Un anuncio equívoco

En la Cuenta Pública del 1 de junio, el Presidente Gabriel Boric hizo un anuncio sorpresa: “Como Presidente de la República estoy convencido de la necesidad de dar un debate democrático en materia de los derechos sexuales y reproductivos”, afirmando que “durante el segundo semestre de este año ingresaremos un proyecto de ley de aborto legal, que someteremos a la discusión correspondiente, con el compromiso que anima a nuestro Gobierno a avanzar y no retroceder”.

Sin duda resulta llamativo que una de las promesas del programa de la candidatura del actual Presidente, que había sido postergada, especialmente tras la derrota de la propuesta constitucional el 4 de septiembre de 2022, fuera puesta en la primera línea de fuego a estas alturas del período presidencial. Los ataques aparecieron desde el primer momento en que leyó el anuncio.

¿Por qué este anuncio inesperado, que cumple con los compromisos, pero se sabe que tiene fuertes opositores?

En las semanas previas a la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric del 1 de junio, desde el mismo Gobierno habían anunciado su interés en cumplir una de sus promesas programáticas, enviando un proyecto de ley antes de septiembre para poner fin al CAE y condonar la deuda de quienes han accedido a este crédito. Sin embargo, todavía no han construido la propuesta técnica para cumplir con este compromiso y solo han indicado que “la propuesta debe ser progresiva, justa y autocontenida”.

Este anuncio generó amplio debate entre los actores políticos, como era de esperarse. El escenario fue bastante confuso, puesto que se criticaba en base a supuestos. Incluso hubo críticas por sus posibles altos costos, en circunstancias que la vaguedad de los anuncios no permitía su estimación.

Considerando el fracaso de la reforma tributaria, proyecto que fue rechazado en primer trámite en el Congreso, por una mayoría muy ajustada, y el empantanamiento de la reforma de pensiones, en que todavía existen múltiples puntos de desacuerdo, por las dificultades en llegar a acuerdos sobre el destino de los fondos aportados por los empleadores, sumado a la férrea defensa de los parlamentarios de oposición, que transformaron el fallo judicial que condenaba a las isapres a devolver a sus usuarios los cobros excesivos en una nueva carga para las personas que están inscritas en esas aseguradoras de salud, está claro que las bases económicas del sistema  tienen excelentes defensores en el Parlamento. Los dineros de las grandes empresas se han vuelto intocables.

En ese contexto, el anuncio del envío de un proyecto de ley de aborto legal invita a preguntarse qué se busca al retomar esta promesa de campaña. Desde luego, es una propuesta que alegró a todos los sectores que son parte del “núcleo duro” de apoyo a Boric, ese que lo mantiene con una aprobación baja, es cierto, pero superior a Piñera y Bachelet en sus peores momentos. Y desde luego, a las feministas de dentro y fuera del Gobierno, para las cuales esta es una demanda clave, y que, después de la derrota de la propuesta constitucional 1, habían visto perder la posibilidad de que los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la capacidad de las mujeres de decidir sobre sus propios cuerpos, quedara consagrada a nivel constitucional. En marzo del año 2022 lamentaban el retroceso en el proyecto de ley de aborto libre, expresado en que el Ministerio de la Mujer y EG declarara que “tal materia no era prioridad”.

El mismo Gobierno había puesto en el primer lugar de sus compromisos con el feminismo otros temas, igualmente claves, pero menos confrontacionales, como la elaboración del Sistema Nacional de Cuidados, “mediante el cual el Estado ofrecerá redes de apoyo e impulsará un cambio social que distribuya más equitativamente las tareas de cuidado, las cuales históricamente han recaído en las mujeres, sin recibir reconocimiento ni remuneración alguna”.

También han realizado cambios legales importantes en relación con la violencia de género y han insistido en la tramitación de la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, destacando la promulgación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensión de Alimentos. Dentro del aparato del Estado han impulsado los temas de género y el diálogo con la sociedad civil, utilizando para ello todos los instrumentos normativos con que cuenta el Ejecutivo. El Gobierno, en materias de género, parecía haberse conformado con avanzar “en la medida de lo posible”.

No había nada en el escenario político que permitiera esperar el sorpresivo anuncio de reponer un tema que es sabido que no cuenta con apoyo mayoritario en el Parlamento, ni tampoco en la opinión pública, como lo muestran los resultados de diversas encuestas.

En los resultados que entrega la Encuesta Bicentenario de la Universidad Católica entre 2006 y 2023, si bien el rechazo al derecho de las mujeres a realizarse un aborto en toda circunstancia ha disminuido y la aceptación ha aumentado, la posición mayoritaria es de aceptación solo en determinadas circunstancias. Por cierto, estas tendencias pueden cambiar, y cambiaron efectivamente después de 2011, en que el porcentaje a favor del aborto en ciertas circunstancias era apenas 44%, en tanto el porcentaje a favor de la legalización bajo cualquier circunstancia era apenas 5%. En 2023 ambas son: 56% aborto por causales y 22% aborto en toda circunstancia.

La empresa de investigación de mercados Ipsos, en su informe “Miradas Globales del Aborto 2023”, daba cuenta de que el 54% de las chilenas y los chilenos consideraba que el aborto debe ser legal, dividido en un 24% que opina que debe ser legal en todos los casos y 30% que piensa que debe ser legal en la mayoría de los casos. En reversa, solo un 33% de los encuestados piensa que la interrupción del embarazo debería ser ilegal en todos o la mayoría de los casos.

En la encuesta Cadem de la primera semana de junio de 2024, la mayoría de las respuestas apoyaron el “aborto con causales como es ahora” (53%), pero en este caso el 32% está a favor del aborto libre sin restricciones o causales hasta las 14 semanas y apenas el 15% considera que debería estar prohibido.

¿Por qué entonces lanzarse a una batalla con escasas perspectivas de éxito? Podría estimarse que el anuncio respecto al CAE fue una operación similar: un anuncio dirigido a las bases incondicionales del Gobierno, atendiendo a una demanda muy sentida por ese mismo sector, sin tener previamente una propuesta clara de cómo se va a solucionar el problema, que fue rechazado por la oposición del mismo modo, es decir, sin conocer detalles técnicos importantes. No sabemos si se insistirá, pero vale notar que los temas de financiamiento son claves. 

En el caso de la legalización del aborto se trata de un problema con costos económicos mucho menores (incluso podría ser económicamente positivo, ya que el sistema público de salud          tendría que costear las intervenciones, pero dejaría de gastar en brindar cuidados posiblemente más complejos y caros al atender a quienes llegan con secuelas de abortos ilegales realizados en malas condiciones técnicas), pero que genera un debate no solo en el Parlamento, sino en toda la sociedad sobre la validez jurídica de las intervenciones abortivas.

Sabemos que hay opiniones extremadamente contrapuestas, partiendo por el arzobispo católico de Santiago, que habló de eliminación de “seres humanos inocentes”, mientras para otros sectores se trata de un problema de salud pública y derechos de las mujeres sobre su propio cuerpo.

Sin duda, es un problema sobre el cual la sociedad chilena debería conversar. Pero aquí se trata de un problema político: ¿Cuándo y en qué condiciones promover esas conversaciones? ¿En un escenario de debilidad del Gobierno, que viene perdiendo batallas desde el primer día y que ha debido bajar proyectos fundamentales para los cambios que se proponen, como la reforma tributaria? 

¿En un momento en que los movimientos sociales (cuyo proceso llevó a la coalición gobernante al poder) están debilitados y dispersos? 

En Argentina la legalización de aborto se logró tras años de debates, movilizaciones y negociaciones, con un movimiento activo en la mayoría de las ciudades del país. 

Al parecer, el Gobierno ha decidido cambiar el foco del debate. Tras las derrotas en el Parlamento en los temas económicos, querría ahora volver al campo de las disputas culturales donde, al parecer, cree que cuenta con más margen de maniobra. Sin embargo, habría que notar que el 22 o 33% de apoyo a la idea de legalizar el aborto es bien parecido a su propio nivel de apoyo.

Aunque nuevamente, igual que con el CAE, hay anuncio pero no hay proyecto, se ha abierto el debate y veremos si el Gobierno podría obtener mejores resultados que con la reforma tributaria, las pensiones y las isapres.