Opinión
¿A qué le teme la derecha?, ¿a tener un Servicio de Impuestos Internos que pueda perseguir el cumplimiento tributario de manera más efectiva?, ¿a tener un Estado más eficiente en la prevención, investigación y persecución de delitos económicos?
Este pasado miércoles el senador Javier Macaya (UDI) fue entrevistado por La Tercera sobre la negativa de su sector de apoyar las normas sobre levantamiento del secreto bancario, y señaló lo siguiente: “[No corresponde que Evelyn Matthei reciba] el ataque del oficialismo por una supuesta oposición –que es falsa a las normas [sobre levantamiento] del secreto bancario. Eso no es real. No hay una oposición. Lo que nosotros estamos exigiendo es que ciertas normas que tienen que ver con información como las compras que uno hace en el supermercado, en las farmacias, en un hotel –que si se quiere tener acceso a eso– no sea por un funcionario político del Servicio de Impuestos Internos. Estamos pidiendo que ese funcionario tenga controles”.
Lo que señala el senador Macaya parece razonable, tan razonable que es exactamente lo que ha propuesto el Gobierno en su proyecto de ley sobre cumplimiento tributario que moderniza ciertos procedimientos propios del Servicio de Impuestos Internos (SII). Otra cosa totalmente distinta es el proyecto de ley sobre Inteligencia Económica que contiene algunas normas sobre el levantamiento del secreto bancario en investigaciones ligadas a delitos.
En ninguno de estos casos hay funcionarios de Gobierno que pueden revisar boletas de farmacias o de supermercados sin control alguno. Aquí quien falta a la verdad no es el Gobierno, sino que es el senador Macaya quien parece confundir –imposible saber si es intencionalmente o no– dos proyectos de ley distintos.
Vamos por partes. En Chile, el Ministerio Público puede levantar el secreto bancario en una investigación y previa autorización del juez de garantía. Aparte de ese régimen general, hay tres casos especialmente contemplados por ley en donde otro servicio público puede solicitar el alza del secreto bancario. Tanto la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) pueden acudir a la Corte de Apelaciones de Santiago para solicitar el alza de este secreto en el marco de la investigación de un delito. La Corte entonces decide en su mérito y sin audiencia de partes.
Por otro lado –y en el marco de una investigación tributaria y no criminal–, el SII puede solicitarle a un banco que entregue información protegida por secreto, siempre que este consiga el consentimiento de su cliente. Si no lo consigue, el SII puede solicitarle a un Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) que levante el secreto mediante un proceso judicial bilateral y con audiencias de partes. Eso es lo que existe hoy en Chile. En ambos casos el Gobierno ha presentado proyectos de ley para modernizar los procesos de levantamiento de secreto bancario, pero son materias completamente diferentes.
Primero, respecto del levantamiento del secreto en el marco de investigaciones criminales, la Corte de Apelaciones de Santiago no ha rechazado ninguna solicitud presentada por la UAF en diez años. Es por eso que el Gobierno ha propuesto eliminar este control –en la práctica inexistente– que solo sirve para suspender una investigación en su etapa más importante y que no supone un contrapeso real a la labor investigativa. Resulta importante destacar que el proyecto de inteligencia económica solo permite a la UAF saltarse este trámite bajo preceptos y condiciones muy específicas.
Respecto de las investigaciones del Servicio de Impuestos Internos, el Gobierno presentó un proyecto sobre cumplimiento tributario que agiliza el procedimiento judicial llevado ante los TTA, pero que en ningún caso elimina el control judicial sobre estos. Lo que hace el proyecto en esta materia es invertir la acción judicial, estableciendo un mecanismo de oposición en donde una parte puede negarse a entregar su información financiera acudiendo a los tribunales de justicia para resguardar sus derechos en la materia. Este mecanismo de oposición está en línea con los estándares OCDE y fue celebrado por el Centro de Estudios Públicos (CEP).
Todo esto es una forma muy larga de explicar que ciertos personeros de la derecha han buscado confundir a la opinión pública respecto de lo que significa y no significa el levantamiento del secreto bancario. Cuando dicen que hay funcionarios del SII “nombrados políticamente” que van a poder revisar “hasta las boletas de los supermercados”, olvidan dos cosas: primero, que toda actuación del Servicio de Impuestos Internos sigue estando sujeta a control judicial y, segundo, que solo pueden investigar materias relacionadas con temas tributarios.
También confunden a la opinión pública cuando dicen que el proyecto de Inteligencia Financiera le daría más facultades al SII, cuando solo lo haría respecto de la UAF en materias ligadas a delitos, eliminando un contrapeso que en la práctica no existe.
La pregunta es entonces, ¿a qué le teme la derecha?, ¿a tener un Servicio de Impuestos Internos que pueda perseguir el cumplimiento tributario de manera más efectiva?, ¿a tener un Estado más eficiente en la prevención, investigación y persecución de delitos económicos? O es acaso que están tan preocupados por lo primero que, incluso, pueden poner en peligro lo segundo, sin importar sus consecuencias en la seguridad de los chilenos.
