Opinión
Foto: AgenciaUNO
La situación poselección de gobernadores regionales se configuraba propicia para avanzar en profundizar el proceso de descentralización (…). No obstante, ocurrieron tres hechos políticos que han jugado en contra del proceso, sobre todo para demostrar su utilidad para la comunidad.
Cuando se trata de impulsar una política pública, una reforma, o distribuir poder político, si no se cuenta con un respaldo ciudadano para ello, los esfuerzos pueden resultar muy complejos para que lleguen a concretarse. En el caso de la Descentralización del Estado, la discusión y su promoción desde hace muchos años no han tenido un amplio respaldo ciudadano, ya que han estado excesivamente concentradas en élites de carácter académicas, ONGs y en líderes políticos, que no alcanzan a transformarse en tendencias mayoritarias al interior de sus respectivos partidos o coaliciones políticas.
Adicionalmente, en nuestro país, el debate antes de la reforma de 2017-2018 se concentró demasiado en concretar la elección democrática de las autoridades regionales, sin dar una discusión suficiente sobre la “utilidad” para la ciudadanía del proceso de descentralización, que no solo implica elegir autoridades, sino ofrecer políticas públicas de mejor calidad que en condiciones de centralismo político.
Esta aspiración, especialmente cuando consejeros regionales e intendentes eran designados, se dio en un contexto donde la comunidad tenía un bajo conocimiento del rol que desempeñaban estas autoridades, pero con una alta expectativa de que su elección favorecería el desarrollo regional. Así lo confirmaba, por ejemplo, las encuestas de Barómetro Regional de 2011 y 2013, que en aquellos años mostraban que sobre un 90% de la población estaba de acuerdo con la elección democrática de intendentes regionales, porque con ello se esperaba resolver muchos problemas de regiones.
En paralelo, el nivel de conocimiento de estas autoridades era extremadamente bajo, responsabilizando precisamente a la no elección democrática como la principal causa de aquella condición. Por ejemplo, para el año 2013, la encuesta Barómetro Regional arrojaba que al intendente regional solo lo conocía un 16,6% de la población, con similares resultados el 2015 y levemente superiores para los resultados de la edición de la encuesta del año 2022, donde se medía conocimiento de los nuevos gobernadores regionales.
La situación poselección de gobernadores regionales se configuraba propicia para avanzar en profundizar el proceso de descentralización y lograr que, a través de la democratización de su principal autoridad política, se provocara un mayor conocimiento de las nuevas autoridades regionales, una valoración de su rol y, como consecuencia, una mayor cercanía con la comunidad. No obstante, ocurrieron tres hechos políticos que han jugado en contra del proceso de descentralización, sobre todo para demostrar su utilidad para la comunidad.
El primero, es la reforma propiamente tal, esto de pasar de una autoridad regional a tener dos, una electa y otra designada, definitivamente es algo muy confuso para la ciudadanía.
Lo segundo, son las escasas atribuciones y competencias que se les asignaron a los gobernadores regionales, cuestión que limita la implementación de políticas públicas más robustas para regiones.
Tercero, el llamado caso Fundaciones, que involucró a algunos gobiernos regionales en casos de corrupción o falta a la probidad, terminó por dañar profundamente este nuevo nivel de gobierno ante los ojos de la comunidad. Estos tres hechos han jugado indudablemente en contra del proceso de descentralización, y si antes estas autoridades regionales eran poco conocidas por la gente, hoy lo son, pero por cuestiones negativas.
¿Cuál es el panorama futuro? Creo que esta primera elección de gobernadores sirvió para desencadenar el proceso de descentralización, originado con un mal diseño institucional, y que en su implementación mostró ripios propios de la política que la perjudicaron a ojos de la ciudadanía.
En este contexto aparece con fuerza la oportunidad que ofrece la elaboración de la “política nacional de descentralización” que comprometió el Gobierno del Presidente Boric con la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile. Es una oportunidad, porque ofrece tres cuestiones fundamentales.
La primera, es la posibilidad histórica de construir por primera vez una política “de Estado” que se haga cargo de los errores originales de la reforma, pero que proponga medidas que trasciendan distintos gobiernos y que se proyecte en el mediano y largo plazo con propuestas integrales y secuenciales.
La segunda es promover iniciativas que se concentren más allá de la dimensión política del proceso y, también, apunten a la dimensión fiscal, administrativa, institucional, y al fortalecimiento de organizaciones sociales a escala regional.
Finalmente, la tercera oportunidad se refiere a la posibilidad de incorporar en la política de descentralización una dimensión asociada a la difusión del proceso de descentralización en la sociedad y programas de formación ciudadana, sobre todo respecto a la utilidad para regiones y comunas.
De no aprovechar esta oportunidad, la descentralización seguirá siendo un tema de elite, lejano de la ciudadanía y demostrando escasa utilidad para las personas en su vida cotidiana.
