Opinión
Un tema urgente en este ámbito es cómo se manejan los casos relacionados con la parentalidad de personas con discapacidad
El acceso a la justicia es un derecho fundamental, reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de las Naciones Unidas, establecida en 2006 y ratificada por Chile en 2008. La Convención obliga a los Estados a garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones con los demás. En este sentido, las instituciones judiciales y los operadores de justicia deben identificar las necesidades específicas de estas personas y ofrecer los ajustes razonables necesarios para que puedan participar plenamente en los procesos judiciales.
Históricamente, el acceso a la justicia para las personas con discapacidad en Chile ha sido limitado. En 2016, el comité de la CDPD expresó su preocupación por las restricciones al ejercicio de la capacidad jurídica y la falta de ajustes procesales en el ámbito judicial. Sin estas adaptaciones, el acceso efectivo a la justicia se vuelve inalcanzable, a pesar de iniciativas como el programa de acceso a la justicia del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS).
Las personas con discapacidad intelectual y psicosocial enfrentan barreras significativas—informativas, comunicacionales, actitudinales y normativas—que perpetúan su exclusión del sistema judicial, limitando su capacidad para hacer valer sus derechos. En este contexto, la sociedad civil juega un rol clave en la defensa de los derechos humanos, actuando como un motor de cambio para eliminar estas barreras sistémicas. Las organizaciones de derechos humanos y los activistas tienen un papel crucial en abogar por la igualdad de acceso a la justicia para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad.
Un tema urgente en este ámbito es cómo se manejan los casos relacionados con la parentalidad de personas con discapacidad. Las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial, en particular, enfrentan discriminación y obstáculos que dificultan su rol como madres. Estas barreras incluyen la falta de información accesible sobre el embarazo y la crianza, así como la carencia de apoyo y recursos para el cuidado de sus hijos. A menudo, se enfrentan a estigmas y prejuicios que ponen en duda su capacidad para criar a sus hijos, basándose únicamente en su condición de discapacidad.
Los procedimientos judiciales que determinan la idoneidad parental pueden estar sesgados si no se tienen en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Por ello, es fundamental implementar ajustes procesales que garanticen la equidad en estos juicios. Estos ajustes pueden incluir apoyo individualizado, como la participación de un facilitador judicial, para asegurar la efectiva participación de las personas con discapacidad en todas las etapas del proceso. Además, es crucial que los jueces y evaluadores forenses reciban capacitación especializada para realizar evaluaciones justas y libres de sesgos.
Asimismo, es necesario proporcionar información clara y accesible sobre el embarazo, la crianza, servicios médicos, cuidado infantil, gestión financiera y apoyo emocional. Estos sistemas de apoyo deben empoderar a las madres y padres con discapacidad, permitiéndoles participar plenamente en la toma de decisiones relacionadas con el cuidado de sus hijos. En lugar de separar a los niños de sus familias, el enfoque debe estar en apoyar a los padres con discapacidad para que puedan ejercer su rol de cuidadores.
En última instancia, desmantelar las barreras que impiden el acceso a la justicia de las personas con discapacidad requiere un compromiso colectivo. Construir un sistema que respete su dignidad y sus derechos no solo es una obligación legal, sino también una cuestión de justicia social. Solo enfrentando estos desafíos de manera directa se podrá asegurar la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo el sistema judicial.
