Opinión
i queremos generar una distribución justa, es fundamental que avancemos en la ejecución de megaproyectos que permitan una distribución equitativa y eficiente del recurso hídrico, beneficiando directamente a las regiones que sufren de escasez de agua en nuestro país.
La semana pasada, el Centro del Agua de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la U. San Sebastián, elaboró un informe sobre el nivel de embalses en Chile, incluyendo las últimas precipitaciones que afectaron al país entre el 19 y 23 de junio. En este, se consignó que, por primera vez en 7 años, el embalse El Yeso -que abastece de agua a Santiago- llegó al máximo de su capacidad. Asimismo, el informe detalla que los 28 embalses construidos en el país y distribuidos en nueve regiones, acumulan en su conjunto 6.283,06 hm3 de agua, mientras que a la misma fecha del año pasado había 5.604,6 hm3, es decir, un 12% más de agua almacenada que el 2023 y un 53% superior al 2022, situación que también fue destacada por la ministra de Obras Públicas.
Sin lugar a dudas esta es una muy buena noticia, sobre todo para aquellas regiones en que dichos embalses están destinados a la provisión de agua potable (12%) y riego (64%). Sin embargo, también deja la interrogante sobre por qué el Estado ha dejado de invertir en obras que sabemos funcionan y que, además, son multipropósito, puesto que, sumado a su rol de asegurar la disponibilidad de agua para consumo humano, permiten el control de inundaciones, entre otras cualidades. Si la cuenca del Mataquito contara con un embalse, podrían haberse evitado desastres como el de Licantén y sus cercanías, sucesos que no se han visto en las riveras reguladas de la cuenca del Maule -que sí tiene obras de acumulación- pese a la gran cantidad de agua caída en lo que va del año, producto del rol que estas obras cumplen en la contención de grandes caudales, mitigando sus efectos negativos aguas abajo.
En contraste a lo anterior, el informe menciona los embalses La Paloma, Cogotí y Peñuelas a un 3%, 6% y 10% de su capacidad, respectivamente, situando la Región de Coquimbo en un riesgoso presente y futuro de mayor sequía. Si consideramos que la primera versión de Informe sobre gasto público en recursos hídricos de 2021 señala inversiones por USD 865 Millones, es decir, el 0,28% del PIB, muy por debajo de lo invertido en vialidad (0,68%), educación (0,70%) o transporte público (0,42%), es posible observar un serio problema y desbalance en la ecuación. Esto es aún más grave entendiendo que el mayor riesgo de desertificación se encuentra entre la tercera y la séptima región, donde se produce el 60% del PIB del país.
Cabe mencionar también que la parálisis de Chile en la construcción de megaobras para garantizar la seguridad hídrica, descansa en el histórico deshielo de los glaciares, sin embargo, el cambio climático y el inminente camino a la desaparición de estos volúmenes de agua, requerirá tanto de nuevos embalses y otras soluciones en infraestructura, así como de aquellas basadas en la naturaleza y la gestión de recursos. De tal modo que, ni la existencia de glaciares ni las últimas lluvias garantizan, en absoluto, la desaparición de la sequía para los próximos 10 años.
La experiencia nos dice que las soluciones siempre llegan tarde y con un costo mayor que el requerido para invertir en infraestructura, tanto a nivel económico como político-social. De acuerdo a los datos y ejercicios realizado por Hidrogestión en un trabajo conjunto con la consultora Awua, el costo de invertir en un Plan Nacional de Recursos Hídricos representa un 1% del PIB, en tanto, el costo de no hacerlo podría significar el 2,25% PIB en los próximos 30 años.
Si queremos generar una distribución justa, es fundamental que avancemos en la ejecución de megaproyectos que permitan una distribución equitativa y eficiente del recurso hídrico, beneficiando directamente a las regiones que sufren de escasez de agua en nuestro país. Para esto, la ejecución de embalses junto a otras soluciones integradas, deben ser el cumplimiento de una propuesta de Estado para abordar la grave situación estructural hídrica del país y no más una eterna promesa de gobierno.
