Opinión
Chile es un país de contrastes. Por ejemplo, con respecto al cambio climático y el uso de agua, hoy se pueden reconocer dos realidades.
Por un lado, está la situación actual en la zona centro-sur (Región de Valparaíso a Los Ríos), donde las precipitaciones caídas en los últimos dos años han permitido dar un respiro a las condiciones de sequía existentes, las que se manifestaban desde incluso antes del año 2010.
Sin embargo, en el otro extremo está lo que ocurre hoy en la Región de Coquimbo, principalmente en las provincias de Limarí y Elqui, donde la situación es crítica, con niveles de los embalses bajo el 25% de su capacidad y potenciales consecuencias graves para la población y la agricultura.
En 2023, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia publicó el informe “Seguridad Hídrica en Chile”, en el que se describe la situación actual y futura de los recursos hídricos. En el texto se mostró que la oferta de agua ha venido disminuyendo con el tiempo, alcanzando en algunos años un 30% de lo que estaba proyectado bajo un escenario adverso de cambio climático.
Si bien esta situación aún no es permanente, se espera que sí lo sea a futuro. Por eso, debemos preocuparnos.
En el caso de la agricultura, por ejemplo, hoy ya existen zonas de la Región de Coquimbo en las que la oferta de agua no está siendo capaz de suplir la demanda. Entonces la pregunta es: ¿cómo se adapta la agricultura a esta realidad climática?
La respuesta no es fácil. Por ejemplo, en regiones donde la configuración de agricultura (superficie y tipo de especie) exige una mayor cantidad de agua que la oferta actual y proyectada a futuro, es necesario tomar medidas de mediano-largo plazo, antes de que se gatille la crisis.
En muchos casos esto pasa por reasignación de derechos de agua, los que actualmente –en la práctica– son derechos de propiedad y que se asignaron en una condición hídrica muy diferente y con herramientas de gestión que no permitían hacer una cuantificación precisa de la oferta y demanda de agua.
Por esto, hoy debemos esperar que sea el mercado el que permita que se genere una óptima adaptación, vía la compra y venta de derechos, pero con poca regulación por parte del Estado.
Si un dueño de un predio con derechos de agua no tiene suficiente oferta, terminará vendiendo sus derechos y migrando a otra actividad, en el caso de que pueda hacerlo. Pero ¿qué pasa con los pequeños agricultores? La realidad es que ellos serán el daño colateral de esta adaptación vía mercado.
La experiencia internacional demuestra que, en el caso de los bienes públicos, el mercado puede ser un asignador eficiente, pero debe estar fuertemente supervisado y regulado, y debe velar por los más vulnerables, ya que son los que terminan pagando los costos de un desarrollo no sustentable, cuando irónicamente son los que en menor cuantía contribuyeron al problema.
Chile, un país de contrastes.
