Opinión
Actualmente, algunos actores tienen un poder considerable por el solo hecho de estar en una posición de incidir en las designaciones, lo que crea una especie de mercado informal donde los favores y las influencias pesan tanto o más que las competencias de los candidatos.
En un país donde los procesos de nominación de autoridades han estado históricamente sujetos a la influencia de redes de poder y al oportunismo político, es hora de considerar un enfoque radicalmente diferente: elegir a ciertas autoridades al azar desde un grupo de personas que cumplan con los requisitos necesarios para el cargo.
¿En qué consiste un sistema como este?
Imaginemos un proceso en el que, en lugar de que jueces, fiscales o ministros de las Cortes de justicia sean seleccionados mediante las actuales redes de influencia, los candidatos que cumplan con los criterios establecidos sean seleccionados al azar para ocupar estos cargos. Esta propuesta puede sonar extrema, pero ofrece una solución eficaz para uno de los problemas más persistentes de nuestro sistema de nombramientos: la “renta” política.
Actualmente, algunos actores tienen un poder considerable por el solo hecho de estar en una posición de incidir en las designaciones, lo que crea una especie de mercado informal donde los favores y las influencias pesan tanto o más que las competencias de los candidatos. Por lo tanto, por diseño, el sistema genera incentivos a la búsqueda de rentas tanto personales como políticas a quienes controlan estos procesos, incentivando prácticas que pueden terminar en corrupción.
Es necesario separar dos etapas en el proceso de selección: (i) el criterio para definir la idoneidad de la persona para el cargo y (ii) el proceso de selección de la persona específica que ostentará el cargo. Al separar ambas etapas y dejar al azar la segunda, se elimina la posibilidad de que las decisiones se basen en consideraciones personales, políticas, etc. Con azar en la selección, no hay margen para negociar favores a cambio de cargos.
En la primera parte se puede ser todo lo inclusivo que sea pertinente, haciendo que, por ejemplo, todos los poderes del Estado participen de la definición de los criterios para que alguien se incorpore al sorteo de personas idóneas para el cargo. Pero, en la segunda parte, se debe elegir al azar a una persona desde aquel listado, eliminando la renta política que actualmente existe.
Este enfoque no solo promueve la equidad y la transparencia, sino que también fortalece la legitimidad de las autoridades designadas, a sabiendas de que no deben favores a nadie y han podido ser elegidos y elegidas previa constatación de sus méritos. De este modo, aumentará para estas instituciones la confianza pública que les ha sido tan esquiva. La propuesta, aunque radical, se basa en la necesidad urgente de corregir un sistema que, tal como está, perpetúa la desconfianza y erosiona su legitimidad ante la ciudadanía.
No es la primera vez que enfrentamos una crisis de confianza en nuestras instituciones judiciales. La reforma constitucional de 2005, que intentó ampliar la participación en el proceso de designación, no logró evitar los problemas actuales porque, simplemente, multiplicó los espacios donde gestionar la renta política de ser o estar cerca de quienes deciden las designaciones.
Los recientes escándalos, como el del caso Hermosilla, han puesto en evidencia que dicho cambio no solo fue insuficiente, sino además es errado cuando existen redes densas dentro de las élites del poder.
Implementar un sistema en el que la idoneidad sea el único criterio fijo, y la selección final se haga por sorteo, no solo eliminaría los intereses creados en el proceso, sino que igualmente podría servir como un modelo para otras áreas donde la influencia indebida también es un problema.
