por eso, es más necesario que nunca que nuestros legisladores tomen acción. El Congreso debe trabajar en la creación y actualización de leyes que aborden de manera efectiva la ciberseguridad, la violencia digital y la regulación de las grandes empresas tecnológicas.
La violencia en línea no es solo un problema virtual; tiene consecuencias reales y tangibles en la vida cotidiana de las personas. Necesitamos una legislación que no solo sancione a los responsables, sino que también prevenga estos delitos mediante la promoción de una cultura de seguridad digital. La Ley de Delitos Informáticos de 2022, la Ley Marco de Ciberseguridad de 2024 y la nueva Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres son avances importantes, pero también es urgente avanzar con la ley contra la violencia digital y la ley de protección de datos personales.
Chile y el mundo entero se enfrentan a un desafío sin precedentes en el ámbito de la seguridad, pero con la colaboración adecuada y el compromiso de todas las partes involucradas, es posible crear un entorno en línea seguro para todos y todas. Es hora de impulsar políticas públicas que promuevan, protejan y defiendan nuestros derechos en el entorno digital.
