Opinión
La política pública actual de educación superior debería estar centrada en solucionar los déficits de la gratuidad.
Desde el año 2016, el Estado de Chile financia los estudios de educación superior de las personas del 60% de menores ingresos del país que se encuentran matriculadas en las instituciones adscritas a la política de gratuidad. Sin embargo, esta política no consiste en el financiamiento del mismo arancel que cada institución cobra a los estudiantes no gratuitos. El fisco, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, define un precio regulado, en la mayoría de los casos menor al arancel de lista o real. Además de otras disposiciones de la Ley 21.091, esta diferencia crea un déficit de ingresos en las instituciones de educación superior.
En un estudio reciente, analizamos este y otros elementos de la política de financiamiento gratuito de la educación superior, que crean déficits en las finanzas institucionales y, finalmente, en su capacidad para impartir una enseñanza superior de calidad. Estos déficits han crecido sostenidamente y, de no ser atendidos próximamente, podrían causar un colapso financiero del sector en el mediano plazo. Lo anterior impone la necesidad de priorizar al ministerio, en el ámbito de la educación superior: solucionar los problemas de la gratuidad, en un contexto de matrícula y adscripción creciente a la política, es de máxima importancia.
Primero, el arancel regulado es, en promedio, un 23,1% menor al arancel real de las instituciones. La forma en que está hecha la transferencia actual de la gratuidad no alcanza a financiar la diferencia entre los precios regulados y reales. De ahí, ha surgido un déficit que acumula, a la fecha, 482.604 millones de pesos, y ha crecido, en monto, un 452,6% desde el año 2016. Un 42,1% de la pérdida, entre 2016 y 2023, ha sido soportada por las universidades privadas no pertenecientes al CRUCH.
Segundo, para los estudiantes no beneficiarios de la gratuidad de los deciles 7, 8 y 9 de menores ingresos del país, la ley limita el monto del cobro que las instituciones pueden realizar, hasta entre 1,4 y 1,6 veces el arancel regulado. Esto también genera un déficit, que, aunque de menor magnitud, sigue siendo pernicioso: 11.225 millones de pesos, desde el inicio de la vigencia de la Ley 21.091 (2019). Este déficit ha crecido un 75,8% desde el año 2019 y ha sido soportado, también, por las universidades privadas fuera del CRUCH, que han cargado con un 49,7% del costo.
Tercero, si un beneficiario excede la duración formal de su carrera –un caso bastante común–, el fisco deja de pagar su gratuidad. La institución de educación superior, por su parte, solo le puede cobrar hasta un 50% del arancel regulado por la subsecretaría. El restante 50% debe ser financiado por la casa de estudios. Luego de un año de exceso de duración, el máximo cobro permanece en el nivel del arancel regulado. Esto ha generado un déficit financiero que, entre los años 2019 y 2023, acumuló 195.793 millones de pesos. Ha crecido un 107,9% desde su inicio y su peso financiero ha sido soportado mayormente por los CFT privados (25,7%) y las universidades privadas del CRUCH (11,5%).
Los tres déficits financieros de la gratuidad que se explican aquí han sumado un total de 689.622 millones de pesos desde el inicio de la política, o cerca de US$ 780 millones. Su costo anual ha crecido un 113,9% desde 2019, a un ritmo promedio de 20,9% al año. Se trata de un problema monumental para la operación de las casas de estudio y no parece desacelerar su crecimiento. Se trata de una bola de nieve: muy perjudicial, que crece cada vez más rápido y para la cual no parece haber propuesta de solución.
Frente a esta situación, la política pública actual de educación superior debería estar centrada en solucionar los déficits de la gratuidad. Su existencia y crecimiento acelerado ponen en riesgo la viabilidad financiera del sistema y han sido ignorados en la agenda de la Subsecretaría de Educación Superior, exceptuando el trato preferencial a las universidades del Consejo de Rectores –que pueden acceder a los excedentes de sus Fondos Solidarios, originalmente aportados por el Estado, para paliar dichos déficits–.
Más que una condonación de la deuda CAE, que responde a intereses de grupos de presión electoral, las medidas hoy deben estar en la verdadera urgencia del sistema: el desangramiento institucional que ha producido la gratuidad en instituciones de educación superior de calidad. Ignorar dicha urgencia puede ser el principio del fin de una educación superior institucionalmente diversa y financieramente sana.
