Opinión
Gobernar un país debe implicar la búsqueda del bien social para todos los ciudadanos. En ausencia de recursos para ello, la priorización de los que están en una situación de mayor desventaja es un imperativo.
El Gobierno ha prometido que antes de fines de septiembre ingresará, para su trámite en el Congreso, el proyecto de ley que reforma el financiamiento de la educación superior. El plan del Gobierno consiste, según lo que se ha dicho públicamente, en la condonación o “solución” de las deudas educativas para los actuales beneficiarios del Crédito con Garantía Estatal (CAE) y en la introducción de un mecanismo que reemplace el crédito. La Subsecretaría de Educación Superior tiene la intención de que el nuevo modelo “modernice” el financiamiento de la educación superior.
Se ha afirmado antes –y se afirma aquí nuevamente– que este proyecto del Ejecutivo no conversa con las prioridades y urgencias principales que tiene el país en materia educativa. No se trata solo de lo que se ha perdido por la pandemia, una crisis que ha sido pobremente atendida por el Gobierno, con un Plan de Reactivación Educativa mantenido en segunda prioridad, insuficiente y desfinanciado. También se observa en otros ámbitos dentro y fuera de la educación superior: los problemas de la gratuidad, el déficit docente, las disparidades e insuficiencias en el financiamiento de la educación escolar y parvularia, entre otras trabas al desarrollo educacional.
A fines de julio del año 2023, el ministro de Hacienda realizó una presentación en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. En ella detalló los salarios y cuotas de los deudores del crédito. Un dato ilustrativo: más de un tercio de los deudores (36%) ganaba más de $1 millón mensual y debía pagar cerca de 1,5 UF ($43.605), menos de un 5% de su ingreso, a diciembre de 2020. Esto, en condiciones en que la mitad de la población chilena ganaba menos de $635 mil pesos en el año 2020, de acuerdo con la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) del INE.
La presentación del ministro Marcel, la encuesta ESI, la encuesta Casen y toda la literatura al respecto muestran una realidad indiscutible: los egresados de la educación superior tienen ingresos mucho más altos que los que cuentan con menor escolaridad. En Chile, en específico, quienes poseen una licenciatura o equivalente tienen ingresos 2,7 veces superiores a los egresados de enseñanza media, de acuerdo con el último informe Education at a Glance 2023, de la OCDE. Dado que el 78,2% de los deudores del CAE egresó de su carrera y que la cuota promedio es de 1,4 UF, no es aventurado afirmar que la capacidad de pago existe.
Mientras el Gobierno pretende entregar cómodas soluciones a quienes no han cumplido con sus compromisos –subsidiados, por lo demás, tanto en cuota de pago como en tasa de interés por el fisco–, el estudiante promedio de una escuela en el sistema recibe $130 mil pesos al mes para su subvención.
Más de un tercio de los estudiantes del país (34,3%) tuvo inasistencia grave en 2023; y casi 200 mil perdieron la mitad del año. Un total de 50.814 estudiantes abandonó la escuela entre 2022 y 2023; y 44.485 en el período inmediatamente anterior. El número de denuncias por convivencia escolar ingresadas a la Superintendencia de Educación alcanzó un máximo de 12.369 en el año recién pasado. Todo esto, mientras los aprendizajes permanecen estancados, al menos desde hace una década y de acuerdo con todas las mediciones estandarizadas disponibles, como el Simce y la prueba Pisa.
Es indiscutible que la condonación y el nuevo sistema de financiamiento no son metas urgentes para la realidad país, ni socialmente rentables. La primera constituye una transferencia de riqueza a los individuos de mayores ingresos y, el segundo –según la información que ha sido difundida–, será una extensión de las reglas nocivas del financiamiento gratuito, a saber: la fijación de precios y vacantes. Si se trata de decisiones tan evidentemente dañinas, que costarán mucho al fisco y a la sociedad, ¿por qué el Gobierno insiste en su persecución?
Gobernar un país debe implicar la búsqueda del bien social para todos los ciudadanos. En ausencia de recursos para ello, la priorización de los que están en una situación de mayor desventaja es un imperativo. El camino que está siguiendo el Ministerio de Educación, a ese respecto, es erróneo.
