Opinión
Chile tiene un importante camino que recorrer en materia de modernización del lobby.
El pasado 17 de mayo fue lanzado por la OCDE el primer reporte sobre la regulación del lobby en Chile, que tomó estándares propios sobre transparencia e integridad y los transformó en recomendaciones específicas para nuestro país. Dentro de las recomendaciones más importantes se encuentra una modificación a la Ley del Lobby –que en marzo cumplió diez años–, que busca englobar a los actores interesados en influir en los procesos políticos en un concepto único de «representantes de interés».
Así, se incluirían nuevas formas de influencia a las ya existentes, sumando aquellas ejercidas por empresas privadas a través de departamentos internos de relaciones públicas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones benéficas o los centros de estudio. Sobre estas nuevas entidades, el informe de la OCDE propone una modificación a la Ley del Lobby que exija la divulgación de sus fuentes de financiamiento, públicas y privadas, para permitir un escrutinio real e informado de sus opiniones.
Respecto de los centros de estudio, la OCDE señala que estos son actores sujetos a mecanismos de transparencia en 14 de los 19 países estudiados, entre los que se encuentran Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia e Italia. En esta materia, el informe recalca la importancia de que Chile cumpla con este estándar, proponiendo eliminar del artículo 6° de la Ley del Lobby las excepciones al registro de invitaciones realizadas por estas entidades, «puesto que pueden ser actividades de lobby».
Estas recomendaciones fueron atendidas en parte por el Gobierno, que ingresó el 31 de mayo un proyecto de ley para modernizar la Ley del Lobby. En particular, el proyecto de ley amplía de manera significativa el concepto de lobby y su ámbito de aplicación, eliminando la exigencia de remuneración para calificar a una actividad como lobby e introduciendo a los «representantes de interés» como concepto único.
También se crea –en línea con la regulación alemana, francesa y española– un nuevo concepto denominado los «representantes calificados de intereses» para aquellas personas (naturales o jurídicas) que, independientemente de cómo están constituidas, ejecutan de manera sostenida actuaciones propias del lobby. Para estos «representantes calificados de intereses» se establecen nuevas obligaciones de transparencia relativas tanto a sus actividades de lobby como de sus estatutos y directorios, y se incluyen normas para regular la puerta giratoria y los conflictos de intereses que pueden surgir entre los entes reguladores y quienes gestionan los intereses de los regulados.
Esta parte de la propuesta legislativa es digna de celebrar, porque busca transparentar lo que se ha transformado en un espacio de opacidad en la política. Asesores ligados a centros de estudio están continuamente presentes en la discusión legislativa y tienen un alto nivel de influencia en el debate público, pero nadie sabe a quiénes responden. Un registro de las actividades de lobby de los centros de estudio sería un paso importante para solucionar ese problema. De la misma manera, las normas sobre puerta giratoria –con un periodo de enfriamiento de un año– serviría para frenar el salto que dan cada cuatro años personas que han ejercido como lobbistas de sectores regulados a cargos de reguladores de ese mismo sector.
Pero el proyecto de ley se queda corto en un punto fundamental: no contempla –como propone la OCDE– mecanismos para transparentar el financiamiento privado de los «representantes calificados de intereses» y, en particular, de los centros de estudio. Cabe señalar que el proyecto de ley “Transparencia 2.0” contiene disposiciones sobre transparencia de financiamiento de estos centros, en cuanto provengan de asignaciones parlamentarias, pero nada respecto del financiamiento de privados.
Saber quiénes financian a los centros de estudio es de vital importancia para que se pueda ejercer un análisis real de sus opiniones y frenar su uso como mecanismos indirectos de financiamiento de la política. Para ilustrar este problema, basta con recordar el reportaje de Ciper que develó que en pleno debate legislativo sobre la Ley de Tabaco, la British American Tobacco en Chile estaba financiando a Libertad y Desarrollo, quienes a su vez asesoraban a la bancada UDI, partido que fue el principal opositor de la ley. En esa época el presidente de BAT en Chile, Carlos Cáceres, también era el presidente del directorio de LyD y militante gremialista. Nada sobre este financiamiento quedaría develado con la nueva Ley del Lobby.
En la actualidad, la memoria anual del 2023 de Libertad y Desarrollo tiene 86 páginas y ninguna línea sobre su financiamiento.
Chile tiene un importante camino que recorrer en materia de modernización del lobby. El proyecto presentado por el Gobierno significa importantes avances respecto de la transparencia de entidades que hasta el día de hoy operan en la penumbra y su aprobación sería una muy buena noticia, pero estos avances son insuficientes si no incluyen –como ha sugerido la propia OCDE– transparentar sus fuentes de financiamiento público y privado.
