Opinión
El trabajo cotidiano por la inclusión de la población migrante que realizan docentes, directivos y asistentes de la educación, así como funcionarios y profesionales de la salud, va a contracorriente de un sentido común cada vez más hostil, excluyente y anclado en el miedo.
La semana pasada se aprobó en general el proyecto de ley misceláneo Boletín N° 16.072-06, que busca modificar la actual Ley de Migraciones. Además de establecer medidas más estrictas en función de la seguridad y de restringir la inmigración irregular, este boletín introduce cambios en el acceso a la educación, salud y vivienda sobre los que diversas organizaciones, incluida la Defensoría de la Niñez, han levantado la voz de alerta, advirtiendo sobre los nocivos efectos que podrían tener especialmente para niños, niñas y adolescentes.
Como investigadoras situadas en la Región de Arica y Parinacota, principal puerta de entrada al país de la migración sudamericana, consideramos que hay buenas razones para estar preocupadas.
El sistema escolar público de la región juega un rol fundamental en la incorporación de NNA migrantes, abordando con recursos limitados pero gran determinación los vacíos de aprendizaje que arrastran NNA producto de sus trayectorias migratorias, ayudando a paliar la precariedad económica de sus familias y conteniendo emocionalmente a NNA que han vivido situaciones traumáticas vinculadas a su tránsito migratorio.
En la nueva normativa, pese a que se refrenda el acceso a la educación a los extranjeros menores de edad en las mismas condiciones que los nacionales, se agrega que “tal derecho no podrá denegarse a causa de su condición migratoria, pero sí podrá priorizarse para asegurar el derecho de los nacionales”.
Esta exigencia introduce una lógica de competencia y tensiona la confianza en la institucionalidad de familias altamente vulnerables, contraviniendo los esfuerzos que realizan día a día las comunidades escolares. Los problemas de oferta de cupos que existen en algunas comunas son un tema de política educacional, que debe adecuarse a las fluctuaciones demográficas en lugar de limitar los derechos de aquellos NNA más vulnerables, ya que esto último constituiría una discriminación arbitraria.
Las escuelas se esfuerzan por mantener a los NNA migrantes escolarizados, pero esta adherencia representa un desafío debido al desconocimiento del sistema escolar chileno por parte de los apoderados, a un grado de desconfianza inicial hacia la institucionalidad, pero, principalmente, a la precariedad de las condiciones de vida de las familias que llegan a Chile por paso no habilitado.
Buena parte de las personas migrantes en situación de irregularidad se asientan en viviendas precarias o irregulares en sectores de alta peligrosidad, como es el caso del Cerro Chuño en Arica, lo que dificulta que personal de los servicios públicos puedan acceder a ellas de manera segura.
Aunque muchas familias aspiran a eventualmente mejorar sus condiciones de vivienda, la reforma propuesta establece que “los extranjeros en condición migratoria irregular no podrán, en caso alguno, subarrendar o celebrar contratos de arrendamiento de bienes raíces urbanos”, condenándolos a depender del mercado inmobiliario informal. Quienes sufrirán las consecuencias de esto son principalmente los NNA, quienes pasan largas jornadas solos en sus hogares, expuestos a múltiples vulneraciones mientras sus cuidadores trabajan.
Por otra parte, sabemos que las experiencias de tránsito irregular dejan en muchos casos secuelas físicas y psicológicas profundas en la salud de NNA y sus familias. A esto se suman los riesgos para la salud que implican vivir en condiciones de precariedad y de asentamiento informal, en sectores sin acceso a servicios básicos como agua potable o electricidad. Aunque el sistema de salud pública primaria en Chile se rige por el principio de universalidad, la población migrante en situación de irregularidad presenta dificultades estructurales para acceder a los servicios de salud.
La nueva normativa establece el acceso a la salud en igualdad de condiciones para nacionales y extranjeros, pero obliga a los establecimientos de salud a “requerir el enrolamiento” de personas migrantes en condición de irregularidad. Dicha obligación representa un desincentivo para que estos migrantes acudan a centros de salud, situación que afectaría también a NNA migrantes, quienes verían sus derechos básicos vulnerados.
El trabajo cotidiano por la inclusión de la población migrante que realizan docentes, directivos y asistentes de la educación, así como funcionarios y profesionales de la salud, va a contracorriente de un sentido común cada vez más hostil, excluyente y anclado en el miedo.
Aunque existen problemas relevantes que resolver en relación a la temática migratoria y resulta necesario perfeccionar la normativa en materias de seguridad, es crucial que esto no sea en desmedro de los esfuerzos por integrar a las familias que han llegado a Chile buscando un horizonte de posibilidad.
Limitar el acceso de los NNA migrantes a la educación, salud y vivienda, impactará sus vidas y procesos de integración en el país, lo que tendrá, a la vez, consecuencias negativas para la sociedad chilena en su conjunto.
