Estos desafíos son preocupantes si además se toman en consideración otros fenómenos políticos que tensionan aún más esta relación disfuncional y estas lógicas inhibidoras.
Luego de casi 10 años del último Informe sobre Desarrollo Humano en Chile, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha lanzado recientemente una nueva edición que nos invita a debatir sobre por qué nos cuesta cambiar en el país. En más de 300 páginas y a través de datos cuantitativos y cualitativos, el Informe muestra que la dificultad para cambiar en la sociedad chilena reside en un conjunto de factores que se relacionan entre sí: por un lado, relaciones disfuncionales entre la ciudadanía, las elites y los movimientos sociales; y por otro, lógicas inhibidoras en el debate público, las instituciones y las subjetividades individuales.
Aquí cabe destacar dos puntos particularmente preocupantes para la democracia en el país. En primer lugar, el informe evidencia que la relación desgastada y distante entre la ciudadanía y los liderazgos políticos, que el PNUD ya ha venido mostrando durante la última década en diversos estudios (Auditoría a la Democracia en 2014, Los Tiempos de la Politización en 2015, entre otros), se ha radicalizado en los últimos años frente a la creciente percepción ciudadana de que las elites no han dado y no pretenden dar respuesta a sus demandas de cambios. Las personas consideran que estos actores, tanto de gobierno como de oposición, son los villanos del cambio, que desconocen las necesidades de la población, que priorizan sus intereses electorales e ideologías políticas en desmedro del bienestar general, y que bloquean cualquier iniciativa de cambio que provenga del lado opuesto.
A esto se suman lógicas de interacción en el sistema político que también inhiben las capacidades de la sociedad chilena para conducir cambios sociales. El Informe muestra que, en relación con algunas demandas de cambio claves para la ciudadanía, ha primado en los últimos años una lógica obstruccionista en los distintos conglomerados políticos, evidenciado por ejemplo en los dos intentos de cambio constitucional y en los intentos de reformas al sistema de pensiones. A esto se suma, un debate público altamente polarizado, caracterizado por posiciones dicotómicas sobre las discusiones de política pública que actúan como trincheras. Trincheras que además no hacen sentido a la ciudadanía, la que mayoritariamente no se identifica con el eje izquierda-derecha (56%) y demanda cambios más pragmáticos y concretos, profundizando así la desconfianza en las instituciones.
Estos desafíos son preocupantes si además se toman en consideración otros fenómenos políticos que tensionan aún más esta relación disfuncional y estas lógicas inhibidoras. Uno de ellos es la mayor prevalencia de la contaminación informativa en el debate público, manifestada en desinformación sobre discusiones de política pública y procesos electorales. La investigación de PNUD muestra, por ejemplo, un cambio en la forma de informarse de la población en los últimos 15 años, con una tendencia a la digitalización y el consumo de noticias en redes sociales (42% de las y los encuestados), espacio en el que estudios muestran que ha proliferado la presencia de desinformación y en que se generan burbujas de eco. Esto afecta no solo a la calidad del debate generando mayor espacio para la polarización y discursos de odio, sino también a la posibilidad de que la ciudadanía pueda tomar decisiones que reflejen realmente sus preferencias e intereses.
Sin embargo, y pese lo sombrío de estos hallazgos para el funcionamiento de la democracia, el Informe sobre Desarrollo Humano nos muestra también la existencia de una ventana de oportunidad democrática fundamental para avanzar en superar estas dificultades que es clave relevar. Pese a sentir que el país no ha cambiado y culpar a las elites por ello, las personas siguen valorando altamente la democracia, sus procedimientos y mecanismos representativos y participativos como la forma en que se debe avanzar hacia los cambios deseados. La mayoría de la población considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno (58%) y en una escala del 1 al 10 (siendo 10 absolutamente importante), las personas califican la importancia de vivir en una sociedad democrática con un promedio de 7,3, destacando su relevancia en la vida social.
A esto se suma una mayoritaria valoración abstracta de los liderazgos políticos representativos para resolver distintos asuntos de la vida en común. Las personas prefieren que los liderazgos políticos democráticamente electos sean quienes tomen las decisiones en temas como seguridad, pensiones y desigualdad socioeconómica, por sobre expertos designados políticamente. A esto se suma la mayoritaria disposición a esperar por los cambios dentro de los marcos democráticos: un 73% prefiere que, al tomar decisiones, los liderazgos les consulten a todas las personas afectadas, aunque las decisiones y soluciones tarden más. Además, las personas están dispuestas a apoyar líderes que demuestran flexibilidad en vez de quienes se aferran rígidamente a sus ideologías. Más aún, el 60% estaría dispuesta a apoyar a líderes que logren acuerdos, incluso si estos no reflejan exactamente sus propias ideas y valores. Finalmente, las personas también manifiestan ampliamente la convicción de la importancia de ir a votar todas las veces que sea necesario, si esto fortalece la democracia (75%).
En efecto, el Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2024 describe una ciudadanía frustrada por los cambios recientes, pero con fuerte compromiso democrático sobre cómo estos se deben llevar a cabo. Esto representa una ventana de oportunidad que debe ser aprovechada pronto para que la frustración no la agote. Para ello, no basta solo con reconocerla, sino también que la democracia, muestre resultados concretos hacia los cambios que las personas desean a través de una gobernanza efectiva en que los liderazgos políticos de todos los sectores logren acuerdos y en un contexto en que se limiten los efectos de la polarización y las lógicas obstruccionistas. De acuerdo con la posición dominante de la ciudadanía, se debe avanzar hacia los cambios deseados con más y mejor democracia.