Opinión
La evidencia muestra que en el río Maipo particularmente, se ha observado un promedio de 35 cm/año de degradación del lecho del río, 15 m/año de estrechamiento de la planicie de inundación y un volumen de 39 millones de m3 de pérdida neta de material desde el lecho.
El Congreso Nacional tramitaba un proyecto para regular la extracción de áridos, una iniciativa necesaria dado el peligro que esta actividad- indiscriminada y extendida- reviste para las distintas cuencas del país y los ríos de los que depende no sólo el consumo humano de agua, sino que actividades productivas como la agricultura, fundamental para el desarrollo del país.
Sin embargo, esta iniciativa sufrió un duro traspié en la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados y Diputadas, debido a que sus integrantes decidieron quitar de la tabla el proyecto y suspender su tramitación; lo que da cuenta de un proceso complejo, que no ha contado con la exposición y análisis de todos los argumentos y evidencia existente respecto de los graves efectos que provoca la extracción de áridos.
Consideramos de suma relevancia que la normativa que se apruebe responda a las necesidades reales de los territorios en que se emplaza un proyecto extractivo y no sólo busque acelerar los procesos de otorgación de permisos. En este sentido, uno de los cambios fundamentales que debería incorporarse es que todos los proyectos que consideren extracción por medios mecánicos (no artesanales) cuenten con un Estudio de Impacto Ambiental, independientemente del volumen de extracción previsto.
El análisis del impacto de la actividad de extracción sobre el río requiere ser integral y evaluarse como un todo, para ser efectivo. Ya no es posible que cada iniciativa sea evaluada individualmente, sin considerar otras actividades de las mismas características que se realizan en un mismo cauce y que, como hemos visto, por ejemplo, en los estragos causados en los frentes climáticos, generan efectos negativos que, sin duda, podrían disminuir si la normativa se modernizara y elevara los estándares de exigencia.
La evidencia muestra que en el río Maipo particularmente, se ha observado un promedio de 35 cm/año de degradación del lecho del río, 15 m/año de estrechamiento de la planicie de inundación y un volumen de 39 millones de m3 de pérdida neta de material desde el lecho. Ya en 2015, un estudio encargado por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP concluyó que era necesario detener la actividad extractiva porque no se puede asegurar la estabilidad de las obras emplazadas en su cauce.
Basta con ver las bases del puente Los Morros- uno de los accesos a Santiago- profundamente dañadas, así como las torres de alta tensión ubicadas en Alto Jahuel o las bocatomas que captan el agua y permiten el riego de miles de hectáreas de cultivos; para darse cuenta de que el riesgo es altísimo. Esto, sin mencionar todo el efecto que la actividad tiene en los ecosistemas.
Durante el primer trámite del proyecto en el Senado, intentamos exponer todos estos argumentos en la comisión de Obras Públicas, pero lamentablemente no obtuvimos respuesta, como sí la tuvieron otros grupos de interés.
¿Por qué legisladores y legisladoras no mostraron interés en conocer la información, adecuadamente respaldada, que tenemos? La respuesta no la tenemos, pero sí la convicción de que en una democracia efectiva, la elaboración de las leyes debería al menos escuchar una diversidad de puntos de vista, sobre todo si quienes los exponen conocen de cerca el tema.
Esperamos que las diputadas y diputados retomen la tramitación de esta necesaria iniciativa, pero robusteciéndola, de lo contrario, no habremos avanzado correctamente en una regulación que resguarde a las comunidades, al ecosistema y a las otras actividades productivas que se realizan en torno al agua de los ríos de Chile.
