Si desglosamos el gasto público en créditos y becas, los datos del Mineduc muestran que más del 85% de estos recursos se destina a financiar a estudiantes en universidades, mientras que solo el 15% va dirigido a los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP).
A propósito de la discusión sobre el fin al CAE y la nueva propuesta del Ejecutivo –el Financiamiento Público para la Educación Superior (FES)–, vuelve a aparecer una necesidad olvidada en la opinión pública: la importancia de relevar la educación técnico-profesional como una opción más y no solo centrar el debate en las universidades.
Sabemos que existe un tema de expectativas. Según un informe que desarrollamos en el Centro de Innovación en Liderazgo Educativo (CILED), el 62% de los estudiantes de cuarto medio desea ingresar a la educación superior en una carrera universitaria, mientras que solo el 26% tiene como primera opción una carrera técnica. Esto puede explicarse por diversas razones, muchas de ellas culturales; sin embargo, es importante analizar cómo la política pública también influye en esta situación.
Hoy, cerca del 25% de la matrícula de la educación media en nuestro país corresponde a liceos técnico-profesionales. Así y todo, el CEP plantea en su informe “Sistema de Subvenciones en Educación” que, para alcanzar estándares comparables de calidad, los costos de este segmento educativo serían mayores que los del científico-humanista, debido a la necesidad de insumos, herramientas, inversión en equipos, entre otros. Dado que la subvención es la misma para ambas modalidades, queda claro que existe una brecha significativa.
Ahora, pasemos a los datos de la educación superior. Si desglosamos el gasto público en créditos y becas, los datos del Mineduc muestran que más del 85% de estos recursos se destina a financiar a estudiantes en universidades, mientras que solo el 15% va dirigido a los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP).
Es crucial revalorizar la educación técnica, resaltando sus beneficios. Estas carreras, al ser más cortas, permiten a los jóvenes ingresar al mercado laboral y obtener ingresos en menos tiempo. Además, Chile enfrenta una necesidad urgente de técnicos: según cifras del Sence, el país registra un déficit anual de 6 mil profesionales técnicos y más de 600 mil puestos vacantes en diversas industrias.
Por si fuera poco, un 40% de los trabajadores va a necesitar actualizarse al corto plazo, según el Foro Económico Mundial. En este contexto, las carreras técnicas, por ser más cortas y especializadas, representan una opción adecuada para satisfacer las cambiantes demandas económicas, tecnológicas y sociales.
Estamos frente a un eslabón pendiente en la educación chilena. Las discusiones que tendremos en los próximos meses sobre el fin al CAE, las nuevas formas de financiamiento y los cupos de las carreras deben ser una oportunidad para incluir en el debate la importancia de la educación técnica en todos sus niveles, repensando el rol institucional que la sostiene, las políticas públicas que la promuevan y el necesario valor cultural que requiere.