Opinión
Acción Educar ha elaborado un conjunto de propuestas que buscan atender sus problemas más urgentes.
Según recientes cálculos de Acción Educar, la educación particular subvencionada detenta el 70,1% de las primeras preferencias de las familias en el Sistema de Admisión Escolar en 2023 y concentra más de la mitad de la matrícula escolar regular (un total de 1.961.574 estudiantes), equivalente a un 54% el año 2023. Y no solo eso, sino que además presenta puntajes consistentemente superiores a los estatales en las evaluaciones nacionales e internacionales que miden los aprendizajes de los alumnos. Así, también, sus estudiantes presentan mayores tasas de asistencia a clases y menores tasas de deserción entre 2021 y 2022, un 1,8% versus 3,0% en establecimientos estatales.
Si bien estos resultados dan cuenta del aporte de estos establecimientos al sistema educativo, hoy nos encontramos con que la legislación vigente y los proyectos de ley presentados por el Gobierno, limitan y desincentivan la creación de cupos de calidad. Esto es aún más preocupante cuando observamos que la educación particular subvencionada ha sido el apoyo principal para las familias frente a las deficiencias actuales de la educación pública.
La crisis educativa en Atacama y la falta de matrículas han llevado al Gobierno a tomar medidas reactivas que no abordan de manera integral los problemas del sistema educativo. Una perspectiva global requeriría decisiones diferentes a las actuales, que han buscado reforzar exclusivamente la educación pública a expensas de la educación particular subvencionada, aumentando las regulaciones e implementando medidas centralistas que muestran desconfianza en las comunidades educativas.
Lo anterior refleja una visión desconectada de la realidad, que nos muestra la preferencia de las familias por la educación particular subvencionada debido a su calidad, opciones diversas de proyectos educativos y mayor estabilidad en la trayectoria educativa de los estudiantes.
Con el objeto de eliminar las restricciones que no permiten a los colegios particulares subvencionados una participación adecuada dentro del sistema educativo, Acción Educar ha elaborado un conjunto de propuestas que buscan atender sus problemas más urgentes, para evitar que sigan envueltos en un sistema que traba su funcionamiento, de manera que puedan abocarse a su principal labor, impartir educación y lograr los aprendizajes esperados en sus alumnos.
En particular, se proponen modificaciones a los requisitos que actualmente exige la Ley de Subvenciones (incluidos por la Ley de Inclusión) para obtener el beneficio de la subvención estatal, con el objeto de flexibilizar restricciones que hoy no permiten ampliar la oferta educativa y establecer ciertos supuestos en los cuales se entendería acreditada la demanda insatisfecha en un determinado territorio (facilitando con ello la compleja demostración que se exige para la creación de nuevos establecimientos).
Esta última exigencia ha sido ampliamente cuestionada, a tal punto que su modificación fue comprometida, pero no priorizada, por el Gobierno en diciembre del año pasado, producto de la situación crítica desencadenada en Atacama. Esta norma impone una carga adicional para dar respuesta al problema actual, en el cual la oferta educativa no responde a los cambios en la demanda por matrícula, impidiendo con ello que las familias puedan optar por alternativas que aseguren una mayor calidad.
Así, también, se propone modificar las atribuciones de la Superintendencia de Educación con el objeto de disminuir la carga administrativa y el exceso de regulación que impone nuevos deberes sin que existan recursos que permitan su cumplimiento y den mayor certeza a las comunidades educativas respecto a qué se fiscaliza y qué fundamenta las decisiones adoptadas, con el objeto de que puedan dar respuestas adecuadas a lo observado.
Recientemente se creó una Comisión Especializada Investigadora en la Cámara de Diputados, la cual tiene por objeto fiscalizar las acciones y decisiones que el Gobierno ha adoptado para enfrentar las deficiencias en la implementación del Sistema de Educación Pública y el proceso de admisión escolar. Estas han afectado a un gran número de familias, es más, en junio aún quedaban 1.516 niños, niñas y adolescentes que no estaban matriculados en ningún establecimiento educacional, lo cual evidencia la magnitud del problema.
Esperamos que estas propuestas que pretenden fortalecer y proteger el sistema particular subvencionado, sean evaluadas y consideradas por parte de los distintos actores relevantes que actúan en la elaboración de las políticas públicas educativas, pues contribuyen a mejorar la educación, teniendo claro que tanto la educación pública como la particular subvencionada requieren cambios para poder progresar y ofrecer, en el marco de un sistema de provisión mixta, una educación de mayor calidad para los niños, niñas y adolescentes del país.
