Opinión
Debemos avanzar firmemente en mayores controles, transparencia, probidad y sanciones, sin tapujos y, aunque suene repetitivo, caiga quien caiga.
El país y todos sus ciudadanos nos encontramos sorprendidos por la trama de posible corrupción y tráfico de influencias encabezada por el otrora prestigioso abogado del foro Luis Hermosilla, quien antes que explotara el caso audios era reconocido como un influyente abogado, defensor de ministros de Estado, políticos, empresarios y un sinfín de personajes “importantes” de los círculos del poder en Chile.
Quienes no estamos en estos círculos de poder, vemos con estupor cómo, a través de este abogado, al parecer se negociaban no solo perdonazos tributarios, también nombramientos de grandes autoridades, jueces, triangulaciones de dineros para pagar defensas jurídicas de ministros en ejercicio, entre otras cosas. A esto se añade la defensa del hermano del caído en desgracia, quien, con una dilatada trayectoria profesional, enrostra la posible politización del caso, y amenaza con la divulgación de todas esas conversaciones, para ver qué fiscal o ministro pedía favores a su hermano.
Esta tormenta perfecta, entre vítores por las decisiones judiciales, amenazas y prisiones preventivas, revive el tema de la corrupción como otro de los problemas importantes que preocupa a los chilenos.
La última encuesta de Pulso Ciudadano, arrojó que la corrupción es el tercer problema que aqueja a los chilenos después de la delincuencia y la inmigración, con un 22,8%. Si nos enfocamos en la corrupción, la clase política es percibida muy corrupta por el 78,9% de los encuestados, el Poder Judicial no lo hace mal con un 73,4%, las instituciones públicas con un 63,5%, un alarmante 87,8% considera que siempre ha existido corrupción, y un 60,7% equipara la gravedad de la corrupción con el crimen organizado.
La percepción de la corrupción por parte de la ciudadanía es demoledora, al parecer este cáncer se encuentra diseminado por toda la sociedad, sea esta pública o privada, desde el pequeño favor o el amiguismo, hasta todo lo ventilado en el caso Hermosilla.
En este estadio de las cosas, cabe reflexionar sobre qué estamos haciendo con los problemas que aquejan a las personas y, en este sentido, principalmente, en el combate contra la corrupción.
Con el escándalo del caso Convenios en el actual Gobierno, el Presidente Gabriel Boric encomendó la creación de una comisión de expertos para la probidad y transparencia en corporaciones y fundaciones, más conocida como Comisión Jaraquemada. Dicha comisión propuso un paquete de 15 medidas, tanto de gestión como legislativas, para abordar las brechas de transparencia y lucha contra corrupción en las corporaciones y fundaciones que presten funciones públicas.
A pesar de este avance en el diagnóstico y tratamiento, legislativamente hemos avanzado poco y nada; al parecer el tercer problema más grande para los chilenos no es prioridad para el mundo político.
Sin embargo, algunos seguimos en la lucha contra la corrupción, no solo proponiendo mayores sanciones a quienes delinquen, sino que también prohibiendo salidas alternativas y exigiendo cumplimientos efectivos de cárcel. Asimismo, buscamos consagrar constitucionalmente la lucha y erradicación de la corrupción, elevar mayores estándares en la función pública, adecuando el lobby a la realidad actual. Estos avances en la lucha contra la corrupción no solo permitirán cambiar la percepción de la ciudadanía, también podríamos administrar de mejor manera los recursos públicos, para satisfacer concretamente las necesidades de las personas.
A propósito de lo anterior y a dos años del primer fracaso de una nueva Constitución, cabe recordar lo que en ella se planteaba en materia de corrupción, que no era menor, a diferencia de nuestra actual Carta Magna, en que no hace referencia alguna a la corrupción.
La propuesta constitucional proponía un cambio sustancial, pues establecía que la corrupción es contraria al bien común y atenta contra el sistema democrático, establecía el deber del Estado y sus órganos de luchar y erradicar la corrupción en la administración del Estado, incluyendo deberes de coordinación, elevaba los estándares de probidad y rendición de cuentas de las autoridades, prohibiendo el ejercicio de un cargo público a quien haya sido condenado por delitos de esta índole y elevaba a nivel constitucional al Consejo de la Transparencia. Este cambio nos hubiese permitido tener una agenda robusta en esta materia, pero una mayoría decidió rechazarla, paradójicamente, impulsados por algunos de quienes hace poco rasgaron vestiduras por caso Convenios, pero hoy mantienen silencio por caso Hermosilla.
Debemos avanzar firmemente en mayores controles, transparencia, probidad y sanciones, sin tapujos y, aunque suene repetitivo, caiga quien caiga. La corrupción es un cáncer que cuando se extienda demasiado se hará imposible de extirpar y derivará indefendiblemente en instituciones fallidas, en las que el ciudadano no confiará y tomará justicia por mano propia, algo que en un Estado de derecho no podemos tolerar.
Porque, lamentablemente, la historia del poder en este país nos ha demostrado que los Hermosillas no se acabarán, ni los “interesados clientes”, que además en este caso tienen nombres conocidos a nivel transversal en el espectro político.
Por eso se hace esencial desde el combate penal hasta la prevención para enfrentar estas inclinaciones delictivas. Sin embargo, el cultivo y fortalecimiento de la formación valórica, ética y moral en todas sus dimensiones y en cada rincón serán la columna vertebral para un nuevo trato social. Solo espero que los casos recientes nos sigan sorprendiendo y no perdamos la capacidad de asombro frente a la corrupción, porque el día en que eso ocurra, ya será demasiado tarde.
