Opinión
El grupo de profesores y profesoras que estará trabajando en los establecimientos educativos en las próximas décadas será parte de las capacidades estratégicas de nuestro país para alcanzar mayores niveles de desarrollo y bienestar.
Durante los últimos años, Chile ha enfrentado una caída sostenida de la matrícula en la carrera de pedagogía. Factores relativos a mayores exigencias de ingreso, condiciones laborales complejas, así como los desafíos que representó la pandemia para muchos profesores, parecen ser parte de las causas. Así, por ejemplo, entre 2015 y 2022 la matrícula en pedagogías se redujo en 30%, ante un déficit proyectado de más de 26 mil docentes a nivel nacional para 2025 (EligeEducar, 2021).
Con el objeto de elevar los estándares y fortalecer la formación de profesores, en 2016 se dicta la Ley 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Docente. En virtud de esta normativa, las carreras de pedagogía están sometidas a un régimen especial de aseguramiento de la calidad que incluye requisitos crecientes de puntaje en las pruebas de postulación, la aplicación de estándares de formación inicial para la mayoría de las disciplinas, la obligación de acreditar cada carrera y la aplicación de la Prueba Nacional Diagnóstica para los estudiantes de último año, entre otros.
Asimismo, se han ido sumando distintos elementos para mejorar las remuneraciones de acuerdo con el desempeño y la experiencia de educadores y profesores. De manera complementaria, el reciente Plan Nacional Docente busca fortalecer diversos ámbitos de la carrera docente, como la ampliación del sistema de inducción y mentoría, la instalación de un sistema único de evaluación y la implementación de los Planes Locales de Desarrollo Profesional. Se trata de un sistema robusto de políticas públicas que aún está en proceso de desarrollo.
Siguiendo con este marco normativo, próximamente correspondería aplicar nuevas restricciones de puntaje y tramos de resultados en la prueba PAES que restringirán aún más el acceso a las carreras de pedagogía. Estas medidas implicarían una nueva reducción de más del 40% de las personas matriculadas en estas carreras al 2026, de acuerdo con nuestras estimaciones. Este ajuste ya se postergó una vez y una posibilidad es que se postergue nuevamente.
Para tomar definiciones en esta línea es imperativo un debate técnico y bien informado. Un elemento clave a considerar es la cantidad de docentes que se requerirá para asegurar los aprendizajes de los estudiantes a nivel nacional. Diversos estudios dan cuenta de la existencia de un déficit de profesionales de la educación en distintas especialidades, niveles y regiones del país.
Si bien la tasa de natalidad se ha reducido, la tendencia negativa de la matrícula de las carreras de pedagogía en los últimos 15 años, los ciclos de jubilación, la tendencia internacional de abandono del trabajo en aula y los desplazamientos migratorios presentan escenarios que merecen ser analizados de manera más sistemática y transparente, con el fin de contar con una visión común sobre las proyecciones de docentes en el sistema.
Se trata de un ámbito de extrema importancia para el desarrollo sostenible del país, donde los futuros profesores y profesoras merecen el máximo respeto y en el que las universidades esperamos un horizonte claro para seguir fortaleciendo las facultades de educación. El grupo de profesores y profesoras que estará trabajando en los establecimientos educativos en las próximas décadas será parte de las capacidades estratégicas de nuestro país para alcanzar mayores niveles de desarrollo y bienestar.
