Opinión
Es fundamental que Chile comience a repensar su enfoque hacia la niñez vulnerable.
Chile es testigo de una creciente preocupación por el aumento de homicidios y actos delictuales que afectan directamente a los niños, niñas y adolescentes (NNA), sobre todo aquellos que viven en condiciones de vulnerabilidad extrema. Informes recientes han puesto de relieve estadísticas alarmantes: más del 50% de los menores asesinados entre 2018 y 2022 estaban bajo el cuidado de programas estatales. Sin embargo, es inquietante que, pese a estas revelaciones, la atención sigue centrada en los efectos inmediatos de esta tragedia, mientras que las causas estructurales que perpetúan este ciclo de violencia son sistemáticamente ignoradas.
Este enfoque limitado hacia las cifras de homicidios o delitos cometidos por y contra menores olvida el contexto social, económico y familiar que rodea a estos niños. Si bien es crucial contabilizar e individualizar las víctimas, también es necesario cuestionar por qué tantos niños en Chile llegan a estar en situaciones de riesgo mortal. Nos hemos acostumbrado a ver cifras impactantes sin preguntarnos qué fallas en las políticas públicas y en el tejido social están detrás de estas tragedias.
Uno de los aspectos más preocupantes es que los esfuerzos por enfrentar la violencia infantil tienden a centrarse en responder a los efectos visibles, como reforzar la seguridad o endurecer las penas para quienes cometen delitos violentos, sin atender de forma decidida las causas profundas que están en la raíz de este problema. Sabemos que la vulnerabilidad de los menores está estrechamente relacionada con la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos, la desintegración familiar, la exclusión escolar y las deficientes políticas de protección social. Sin embargo, seguimos fallando en implementar políticas preventivas que aborden estas causas estructurales desde sus orígenes.
En este sentido, los programas del Estado han quedado atrapados en una dinámica limitada, poco evaluada en su éxito y reactiva. En lugar de enfocarse en prevenir el ingreso de NNA a estos sistemas, las autoridades -locales, regionales y nacionales- intervienen solo cuando los menores ya están en abandono o integrados a una vida de violencia. Y cuando se producen muertes o actos delictuales, nos encontramos con un discurso oficial que se limita a explicar las cifras sin cuestionar por qué esos niños estaban en riesgo en primer lugar.
Es fundamental que Chile comience a repensar su enfoque hacia la niñez vulnerable. Los estudios internacionales y la evidencia basada en datos, como la promovida por el Poverty Action Lab, han demostrado que las políticas públicas más efectivas son aquellas que atacan los problemas desde su raíz. Esto significa invertir en intervenciones tempranas, como la educación de calidad, la protección de derechos sociales y económicos y el fortalecimiento de las redes comunitarias, para evitar que los niños caigan en redes de crimen organizado en sus entornos de alto riesgo.
El enfoque centrado únicamente en los efectos de la violencia infantil es insuficiente. Necesitamos un cambio de paradigma que reconozca la urgencia de enfrentar las causas estructurales de la violencia, tanto a nivel político como social. Los homicidios de menores no son incidentes aislados; son el síntoma de una crisis más profunda que tiene que ver con la exclusión social, la desigualdad y la falta de oportunidades
La violencia contra los niños vulnerables no es un hecho inevitable, sino el resultado de un sistema que sigue fallando en protegerlos desde sus primeras etapas de vida. Como sociedad, debemos exigir que el enfoque cambie hacia prevenir y mitigar las causas de esta violencia antes de que los niños lleguen a formar parte de estadísticas tan devastadoras. Solo así podremos aspirar a un país más seguro, inclusivo y justo para las generaciones futuras.
